"Si se suman los principales programas y transferencias implementadas para contribuir a sostener ingresos de trabajadores y mejorar los sistemas públicos ante la pandemia, entre marzo y junio la erogación del Estado alcanza los 380 mil millones de pesos. Es decir que en poco más de tres meses se inyectó alrededor del 1,5 por ciento del PIB anual. Pese al notable esfuerzo fiscal que supone para el Estado, es un monto escaso para dinamizar la actividad”, indica un estudio del Centro Cifra, que depende de la CTA, dirigido a evaluar la respuesta presupuestaria del Estado nacional en el primer semestre, marcado a fuego por la pandemia.

El informe de Cifra-CTA recuerda que “durante el gobierno de Mauricio Macri, el déficit fiscal, incluyendo el pago de intereses de la deuda, se mantuvo casi inalterable en torno del 5 por ciento del PIB. Sin embargo, se registró un cambio de composición ya que a la par que se reducía el déficit primario subían los pagos por intereses de la deuda”. “Los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández mantuvieron una dinámica similar con un reducido déficit primario y elevado pago de intereses. No obstante, ante la caída de la demanda agregada por la pandemia, se asiste a un notable incremento del déficit primario”, advierte.

Según los datos publicados en materia de recaudación y gasto público del Estado nacional, “el déficit fiscal de los primeros cinco meses del año es equivalente al de todo 2019, del 4 por ciento del PIB, por la conjunción de suba del gasto y caída de los ingresos públicos. De mantenerse este escenario, en 2020 el déficit fiscal podría oscilar entre los 7 y 10 puntos del PIB”, detalla el Cifra.

A la hora de enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, el gobierno implementó una larga serie de medidas. A través del Ministerio del Interior, giró a las provincias alrededor de 91 mil millones de pesos, con una elevada concentración de recursos en la provincia de Buenos Aires.

Una de las medidas más relevantes fue el pago para el universo de trabajadores registrados de hasta el 50 por ciento del salario neto con un mínimo y máximo de entre uno y dos salarios mínimos vitales y móviles. Por este concepto, el Estado pagó durante los meses de mayo y junio 87.839 millones de pesos. A su vez, para los empleadores se habilitó la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento en el pago de contribuciones sociales, con el consecuente impacto en la recaudación real de este componente en torno del 15 por ciento en los meses de mayo y junio, indica el informe.

Los subsidios públicos para el otorgamiento de créditos de hasta 150 mil pesos con tasas de interés del 0 por ciento para monotributistas y autónomos implicó un gasto de 68.839 millones de pesos. Además, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consistió en el pago de 10 mil por mes por beneficiario, implicó la ejecución de 131.448 millones de pesos.

"En promedio, en el primer semestre las erogaciones públicas crecieron 9 por ciento en términos reales, con un aumento del 74 por ciento de la Administración Gubernamental, 35 por ciento de los Servicios Económicos y 23 por ciento Servicios Sociales. En el marco de la reestructuración de los compromisos externos, la partida de servicios de la deuda se redujo un 47 por ciento, por la caída de los pagos en moneda extranjera", indica Cifra.

El informe recuerda que "dada la crítica situación fiscal y la situación de default en la que el macrismo dejó la economía, la única posibilidad de financiar los estímulos es a través de la emisión monetaria".