Declaró la ex segunda de la Agencia o Señora 8

Espionaje ilegal: según las autoridades de la AFI macrista, tenían permiso para espiar a CFK

En el Juzgado de Lomas de Zamora, Silvia Majdalani argumentó que el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria se hizo con orden judicial porque había una amenaza terrorista. 
Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez  Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona.Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez  Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona.Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez  Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona.Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez  Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona.Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez  Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona.
Majdalani aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no le reconoce competencia al juez Juan Pablo Auge. También recusó a la fiscal Cecilia Incardona. 
Imagen: NA

La ex Señora 8 Silvia Majdalani dijo que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenía autorización del juez Federico Villena para las operaciones de espionaje porque había informes de servicios de inteligencia extranjeros que adelantaban que podía haber atentados en la Argentina, en particular de una organización ecoterrorista llamada Individualistas Tendiente a lo Salvaje (ITS), un nombre que causa risa pero que, según se evaluó, ya había protagonizado ataques en Chile. Majdalani señaló que la vigilancia al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria se hizo con el paraguas de la orden de Villena y que no era necesario avisarle ni a la ex mandataria ni a su custodia porque sólo era observación, no seguimiento. 

La ex funcionaria aceptó declarar pero se negó a contestar preguntas porque no les reconoce al magistrado y a la fiscal Cecilia Incardona ni competencia ni jurisdicción. Considera que si hubo espionaje ilegal de ninguna manera ocurrió ni en Lomas de Zamora ni en Ezeiza ni en territorio judicial en el que el juez y la fiscal tienen competencia. La cuestión está discutida, pero el origen de la investigación surge de una denuncia que hizo la propia AFI en Lomas de Zamora argumentando la existencia de planes de agresión terrorista durante 2018.

El abogado de Majdalani, Juan Pablo Vigliero, presentó la recusación de la fiscal Incardona. No cuestionó la labor de la funcionaria pero adujo que ella dio conformidad a las operaciones en dos momentos. En primer lugar, la AFI pidió la utilización del sistema Earth Watch, un software satelital que permite aproximaciones milimétricas, o sea observaciones muy directas, por ejemplo de un domicilio. El juez Villena le dio vista a Incardona y ella -según Vigliero- estuvo de acuerdo en la utilización del sistema. Después, cuando se reunió el G-20, la AFI consideró que había terminado  el peligro y Villena archivó la causa, algo que también -siempre según la defensa de Majdalani- la fiscal consintió. La lógica indica que Incardona argumentará que de ninguna manera supo que se estaba espiando al Instituto Patria y el domicilio de CFK, de manera que actuó con corrección. El juez Auge deberá resolver la recusación.

La explicación central de Majdalani es que en 2017 llegaron informes de servicios de inteligencia extranjeros diciendo que podían producirse hechos graves durante alguno de los tres encuentros internacionales de 2018: la reunión de la Organización Mundial de Comercio, las Olimpíadas de la Juventud y la cumbre del G-20. En concreto se mencionaban acciones de ecoterrorismo que ya se habían producido en la anterior reunión del G-20 en Hamburgo. A raíz de esas advertencias, se hizo una reunión en la que participaron autoridades de los ministerios de Seguridad e Interior, las fuerzas de seguridad e inteligencia y la AFI produjo un informe con el cual se presentó ante el juez Villena, porque tenía jurisdicción sobre el Aeropuerto de Ezeiza, por donde, supuestamente, iban a entrar los agresores.

El foco estaba puesto en el ITS, al que en Chile le adjudicaron varios atentados, contra un directivo empresario del cobre, en una parada de colectivos y nuevamente lo pusieron sobre el tapete con las movilizaciones de 2019. En ese momento, por ejemplo, se adujo que fue el ITS el que tiró dos bombas molotov contra la embajada argentina en Santiago de Chile. El grupo huele más a servicios de inteligencia que a realidad, pero sirvió de base para que la AFI, mucho antes, a fines de 2017, le pidiera a Villena la autorización para realizar operaciones de vigilancia.

El juez Auge, Incardona y el fiscal adjunto, Santiago Eyerhabide, cuestionan que ese cuadro de situación se haya usado para la operación de espionaje a CFK y el Patria. No parece haber explicación para que no se notificara a la ex presidenta y a su custodia y, además, los agentes que declararon dijeron que no debían estar atentos a paquetes explosivos sino a quién entraba y quién salía y si entraban o sacaban documentos o bolsos. Era un espionaje político orientado a conocer el armado político de CFK. No obstante, Majdalani se defendió diciendo que los agentes sólo observaban, no hacían seguimientos, y que por eso no era necesaria ninguna notificación.

La ex Señora 8 minimizó el rol del ex director de Operaciones Especiales Alan Ruíz, afirmando que estaba muy abajo en la escala de mando y que ella sólo trataba con la cúpula de la Agencia. Sin embargo, se permitió que Ruíz ostentara el título de director de Operaciones Especiales que ni siquiera existía en el organigrama. Majdalani además desconoció a los ex policías que revistaban en la banda Super Mario Bros, concretando operaciones de seguimiento a políticos: "eran cuentapropistas que se dedicaban a extorsionar y hacer negocios", sostuvo.

La ex funcionaria le dijo a Auge que se enteró del espionaje al Instituto Patria por televisión, cuando los colaboradores de CFK descubrieron el auto desde el cual se los vigilaba. Dijo que de inmediato pidió explicaciones y un informe, que concurrió a la Comisión Bicameral donde explicó que se hizo con orden judicial de Villena y también le dio la misma explicación al juez Marcelo Martínez de Giorgi, ante quien se había hecho la denuncia. Sostuvo que no hubo documentación falsa ni se les cambió la fecha a los informes ya que no era necesario: "Las cosas se hicieron por orden de Villena", reiteró. La versión contradice lo que sostuvo el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste quien contó que lo citaron en Jurídicos de la AFI, con Majdalani delante, y le hicieron firmar documentación falsa. En su indagatoria, la ex funcionaria golpeó duro a Coste: "la operación en el Patria se hizo con vehículos y personal que estaba bajo su responsabilidad". Coste afirma que ese operativo se puso en marcha en su ausencia, cuando todavía no estaba en funciones, y las órdenes provinieron de Ruíz y Majdalani.

El juez evaluará el procesamiento de la ex funcionaria. Un informe poco preciso de posibles ataques no parece justificar que se haya espiado a la ex presidenta, sin avisarle ni a ella ni a su custodia. Cuatro agentes de inteligencia que declararon en el expediente afirmaron que, si había una amenaza, debió abrirse una causa específica, con órdenes precisas y, por supuesto, la advertencia a la custodia y la propia amenazada, Cristina Kirchner.

Este martes será el turno de declarar de Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI, íntimo amigo de Mauricio Macri, y cuya defensa está a cargo del abogado del ex presidente, Alejandro Pérez Chada. Arribas también viene reclamando que el expediente pase a Comodoro Py, argumentando que es la jurisdicción que corresponde, pero también el edificio donde los funcionarios macristas suelen jugar de locales.   

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