Fue una especie de reencuentro aunque, en realidad, nunca se habían encontrado antes. Fue como hacer visible a quienes siempre estuvieron presentes, inclusive en políticas específicas para el sector. Habrá lecturas contradictorias, innegablemente, pero la sensación coincidente que transmitían varios dirigentes pymes este viernes tras la videoconferencia con el presidente de la Nación era de satisfacción y "alivio". Alberto Fernández les habló a ellos, los trató como aliados necesarios, les dio la oportunidad de que se expresaran, por primera vez mano a mano desde que está al mando del Ejecutivo. Algunos, inclusive, ya se animan a más. "La semana que viene le vamos a presentar al Presidente un plan proactivo, que indique lo que hay que hacer para lograr una rápida recuperación de la producción y el empleo, con salarios fuertes que garanticen un consumo interno robusto, porque en la medida de que dependamos de los proyectos de las corporaciones y de sus propuestas de tipo de cambio competitivo para exportar, vamos a tener salarios deprimidos y un mercado interno que va a ir a la cola del modelo de desarrollo". 

Hay un concepto que identifica a las cámaras y dirigentes empresarios que participaron del encuentro virtual con el presidente de la Nación desde Olivos y, a la vez, los diferencia de otras organizaciones patronales: la alianza entre la producción y el trabajo como pilar básico. Cuando Hugo Yasky, secretario general de la CTA, hizo suyo el concepto en su intervención, y además propuso "una multisectorial del movimiento obrero y las pymes" como base de esa alianza estratégica, varios dirigentes empresarios sintieron que allí estaba expresada una buena parte del mensaje que querían hacerle llegar a Alberto Fernández. 

La Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUPyme), la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), la Confederación General Empresaria (Cgera), que tuvieron activa participación en el encuentro, comparten ese criterio y trabajan para consolidar posiciones comunes con la CGT y la CTA. Vivieron el evento como una "respuesta necesaria" a la celebración del 9 de julio en Olivos de la que quedaron afuera. 

Aquella jornada, la del Día de la Independencia, les había dejado el gusto amargo de un gobierno apoyado en las corporaciones que han sido las grandes socias de los procesos de concentración económica y el desmantelamiento del Estado en este país. Los que más ganan cuando al país le va bien y ganan menos, pero ganan, cuando al país le va mal. La conducción política del poder económico, como la definió Alfredo Zaiat en su análisis del domingo 12 de julio en Página 12. 

"Cada vez más alejados del destino del mercado interno, operan en áreas monopólicas o con posiciones dominantes. Están subordinados a la valorización financiera de sus excedentes, los cuales, en gran parte, son dolarizados y fugados", los caracterizaba Zaiat en aquella nota. 

El numeroso sector pyme expresa una realidad muy diferente. Primero, porque son los que más sufrieron las consecuencias de la paralización económica por la pandemia. Además, son la franja empresaria que peor la pasó con la política económica de Cambiemos. Argentina vive una doble crisis económica, y en ambas tiene a las pymes como víctima central. Al igual que la clase trabajadora, a la que la une no sólo el sufrimiento, sino también la aspiración a un proyecto de modelo de desarrollo nacional que haga eje en la inclusión social y la ampliación del mercado interno, de la  mano del empleo y la mejora de los ingresos salariales. 

La sensación de distanciamiento político con el gobierno nacional entre el sector pyme y el gobierno tuvo más que ver con la falta de convocatoria al debate que por falta de políticas concretas. Muchas de ellas, como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuya vigencia se extiende a diciembre, los tuvo como principal destinatario. Igual que la ampliación de la moratoria impositiva que se envió al Congreso.

Con la primera moratoria de principios de este año, la deuda total exigible a las pymes era de 109 mil millones de pesos (con fecha de corte al 30 de noviembre de 2019). El mismo sector exhibía al 30 de junio último deudas fiscales exigibles por 176 mil millones de pesos. Un aumento del 61,5 por ciento, que no sólo tiene que ver con los impuestos y contribuciones que se dejaron de pagar durante la pandemia, sino también porque se dejó de cumplir con las cuotas de los planes de pago iniciados anteriormente y que, en  consecuencia, se cayeron.  

El sector pyme recibió favorablemente los anuncios de este viernes, que extienden la asistencia para el pago de los sueldos hasta diciembre. Pero esperan una próxima reunión con Alberto Fernández "para acercarle propuestas y medidas a corto plazo que nos ayuden a salir de la crisis lo más rápido posible", señaló Marcelo Fernández, de Cgera. 

"La Argentina que se viene nos necesita a todos, y las pequeñas y medianas empresas son los principales aliados", había dicho Alberto Fernández en su intervención. Pero este sector aliado está pidiendo ser parte del Consejo Económico y Social, a la par de entidades como la UIA, Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio o la Cámara de la Construcción. Quiere impulsar su propio proyecto de recuperación económica y confrontarlo con propuestas provenientes del sector del capital más concentrado.

"Tenemos diferencias con los proyectos que aspiran a exportar u$s 100 mil millones, con una producción de 150 millones de toneladas de granos, que buscan que le garanticen un tipo de cambio coimpetitivo y se vuelque el esfuerzo fiscal a la producción primaria eliminando retenciones y otros impuestos", señaló el dirigente textil Raúl Hutin al término de la videoconferencia, en referencia al documento presentado en la semana por Coninagro con apoyo de la UIA. 

"Nosotros partimos de fortalecer el mercado interno primero, no en proyectos de tipo de cambio competitivo, que es lo mismo que decir salarios bajos. Nosotros, al contrario, queremos que se mejore la capacidad de consumo, al tiempo que se mejore la capacidad de producción con la ayuda de créditos accesibles, tarifas de energía accesibles y un Estado fuerte que sea un árbitro capaz de impedir los abusos", agregó el dirigente de la Mesa de Unidad Pyme.

La teleconferencia de este viernes fortaleció la voluntad de la dirigencia pyme por discutir sobre el proyecto de desarrollo. Sus dirigentes no creen que la producción, el empleo y los salarios se recuperen ordenadamente por sí solos tras la pandemia, sin una participación activa del Estado. "Va a tener que ser un Estado de posguerra, más que de una pospandemia", advierten. 

Creen en una política de reactivación e inclusión orientada e impulsada por el Estado, volcando los recursos "que sean necesarios" para superar las consecuencias sociales de una crisis cuya dimensión y velocidad son inéditas. ¿Más emisión? Sí, que no se traducirá en inflación si hay una mano firme del Estado que castigue los abusos.

Estos y otros conceptos se sostendrán en documentos que conocerán la luz pública en los próximos días, esperando contraponerse con las propuestas de las cámaras de "la conducción política del poder económico". 

Tarifas de servicios públicos, negociaciones de la deuda "sin concesiones que inhiban la actividad económica", regulaciones bancarias para orientar el crédito, son otros temas del menú sobre los que reclaman abrir discusiones. Quieren, además, que participen cooperativas y mutuales, universidades, el sector científico- tecnológico y organizaciones y movimientos sociales , todos los que "conocen las realidades por la que atraviesan las mayorías populares y sus necesidades".