La jueza federal María Gabriela Marrón rechazó la recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez planteada por la querella particular y por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para que fuera apartado de la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de quien nada se sabe desde el 30 de abril, por haber demostrado "parcialidad". La familia del joven lo acusó de haber permitido el ingreso a la investigación de testigos "inducidos" aportados por la fuerza sospechada, la Policía Bonaerense. "Sin tener mucho conocimiento de leyes, he entendido que el principal desaparecedor de personas es el Estado, pero no solo por los policías que activamente participaron de la desaparición en el instante de su ilegitima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía interviniente, especialmente en la persona del Fiscal", había dicho la madre de Facundo en el texto de recusación . "Hasta ahora el fiscal ha cumplido con su deber", resumió la jueza hoy en la resolución a la que accedió Página/12. 

En respuesta al pedido de apartamiento de Ulpiano Martínez, la magistrada afirmó que "la investigación no presenta ninguna irregularidad, es correcta (...) luego de recibir su denuncia por la desaparición forzada de Facundo, inició una investigación preliminar y convocó a varios organismos estatales para colaborar con la búsqueda y averiguación de lo que lo sucedido, no vinculados con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es la fuerza de seguridad sospechada, son independientes de esa fuerza de seguridad; los policías y otros funcionarios que vinieron a Bahía Blanca y que colaboran con el fiscal son profesionales especializados en la búsqueda de personas desaparecidas". La jueza Marrón también rechazó un pedido del fiscal para que los abogados de Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, fueran multados y sancionados por el Colegio de Abogados. Aparicio anticipó que apelarán ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Al pedido de recusación había adherido la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) con la firma de Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, por compartir los eventos planteados por la familia de Facundo, a saber: "La falta de iniciativa acorde al caso por parte del fiscal procurando y asegurando la producción de elementos útiles a la averiguación del paradero de Facundo, la falta de celeridad pertinente y la imposibilidad de controlar algunos actos procesales relevantes asi lo ameritan". Para la CPM es verosímil "la existencia de distintos episodios que habilitan sospechar que no se ha respetado la confidencialidad en la presente causa, ello con virtualidad suficiente para poner en riesgo efectivamente las funciones del Ministerio Público Fiscal". Las abogadas del organismo Margarita Jarque y Victoria Ocampo Pilla resaltaron que la desaparición forzada de personas "por su carácter de delito de ejecución permanente y continuada exige el máximo celo respecto de la información a difundir, respecto del riesgo que podría implicar para la victima para el caso de encontrarse con vida". 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los familiares de las víctimas de desaparición forzada son a su vez víctimas de trato inhumano al sufrir las angustias del desconocimiento del paradero de su familiar. En este sentido, la familia acudió a una entrevista en Bahía Blanca y Martínez no los recibió porque estaba arriba de un helicóptero, lo cual fue considerado como un destrato. Además, los abogados de Cristina Castro relataron que tuvieron que insistir por días para acceder a determinadas partes del expediente.

La jueza Marrón dedicó un párrafo en primera persona a la madre de Facundo. "En el entendimiento que el derecho de acceso a la justicia mencionado más arriba, incluye el derecho a la información en un lenguaje claro y comprensible, para quien no es abogado, como Cristina, voy a explicarle la decisión que tomé y las razones por las cuales rechacé su pedido de apartamiento del fiscal de la causa, sin utilizar un vocabulario técnico-jurídico, ni excesivamente formal", escribió.