La casa de un fiscal de Rosario fue allanada este viernes en el marco de una causa en la que se investiga si el funcionario brindaba información reservada a una banda vinculada a "Los Monos", dedicada a extorsiones y juego clandestino, mientas el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirmó que no tiene “absolutamente nada que ocultar”.

“Que a mí me estén involucrando con causas que tienen que ver, nada más ni nada menos que con ‘Los Monos’, es una barbaridad”, sostuvo Gustavo Ponce Asahad desde el ingreso a su domicilio, en el centro de Rosario, luego del allanamiento.

Sebastián Carranza, vocero del MPA, dijo que en el allanamiento, encabezado por la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, y la fiscal Gisela Paolicelli, "se buscaron elementos de interés y teléfonos celulares”.

El propio Ponce Asahad, fiscal de flagrancia que está a cargo de la Unidad Especial de Covid-19, contó tras el procedimiento que entregó su teléfono móvil, su computadora y otros elementos informáticos.

Los investigadores buscan determinar quién filtró desde el MPA información sensible a un hombre con antecedentes por juego clandestino que estuvo prófugo en la causa, Leonardo Andrés Peiti, imputado por asociación ilícita y tentativa de extorsión tras presentarse en Tribunales.

La investigación se inició con la detención, en diciembre pasado, de Maximiliano “Cachete” Díaz, imputado como organizador del ataque a tiros al casino de Rosario ocurrido ese mes, en el que fue asesinado un apostador que había salido a fumar en un balcón del edificio.

Según la pesquisa, Díaz realizaría extorsiones para el jefe de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien cumple en prisión seis condenas.

A partir del teléfono de Díaz y de otros indicios, los investigadores descubrieron unas 30 salas de juego clandestino y detuvieron a cinco personas, entre ellas un ex jefe policial, Alejandro Torrisi, sorprendido con un sobre con 150 mil pesos en el ingreso a un garito ilegal.

De acuerdo a la investigación, la banda liderada por Díaz también realizaba extorsiones a comerciantes legales e ilegales, a quienes les cobraba mensualmente para que sus locales no fueran atacados a tiros.

Uno de ellos, titular de una financiera, lo denunció y se fue del país, dijeron a Télam voceros del caso.

Del teléfono de principal imputado los pesquisas extrajeron una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp del 10 de enero de este año, en la que Peiti le pedía información al comisario retirado Torrisi y a un miembro del MPA sobre dos personas detenidas, por las que quería interceder “Cachete” Díaz.

Peiti le envió a Díaz la respuesta del miembro del MPA –que explicaba que no tenía la causa pero le brindaba precisiones del caso- a través de una captura de pantalla en la que está borrado el nombre del remitente.

Por esa investigación fue allanado hoy el domicilio del fiscal Ponce Asahad en busca de sus elementos informáticos.

Ayer había sido allanada la vivienda de un colaborador suyo en la Fiscalía con el mismo propósito.

Ponce se defendió al asegurar que “el día del hecho no entré al sistema (del MPA), y no emití ningún mensaje, absolutamente ninguno”.

“Sé que yo no filtré la información, porque el día del hecho no estuve conectado al sistema. No puedo decir nada de mi ayudante, será él quien tenga que responder”, dijo, para agregar que “siendo funcionario no puedo estar expuesto a semejante barbaridad, no sé si hay una operación o no la hay”.




Un imputado arrepentido en la causa por juego ilegal y extorsiones de Rosario por la que fue allanada hoy la vivienda del fiscal Gustavo Ponce Asahad reveló que le entregaba “entre cuatro y cinco mil dólares” mensuales al funcionario judicial desde hace un año, denuncia que fue corroborada por “evidencia objetiva”, informaron voceros de la investigación.

Según el empresario del juego Leonardo Andrés Peiti, acusado arrepentido en la causa, hace 10 días el fiscal le solicitó llevar a 10.000 dólares el aporte mensual, tras brindarle datos sobre una investigación que realizaba contra él el Organismo de Investigaciones (OI) de Santa Fe.

Esos elementos los reveló hoy durante una rueda de prensa el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, quien dijo que también estaría involucrado en el caso de presuntas coimas el Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal.

Serjal enfrenta además un proceso sancionatorio en la comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial por la compra de dos automóviles marca Toyota en una concesionaria a cuyo dueño había beneficiado con la clausura de una causa por delitos económicos.

Según el Fiscal General Baclini, los dichos del arrepentido “son corroborados por el abogado del señor Peiti, que también prestó declaración y manifestó que tuvo una reunión con el fiscal”.

Agregó que también fueron confirmados “por un testigo que dice que es quien acompañaba al señor Peiti a hacer las entregas”.

Leonardo Peiti es un empresario que posee salas de juego legales en las provincias de Formosa, Misiones y en Paraguay, pero también participa del negocio ilícito del juego clandestino, explicaron fuentes judiciales.

Esta tarde fue imputado por extorsiones y juego ilícito como parte de una banda cuyo jefe, Maximiliano "Cachete" Díaz, es un lugarteniente del jefe de la narcobanda "Los Monos".

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizado que investigan el caso chequearon, además, que los dichos del arrepentido coinciden con las imágenes de cámaras de seguridad de trayectos que realizó Ponce Asahad hasta los lugares donde se encontraba con Peiti.

“Uno fue la semana pasada con el abogado, quien rechazó los pedidos que se le hacían. Y otro con Peiti el 9 de julio, y las cámaras hacen el rastreo del encuentro”, sostuvo Baclini.

Además, existen cruces telefónicos corroborados en la causa y mensajes del fiscal alertando al investigado sobre el avance de la pesquisa.

Los investigadores pretenden confirmar también un presunto encuentro que se realizó “en un hotel de Buenos Aires” entre los dos fiscales y el imputado por juego clandestino y extorsiones.

“También hay mensajes de Whatsapp que habría enviado el empleado de la fiscalía que trabaja para el doctor Ponce, y cruce de llamados que explican las conexiones”, abundó Baclini.