Muchos hechos oscuros persisten en torno a la situación de Vicentin. Tales hechos no son extraordinarios en términos del comportamiento de los grandes grupos económicos en Argentina. Es habitual que actúen por sobre la regulación estatal y realicen operaciones, sobre todo aquellas vinculadas con subsidiarias en el exterior, de dudosa legalidad.

En el caso de Vicentin se ha producido un proceso de vaciamiento empresarial, que es lo que más se resalta de los reclamos de parte de sus acreedores Internacionales. Esas entidades financieras, siendo una de ellas el CFI del Banco Mundia, han planteado ante tribunales de Nueva York la situación irregular de la compañía. 

En la más reciente presentación ante la justicia neoyorquina expresan textualmente: ”¿Fueron inexactos los estados financieros presentados a los bancos el 29 de julio del 2019 a los efectos del cumplimiento del convenio?"; "¿los inventarios fueron muy exagerados o las cuentas por pagar muy subestimadas?; ¿se desvío indebidamente efectivo del negocio?“.

Esta denuncia todavía no tiene respuesta y la formularon tres importantes entidades financieras (suiza, francesa y la CFI). Además en esa presentación, los acreedores internacionales puntualizan que han desaparecido de las arcas de Vicentin en pocos meses un monto en dólares casi similar al del pasivo de la convocatoria (1450 millones de dólares). ¿Dónde han ido a parar esos fondos? Es lo que se preguntan esas entidades financieras y consigna Raúl Dellatorre muy acertadamente en la edición del 15 de este mes en una crónica publicada en Pagina/12.

La Inspección General de Personas Jurídicas del gobierno de Santa Fe comprobó que diez inmuebles importantes a nombre de Vicentin habían sido cedidos a favor de parientes o allegados, entre diciembre de 2019 y marzo del 2020. 

Se sabe que ésa es una práctica habitual entre los que se presentan a convocatoria de acreedores o en peligro de quiebra, pues hacen desaparecer recursos fundamentales para hacer frente a las acreencias, creando un vacío en la capacidad futura de repago de la empresa.

En una reciente reportaje de Telam, realizada el 4 de julio pasado, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, puntualizó que el banco es acreedor en la convocatoria de Vicentin por de 300 millones de dólares. El monto global de esos préstamos se entregó durante 2019,  superando la restricción que tiene el Banco Nación de limitar al 15 por ciento de su responsabilidad patrimonial para entregar créditos.

Una tercera parte de ese desembolso se concretó pocos días antes de la cesación de pagos. El 6 de julio pasado el fiscal de la causa denunció ante el juez el ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el ex vicepresidente Lucas Llach “…incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo”. Y agregó ”los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de donde cobrar la deuda”. El fiscal pidió la inhibición general de los bienes de González Fraga y Llach. 

De acuerdo a la ley de quiebras la empresa que se presenta a convocatoria de acreedores tiene que presentar el último balance. El ejercicio se cerró el 31 de octubre de 2019 pero todavía no aparece. Sin balance no hay idea real de cómo le fue a la empresa el último año y se desconoce los bienes que tiene para hacer frente a los acreedores.

El juez de la causa le impuso a los directivos de la empresa que incorporen al expediente los balances desde 2014 de 15 empresas asociadas a Vicentin, muchas de las cuales no figuraron en el pedido de convocatoria y algunas tiene su domicilio en un paraíso fiscal. Estas notorias irregularidades exhiben los manejos oscuros de la empresa.

Además de los bancos citados y el fisco, quiénes son los otros acreedores perjudicados: los productores agrarios (alrededor de 1900, que constituyen el 72 por ciento de los acreedores y el 26 por cieneto del total de la deuda de empresa) y los trabajadores que poseen salarios no liquidados a la fecha de la cesación de pagos.

Los productores agrarios suman 6000 y están reclamando por lo que ellos consideran ser víctimas de una estafa. Entregaron sus cosechas Vicentin para que la comercialice en el mercado. Ahora la empresa dice que no tiene cómo pagarles, aunque cobró por esas ventas. Idéntica situación afrontan los trabajadores.

La seguridad jurídica ha sido gravemente dañada. ¿Cuál es el futuro de los bancos, los agricultores y los trabajadores si los que llevaron a la ruina a la empresa y manejaron ilícitamente sus negocios no son dejados de lado? Nadie les va a prestar dinero para el movimiento económico de las plantas. Sólo el Estado, haciéndose cargo de de los establecimientos comerciales e industriales y de los puertos que tiene Vicentin sobre el río Paraná,  tiene la capacidad y los recursos necesarios para hacer funcionar a futuro las unidades productivas, a fin de generar ingresos monetarios para hacer frente al pasivo de 100.000 millones de pesos que citan en el pedido de convocatoria. 

Vale rescatar las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas: “cómo nos vamos a pronunciar en favor de la dirección de una empresa que está haciendo tanto daño a los productores. Es como si en el año 2001 hubiéramos salido a manifestar en favor de los bancos”. Para agregar: ”la situación de los productores agrarios es de extrema debilidad; solamente en la ciudad de Bell Ville se calcula que los productores tienen una acreencia de 230 millones de pesos, es mucha plata, y si no hay arreglo puede haber problemas a la hora de invertir para la próxima siembra”.

* Doctor en Economía (Universidad Nacional de Córdoba,1963). Doctor Honoris Causa (Universidad Nacional de Rosario, 2015).