El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio requirió juicio para la oficial de la Policía de la Provincia Gimena Núñez, imputada como autora de los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado en el marco de la causa que investigaba el asesinato de Cintia Fernández

Este pedido surgió luego de que la madre de la víctima, Ana Fernández, se enterara de que la oficial estaba trabajando en la División Criminalística de la Comisaría 101 de La Banda, en el municipio de General Güemes, y lo repudiara de forma pública. El ahora ex juez Edgardo Francisco Albarracín de la Sala II del Tribunal de Impugnación, tras una apelación del abogado defensor Juan Casabella Dávalos le había levantado la prisión domiciliaria a Nuñez el año pasado y esta decisión no fue comunicada a la querella.

"Me enteré de que Nuñez está trabajando por un comentario de pasillo, ya que las víctimas nunca somos notificadas. La oficial estaba con prisión domiciliaria pero el juez Albarracín la dejó en libertad. Me dediqué a investigar un fin de semana y encontré que esta mujer está trabajando como comisario de la División de Criminalística de la Policía de la provincia de Salta. La mandaron a un lugar, escondida, en la Comisaría 101 de La Banda en General Güemes", dijo Ana Fernández a Salta/12.

Este miércoles el Ministerio Público Fiscal informó sobre la elevación a juicio de la causa contra Nuñez. El año pasado, en debate oral al acusado por el femicidio de Cintia Ferández, la oficial fue citada como testigo ya que el día del hecho se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios. Para Ramos Ossorio, en función de la declaración de Núñez bajo juramento de ley, quedó demostrado que direccionó la investigación del homicidio de Fernández. El fiscal planteó que hubo  omisiones en el informe de la oficial, que incumplió con diligencias investigativas básicas, hizo anotaciones tendientes a vincular a otra persona en el hecho, a desprestigiar a la víctima y a su madre y todo esto se encaminaba a desdibujar la responsabilidad del ex policía que ya fue condenado por el crimen, Mario Condorí.

Ramos Ossorio citó diversos testimonios vertidos durante la audiencia, de la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, en los que encontró evidencias de que Núñez "afectó la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiéndose con su accionar comisivo y omisivo a facilitar la impunidad de  Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa".

El fiscal evaluó que Núñez intentó involucrar a Raúl Puca y hacer recaer sobre él la sospecha inicial que se erigía contra Condorí. Este hombre "fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima, encontrándose dicho secuestro bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez", sostuvo Ramos Ossorio.

"Llegué a juicio a los 9 años del asesinato de mi hija porque di batalla y controlé cómo se llevaba la causa. Hay que controlar a los que tienen que administrar justicia. Ante esta nueva situación mi repudio fue tremendo. El fiscal Ramos Ossorio dijo que no estaba enterado de que Núñez estaba trabajando. Mi abogado, Pablo Del Pino, tampoco", manifestó Fernández.

Ahora que se pidió la elevación a juicio, Fernández, solicitó que se revoque la libertad a la oficial, "que vuelva a domiciliaria y le pongan tobillera electrónica".

Fernández aseguró que no hay control sobre las prisiones domiciliarias en la provincia y por eso pidió la tobillera para Núñez. Según indicó, la oficial habría vuelto a trabajar en la fuerza el 30 de julio de 2019.

En su fallo el ahora ex juez Albarracín (jubilado) había dispuesto la libertad provisoria con medidas sustitutivas que contemplaban la obligación de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante la oficina de la Fiscalía Penal y que permaneciera a disposición del Tribunal interviniente con el compromiso de concurrir a todas las citaciones que se le formulen en la causa. Asimismo, le prohibió ausentarse de la localidad de residencia sin informar y sin autorización del Juez de Garantías o Tribunal de Juicio interviniente.

Albarracín había dispuesto también la prohibición para Núñez de que en caso de ser reintegrada a la fuerza policial, ejerciera funciones en la División Seguridad Personal de la Brigada de Investigaciones Nº 1 y Departamento de Criminalística de Capital hasta que concluya el proceso penal u otro juez o tribunal disponga el cese de éstas medidas. Alabarracín había dispuesto oficiar al entonces jefe de Policía de Salta, Angel Mauricio Silvestre, para hacerle conocer la medida de prohibición.

Fernández sostuvo que si hubiera responsabilidades de la Policía, serían de Silvestre y del ex ministro de Seguridad, Carlos Oliver. Sobre la actual gestión dijo que el ministro Juan Manuel Pulleiro "pidió las actuaciones" de la oficial y le hizo llegar "quien había dado el permiso". "Acá hubo un juez que autorizó, por encima de la fuerza", sostuvo la madre de la víctima. 

En la causa por el crimen de Cintia Fernández también se encuentran imputados por falso testimonio el ex policía Calixto Mamaní, compañero de Condorí en la División Trata de Personas y en la Brigada de Investigaciones, y el administrador del complejo habitacional Parque La Vega, donde vivía la víctima, José Antonio Ormeño

"Ahora vamos por Núñez, fue la cabeza, la encargada de la investigación, la primera que llegó a la escena del crimen y plantó pruebas. También he denunciado al juez de Garantías Antonio Pastrana ante la Corte de Justicia de Salta, esa presentación no prospera, ahora por el Covid-19. El juez quería llevar la causa a un suicidio", afirmó Fernández. "Voy a ir por cada uno de los que atentaron contra la memoria de mi hija. Es un avance la elevación a juicio a Núñez y espero llegar a la máxima condena", añadió. Dijo que pedirá también que la justicia avance sobre Ormeño.