La delegación salteña de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, presentó ayer a sus cuatro referentes provinciales hasta 2024.

Con una impronta basada en el reconocimiento de lo territorial, lo campesino, lo indígena y el género, eligieron el 4 de agosto no por casualidad, sino por los 30 años del Movimiento campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Miguel Plaza, un médico de Cachi e integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), será el responsable de toda la Zona Oeste, que incluye los Valles Calchaquíes, la Puna salteña, Santa Victoria Oeste, Iruya y Los Toldos.

Ignacio Garzarón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Vía Campesina, estará al frente de la Zona Norte, con los tres departamentos declarados en emergencia socio sanitaria, Rivadavia, San Martín y Orán.

Patricia Caudullo, una técnica de terreno de la SAF con años de experiencia, será la referente de la Zona Sur, que comprende a los departamentos Anta, Metán y Rosario de la Frontera. Además, aportará la mirada de género y diversidad sexual. Mientras que un integrante del Movimiento Evita, Oscar Vila Díaz, estará a cargo de toda la Zona Central.

El encuentro se realizó en el edificio del Centro Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en Cerrillos, donde también funciona desde hace algunos años la desmantelada por el gobierno de Cambiemos Secretaría de Agricultura Familiar, que hoy incluyó los términos Campesina e Indígena.

Allí presentaron el Plan estratégico 2020-2024 que incluye cuatro ejes, promover la inclusión y formalización del sector, punto primordial en el proyecto de Alberto Fernández y su gabinete si se piensa en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular o la idea de formalizar un salario universal; fortalecer el desarrollo productivo; el acceso a la tierra y el arraigo rural y promover la formación, innovación y tecnificación productiva.

“Toda esta planificación de políticas públicas tendrá siempre presente la perspectiva de género, la inclusión de las juventudes rurales y buscarán siempre cuidar el medioambiente y la promoción de la agroecología”, aclararon los cuatro.

“Que se hayan agregado las palabras campesino e Indígena es un reconocimiento del Estado a la diversidad cultural y el autoreconocimiento de este sector”, subrayó Plaza.

Para la mesa, será clave fortalecer el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, “que ya tuvo algunos encuentros aunque sea virtuales”, integrada por todas las organizaciones “y su diversidad”. Porque permitirá establecer participación directa entre las organizaciones y el Estado y que estas sientan mayor representatividad.

A su vez, afirmaron que será fundamental impulsar la reglamentación de la ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar, para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, promulgada en enero de 2015.

El registro de trabajadores agrarios

Patricia Caudullo informó que se  reactivó el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), que venía inscribiendo en el monotributo social a miles de trabajadores, “pero que luego Macri dio de baja, lo que provocó que muchos comiencen a tener deudas con la AFIP o que se les imposibilite comerciar, por ejemplo”.

El registro les permitía facturar y comerciar sin intermediario, además de acceder a la cobertura social y jubilación, entre otros beneficios. “Porque, si no, siempre les exigimos personerías jurídicas, o formas asociativas que no siempre son posibles”, acotó Garzarón.

Miguel Plaza acotó que mientras todos estén registrados, “será siempre más fácil asistirlos”, y añadió que ya está vigente el Programa de asistencia crítica para la agricultura familiar , que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del sector agropecuario de los pequeños productores en aquellas regiones que lo necesiten y donde no se haya declarado la Emergencia.

El Programa prevé aportes no reintegrables, entrega directa de insumos, estructuras o herramientas, así como asistencia técnica, “pero para ello necesitan estar inscriptos en el RENAF o pertenecer a una organización o cooperativa”.

La lucha por las reincorporaciones

En cuatro años de macrismo las entidades que contenían a la agricultura familiar fueron desarticuladas y desguazadas. A nivel nacional, la entidad pasó de tener 2000 trabajadores, a contar con 700.

“Ya estamos muy de a poco recuperando a los compañeros despedidos, pero no va a ser fácil, es un año muy duro, con una crisis enorme, una pandemia que no permite trabajar al 100%, sin presupuesto, y recién anoche (por el lunes) se pudo acordar la renegociación de la deuda, esperemos que comience a acelerarse todo un poco”, explicó Garzarón en cuanto a la demora en recuperar el plantel perdido y volver a contener todo el territorio provincial.

“Nosotros venimos de cuatro años de saqueo de la Secretaría, comenzamos con menos 100”, añadió Vila Díaz, “no dejaron ni cuadros técnicos ni equipos para movilizarnos”. Por eso resaltó la necesidad de que reincorporen a todos los despedidos “y sumar más gente, porque necesitamos llevar el Estado al territorio”.

“Estos últimos años todo lo que se hizo fue pura y exclusivamente por la voluntad de quienes quedamos, pero en este contexto es muy difícil dar respuestas”, sostuvo quien viene trabajando allí desde hace casi dos décadas, Patricia Caudullo.

Las organizaciones sociales y el Estado

Ante la pregunta que se abre en cuanto a pasar de integrar organizaciones sociales, que siempre tensionaron las políticas públicas con sus demandas, a ser quienes deben dar respuestas a la sociedad ahora como Estado, Garzarón reconoció que es un desafío.

“Esperamos que las organizaciones sigan ahora tensándonos a nosotros, porque es el debate que siempre nos dimos, plantear escenarios a largo plazo, profundos y con objetivos claros, no nos tenemos que mover de ahí para avanzar en el reconocimiento de estos sectores históricamente postergados de la ruralidad”, planteó.

“Venimos de la lucha, de cortar calles y ser denunciados, así que el tiempo dirá cuál será el proceso, pero vamos a seguir acompañando a las organizaciones”, lo interrumpió Vila Díaz.

El acceso al agua

Dentro del Proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales (PISEAR), se encuentra el Plan de acceso al agua para la agricultura familiar, campesina e indígena. Los integrantes de la mesa coordinadora salteña recordaron que hay tiempo hasta el 14 de agosto para inscribirse.

El Plan facilita la construcción de obras para que familias del NOA, NEA y Cuyo accedan al recurso y puedan garantizar la producción de alimentos. Busca dar respuesta a las demandas críticas que existen en los sectores más vulnerables del país, dentro del contexto de emergencia social y sanitaria desencadenado por la pandemia de la Covid - 19.

Para una primera etapa se priorizaron las provincias de las regiones NOA: Jujuy, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; NEA: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y Cuyo: Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.

El Plan promueve la incorporación de tres modelos tecnológicos que actúen con rapidez ante el grado de emergencia actual: la captación de agua de lluvia para uso familiar mediante cisternas de placa, la captación de agua subterránea a poca profundidad o someras, y los sistemas de riego parcelario presurizados.

Podrán presentarse a la convocatoria grupos de productores de la agricultura familiar, campesina e indígena con una problemática común de acceso al agua, o bien por medio de las organizaciones formales de las que formen parte. En todos los casos, las familias destinatarias deberán residir en el ámbito rural.

El Plan cuenta con asistencia técnica y capacitación por parte de los técnicos especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en toda la cobertura territorial.

Para consultar las bases y condiciones de la convocatoria más información, en la web PISEAR o a través de la casilla de correo [email protected]