Caso D'Alessio: la fiscalía solicitó que parte de la causa pase a Comodoro Py

Un dictamen a pedir de Carlos Stornelli, el fiscal acusado de espiar y extorsionar

Imagen: Télam

El fiscal Carlos Stornelli, procesado en diciembre por su presunta participación en las extorsiones y operaciones ilícitas de espionaje de la banda que tiene como cara visible a Marcelo D’Alessio, no pierde la esperanza de que la investigación de su caso pase a Comodoro Py. El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, dictaminó una vez más a favor de que la Cámara Federal de Mar del Plata le quite el expediente al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y lo ponga en manos del porteño Julián Ercolini, que instruye una causa iniciada por una denuncia del propio Stornelli contra el espía con quien gestionaba la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. La decisión quedó en manos de los camaristas Alejandro Tazza y Pablo Jiménez.

Stornelli, que sigue en funciones y fue apenas apercibido por el procurador interino Eduardo Casal por demorar nueve meses en presentarse a indagatoria, está procesado por asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de deberes de funcionario público. Ramos Padilla consideró probado que “se valió de ‘espías’ con quienes intercambiaba información sobre supuestas líneas de investigación, pero promoviendo denuncias asentadas en esa ilegalidad; buscando disuadir a abogados molestos”, como José Manuel Ubeira, defensor del arrepentido Leonardo Fariña, “al tiempo que usaba esa relación y los métodos ilegales para cuestiones personales”, tal el caso de Jorge Castañón, ex marido de su actual pareja. El juez de Dolores dejó constancia que debía dictarle la prisión preventiva por los meses en rebeldía y porque su libertad entraña riesgos procesales pero no pudo hacerlo porque tiene inmunidad como fiscal.

Mientras la Cámara marplatense analiza la apelación al procesamiento, Pettigiani dictaminó a favor de quitarle a Ramos Padilla la parte de la investigación que se refiere al fiscal. La maniobra para lograrlo la inició Stornelli en febrero de 2019, días después de que estallara la noticia de la extorsión al empresario Pedro Etchebest, cuando denunció a su viejo conocido D’Alessio por invocarlo para consumar delitos por los que ya tiene procesamiento firme.

Ramos Padilla, a quien el gobierno de Cambiemos intentó destituir luego de que describiera en el Congreso los vínculos de la banda con la AFI, el Poder Judicial y la prensa, le pidió a Ercolini que se inhibiera y le enviara esa causa. Argumentó que los hechos están comprendidos en su investigación, que es anterior, investiga delitos más graves y está en una etapa más avanzada. “La única nota distintiva” es la situación procesal de Stornelli, a quien Ercolini confirió el rol del querellante y damnificado mientras Ramos Padilla investigó como imputado, aunque no descartaba --al momento de pedir la inhibición-- que D’Alessio “haya utilizado la figura del fiscal federal”. Señaló también que la causa paralela afecta el principio de igualdad y le permite a D’Alessio sustraerse de su juez natural.

Ercolini, que el mes pasado indagó a D’Alessio a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, se resiste a desprenderse de la causa con los argumentos de Stornelli: que los primeros contactos entre extorsionador y extorsionado fueron en Buenos Aires. Pettigiani, citado a dictaminar por la misma Cámara que el año pasado confirmó a Ramos Padilla al frente de la investigación, insiste también en la competencia porteña. En su escrito admite que ambos investigan el mismo hecho pero minimiza el encuentro de Stornelli con D’Alessio en Pinamar, que el extorsionador llevó a presenciar a su víctima y que derivó en la denuncia de Etchebest en esa jurisdicción. Sostiene además que la Cámara, cuando en 2019 se pronunció a favor de la competencia de Ramos Padilla, fundó su posición en la imposibilidad de determinar dónde habían ocurrido los hechos, pero que esa “provisoriedad” ya “ha quedado zanjada” desde que el juez dispuso en enero que podía elevarse a juicio.

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