Con argumentos contrarios a los que promulga el Ministerio de Turismo de Salta, que invita a visitar la provincia por considerar el ingreso de divisas que deja la actividad como uno de los principales motores de la economía local, y en un contexto de crisis del sector, consecuencia de las restricciones para la circulación de personas que produjo la pandemia, el Concejo Deliberante de Cafayate dispuso cobrar una tasa a quienes quieran ingresar a la localidad.

El jueves pasado, el cuerpo deliberativo de aquella ciudad aprobó un proyecto del concejal Facundo Guzmán que emula otros ya vigentes en diferentes ciudades del mundo como Barcelona, Florencia, Roma, e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (solo para extranjeros), donde cobran a los visitantes una “tasa” destinada a solventar la erogaciones que debe hacer el sector público para el mantenimiento de lugares turísticos.

De esta manera, en Cafayate, de promulgarse la ordenanza, se invierte la lógica con la que se trabaja el turismo en la provincia, que considera a los visitantes como un factor de desarrollo que ingresa dinero en la economía local, para a partir de ahora observarlo como una carga que conlleva un gasto para el Estado.

Actualmente el sector está atravesando un mal momento debido a la imposibilidad de recibir personas de otras latitudes teniendo que resignarse a intentar captar sólo al turismo interno que representa menos del 12% de las visitas anuales, con el agravante de que los salteños también están atravesando una crisis económica que no les permite darse grandes lujos en cada salida.

Por todo esto, desde el Ejecutivo provincial no escondieron su enojo ante la noticia, aunque prefirieron no hablar hasta que se expida el intendente Fernando Almeda, quien tiene la potestad para vetar el proyecto.

Quien sí habló fue el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, que rechazó la medida adoptada por los ediles cafayateños y la consideró “una torpeza en este momento de crisis”.

El titular de la Cámara se mostró confiado en que la ordenanza no será promulgada por el intendente “ya que él estaba ausente y no sabía tampoco de la iniciativa”, y pidió “cordura y lógica acorde a las circunstancias y necesidades que tiene toda la provincia ante estas circunstancias”.

“Necesitamos previsibilidad, y esta es una imprudencia en todas sus formas” enfatizó, y resaltó: “no sé a quién se lo van a cobrar, porque va a ahuyentar a aquel que algún fin de semana aspirara a ir”.

La ordenanza indica que la finalidad es preservar el medio ambiente y evitar el avance del río Chuscha sobre el municipio, así como evitar una mayor presión fiscal sobre los residentes locales y, ante la pandemia, contemplando el gasto para el cuidado de la salud de residentes y visitantes.

Por lo que establece una tasa fija por cada turista que visite el municipio en vehículos de transporte de pasajeros “y en general mediante cualquier otra forma en uso de servicios de empresas turísticas organizadas que no tengan domicilio en Cafayate”.

La tasa estipulada será de 12 Unidades Tributarias (UT) por persona y por vehículo. Lo que equivale a unos $50 ($4,06 por unidad). Luego, la norma indica que, “En caso de ser vehículo de más de 10 pasajeros, la tasa por vehículo será de 24 UT y vehículos de más de 20 pasajeros estará fijada en 48 UT”.

Por último, ordena que el cobro deberá realizarse al ingresar al territorio cafayateño, en el control ubicado en La Punilla, es decir en el acceso a la ciudad. “Esa es una de las incongruencias que tiene la ordenanza, porque es como que nos hubiésemos hecho dueños de la ruta, por el paso de La Punilla también ingresa gente de Animaná o San Carlos”, indicó el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cayata.

El edil explicó que la ordenanza “está hace cuatro meses en comisión, y la verdad me sorprendió un poco cuando en la sesión apareció en el orden del día presentada por la comisión de Turismo, cuando habíamos consensuado que no era el momento por la situación que estamos viviendo y más en el sector turístico de Cafayate”.

A su vez, aclaró que él, como presidente del cuerpo, no pudo votar ya que el proyecto obtuvo 4 votos a favor de los 6 posibles. Pero está seguro que la ordenanza tendrá poca vida y será vetada u observada por Almeda, “sobre todo porque no se consultó al sector privado, a las cámaras de Turismo y la de Hoteleros y Gastronómicos”.

Añadió que en su opinión, se debería pensar en implementar esta propuesta en un momento de “normalidad” y de otra manera, “no como un peaje en el control de acceso, sino como un impuesto agregado, por ejemplo, en la facturación del hotel o la contratación turística”.

Desde la Municipalidad informaron que recién ayer se elevó al Ejecutivo la resolución, por lo que, con vistas a tomar una decisión, el intendente Almeda mantendrá reuniones hoy con su secretaria de Turismo, Fernanda Pérez, y mañana con los representantes de las cámaras del sector, quienes ya habrían manifestado su descontento.