El fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad fue acusado ayer por cuatro fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada por haber cobrado coimas a un capitalista de juego clandestino con el objetivo de evitarle consecuencias legales en distintas pesquisas, y le pidieron su prisión efectiva entendiendo que la condena podría ser de un mínimo de 4 años de cárcel. Por eso le solicitaron a la jueza Eleonora Verón que le dictara prisión preventiva sin plazo. Algo que ocurrió al final de la audiencia: la magistrada ordenó su detención efectiva por 90 días. El fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo de la acusación a su par, dijo que en caso de encontrarse culpable podría recibir una pena de entre 4 y 12 años de prisión. En tanto, para su colaborador Nelson Ugolini no hubo pedido de medida cautelar y sí de una fianza de 4.982 dólares, dinero que le secuestraron en el allanamiento en su casa. La situación del renunciante fiscal general Patricio Sarjal podría derivar en su imputación y eventual detención.
Ponce Asahad se declaró inocente durante la audiencia y expresó: "Tuve una desestabilización el sábado, con una internación transitoria en un centro para estabilizarme. Humanamente estoy devastado”.
Concretamente se le atribuyó a Gustavo Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto del MPA y a Nelson Ugolini en su carácter de empleado del MPA la comisión de delitos contra la administración pública, ya que con la participación del Fiscal Regional Patricio Serjal, diseñaron y ejecutaron un plan delictivo cuyo objeto fue recibir dinero a Leonardo Peiti y a cambio de cual se comprometían a transmitir información reservada, asi como no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti".
La acusación leída por tramos por los cuatro fiscales presentes, fue clara y contundente para los presentes. Fueron Luis Schiappa Pietra, Matías Edery, Gisella Paolicelli y Maríaa Eugenia Iribarren los encargados de acusar puntualmnte a Ponce Asahad por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados en carácter de coautor". Todos los hechos concurren en forma ideal y en grado de consumado.
Respecto de Ugolini los hechos descriptos califican penalmente en los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario.
La audiencia tuvo varias derivaciones como la difusión de imágenes del abogado Aníbal Porri, trasladando a Leonardo Peiti para hacer el pago de 10 mil dólares a Gustavo Ponce Asahad, cerca del domicilio del fiscal. También se exhibieron imágenes de un encuentro entre Ponce Asahad con el abogado de Peiti, Luis Rossini.
El senador departamental por San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri, apareció mencionado en la audiencia imputativa al fiscal Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas para proteger a una banda delictiva.
En la audiencia se reprodujo el audio de una conversación entre un hombre que se presenta como Darío Scataglini, ex diputado peronista, y una mujer que sería la secretaria de Leonardo Peiti, empresario del juego y arrepentido de la gavilla, y quien atendió su teléfono.
La mujer le explicó que ese celular no lo usa más Peiti, presuntamente porque Ponce Asahad le advirtió que estaba intervenido, y entonces el supuesto ex legislador le manifestó que Traferri tiene intenciones de hablar con el hombre del juego.
Fue entonces que Scataglini le deja un número telefónico para que Peiti se comunique luego. “Llamo de parte del senador Traferri”, le indicó y se despidió.
El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, estuvo presente en la audiencia. “Esto recién empieza, no termina acá, es necesario en la provincia de Santa Fe un mani pulite que ponga fin al vínculo que a través de las vistas gordas, la desidia y la complicidad se fue desarrollando entre el Estado, la política y el crimen".
"Este desarrollo y consolidación permanente del crimen no se podría haber logrado sin la contribución del Estado. A esto le tenemos que poner fin”, sostuvo el ministro al retirarse de la audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que se mencionaron nombres de dirigentes políticos.
El funcionario sostuvo que a su criterio “el aval a la gobernabilidad pactada entre Estado y delito fueron indirectas. Cuando se sabe que hay una Justicia que no investiga todo lo que tiene que investigar, que protege sectores aliados con el mundo criminal, que prohija relaciones de la policía con el mundo del delito, si la política no hace nada al respecto es cómplice. La política ahí pierde su rol dirigencial y se convierte en testigo de las desgracias de la sociedad. Esto pasó en Santa Fe durante muchos años”, estableció Sain.
"Esperemos que esto sea la punta de un iceberg para esclarecer esta situación", sentenció el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.
