El Senado provincial aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para declarar la emergencia del sector turístico, que había obtenido la media sanción el martes en Diputados, mediante el cual se otorgarán beneficios y eximiciones por 180 días a todos los rubros y emprendimientos vinculados.

El legislador por Cafayate, Rodrigo Saldaño, detalló los pormenores que están sufriendo todas las actividades relacionadas con ese sector por la caída del turismo debido a la pandemia.

Fundamentó que se estima que la situación se prolongaría, con distintas etapas, al menos un año y medio más, por lo que la ley prevé, entre otras eximiciones, dejar de cobrarles tasas fijas como el impuesto a las actividades económicas y el impuesto al sello para el período 2020, y el diferimiento de los mismos conceptos en un 50% para el ejercicio de 2021.

También están previstas las suspensiones de diferentes cánones y permisos, como el que se paga para la venta de bebidas alcohólicas. Además, ofrece el asesoramiento y apoyo estatal para la presentación y tramitación de tarifas diferenciales ante las empresas de servicios y facilitar avales desde el Estado para la obtención de créditos.

En tanto, el representante por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, detalló la dificultad para generar puestos de empleo desde el sector privado en toda la región del NOA. El sector turístico cuenta con unas 1.000 pymes y 1.200 locales gastronómicos y generaba, hasta el año pasado, más de 50.000 puestos de trabajo genuino.

A su vez, subrayó que “con más de 2 millones de visitas en 2019, dejó unos $7.700 millones en la provincia”, por lo que se manifestó a favor de la ley de emergencia “para seguir sosteniendo a un sector que genera tantos puestos de trabajo”.

Las actividades incluidas son: el servicio de transporte con afectación exclusiva para la actividad turística; hoteles y demás alojamientos turísticos; establecimientos gastronómicos; agencias de viajes y turismos; guías de turismo; turismo alternativo; turismo de reuniones; rent a car y toda otra actividad turística que se incluya a criterio de la autoridad de aplicación.

La contraprestación exigida a los beneficiarios de la ley es que no despidan empleados sin causa o por la crisis, en caso de que eso suceda, perderán todas las ayudas fiscales.

Juzgados contravencionales

También se aprobó en la sesión de ayer, el proyecto para crear cinco juzgados contravencionales en distintos puntos del territorio provincial. La ley da cumplimiento a lo ordenado por el Código Contravencional de Salta para sancionar infracciones menores, que están relacionadas con situaciones cotidianas del orden público.

La última modificación al Código se hizo en 2015 mediante la ley 7914, que señala que la tramitación del proceso estará a cargo del juez de Garantías, el Ministerio Público Fiscal actuará representado por las fiscalías penales, y la Policía de la Provincia actuará como auxiliar de la justicia.

Antes de esa modificación, era el jefe de la Policía el que se encargaba de actuar como juez e imponía las penas a las infracciones, hasta tanto se crearan los juzgados contravencionales, como lo establecia la ley 7154, sancionada en 2001 y modificada por la 7914.

La representante por el departamento de La Caldera y una de sus autoras, Silvina Abilés, argumentó que el proyecto se venía estudiando desde hacía ya tiempo, “el dictamen es fruto de mucho esfuerzo y reuniones con el procurador general, el secretario de seguridad y los referentes de la cámara de diputados para tener una ley fruto del acuerdo”.

“Tenemos desde el 2001 un Código Contravencional pero sin los jueces para que lo hagan cumplir”, dijo. Agregó que hoy las contravenciones están prácticamente paralizadas debido al cúmulo de tareas que tienen los juzgados de garantías. “Tenemos muchísimos animales secuestrados desde hace muchísimo tiempo, lo mismo pasa con los vehículos secuestrados, que quedan en canchones y nunca llegan a remate”.

La legisladora también explicó que uno de los principales problemas cotidianos tiene que ver con las fiestas clandestinas o reuniones numerosas que provocan los ruidos molestos “y tantas otras cosas en donde la policía sólo puede advertir, pero a los minutos vuelven a subir el volumen o hacer ruidos”. 

Abilés aseguró que con esta modalidad y con la decisión del juez, “se podrá proceder al secuestro del material en caso de las fiestas y al decomiso de las bebidas alcohólicas”.

Por último, recordó un comentario que le hizo el procurador General de la provincia, Abel Cornejo, en cuanto a que el 83% de las causas contravencionales prescriben porque no se llegan a tratar por la cantidad de causas que tienen los jueces de garantías.

El proyecto, que pasó en revisión a la Cámara de Diputados, establece que la competencia territorial de los juzgados, que formarán parte del Poder Judicial y Ministerio Publico, comprenderá el mismo territorio asignado a cada una de las Unidades Regionales de la Policía de la Provincia, por lo que serán dos en la ciudad de Salta, uno en San Ramón de la Nueva Orán, otro en Tartagal y el último, en Rosario de la Frontera.

La ley aclara que la Policía seguirá siendo solo auxiliar de justicia, y podrá recibir denuncias junto con los juzgados y las fiscalías pertinentes.

Quejas por el control en la minería

En una extensa sección de homenajes, todos coincidieron en solicitar a las autoridades provinciales que se exijan a las mineras que cumplan con todos los protocolos de aislamiento y se realicen obligatoriamente los tests de PCR a todos sus trabajadores.

“No significa estigmatizarlos, sí el cuidado para que las mineras cumplan con un determinado protocolo", indicó Silvina Abilés, y añadió que "de la persona de Vaqueros que dio positivo, nos enteramos porque la minera le pidió el hisopado para volver a trabajar, pero no se lo habían pedido cuando salió y se paseó nueve días por el pueblo”.

Mediante un proyecto de declaración del legislador Martín Arjona, se solicitó que el Poder Ejecutivo provincial arbitre la verificación del cumplimiento de los protocolos por la Covid-19 por parte de las empresas mineras instaladas en el departamento Los Andes.

Por este motivo, se programó una reunión con el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, mediante videoconferencia para la semana que viene.