OPINIÓN

Calle Salta: la reparación pendiente

La “mayor tragedia de la historia de Rosario”. Es una de las formas más frecuentes que usan familiares de las víctimas, periodistas, funcionarios públicos, políticos y ciudadanos comunes cuando se refieren a la explosión por fuga de gas ocurrida del 6 de agosto de 2013 en Salta 2141. “Calle Salta” puede interpretarse como acontecimiento disruptivo, conmovedor, capaz de poner en relación personas, grupos, artefactos e instituciones. Pero sobre todo, puede considerarse el punto de partida de una discusión pública que trae a la luz una serie de problemas cuya resolución fue (y sigue siendo) reclamada al poder político y al poder judicial y que se emparenta de modo directo con la idea de impunidad de los poderosos.

Algunos de los familiares de las 22 personas fallecidas en la explosión formaron una asociación civil y comenzaron un proceso de denuncia pública y judicial que, aun con sus vaivenes y dificultades, se mantuvo a lo largo de estos últimos años. El juicio oral y público, en el que resultó condenado el gasista que realizaba las tareas de reparación que desataron el escape fatal, arrojó una sentencia que estuvo lejos de las expectativas de los familiares y los sumió en la indignación y la angustia. Esas expectativas se relacionaban con lo que ellos designaban como “llegar más arriba” en la cadena de responsabilidades, apuntando a las responsabilidades de la empresa prestataria del servicio, Litoral Gas.

Más allá de estas consideraciones, “calle Salta” propone un ejercicio de reflexión acerca de algunas cuestiones sobre las que producimos investigación social desde hace ya varios años.

Por una parte, para que alguien sea considerado y se considere a sí mismo una “víctima”, tiene que poder establecer alguna responsabilidad sobre el daño sufrido. Y esto no es algo que ocurra de manera espontánea, sino que implica una labor orientada a identificar la causa de ese daño. En calle Salta, como en muchos otros casos, la atribución de responsabilidades se llevó a cabo a través de una denuncia pública y no sólo en el ámbito judicial. Marchas, sentadas, acampes, conmemoraciones y búsqueda de datos sobre cuestiones técnicas fueron conformando durante años lo que llamamos una “causa pública”. Hablando con los medios, manteniendo reuniones con funcionarios y realizando distinto tipo de demostraciones en el espacio público, los familiares fueron construyendo y señalando un marco de responsabilidad institucional que colocó en el centro a la empresa privada Litoral Gas, sin dejar de señalar a los entes del estado nacional encargados del control y la regulación del servicio, como el Enargas. En ese proceso, que suele ser común a muchos casos de organizaciones de víctimas, los familiares entrecruzaron experiencias personales con saberes, argumentaciones y puntos de vista de profesionales y funcionarios.

La atribución de responsabilidad por un daño no es proceso natural sino político. Por un lado, lo es en la medida en que pone en escena conflictos de poder. Por otro, porque los familiares de las víctimas confrontan con un sistema de organización que consideran fallido e injusto, y por lo tanto plantean una crítica de índole política que lleva a un primer plano de discusión cuáles son y cómo funcionan las formas con que el Estado regula nuestra vida en sociedad.

En “calle Salta”, esa crítica logró hacer visible en el debate público a un actor poco tenido en cuenta como fuente de responsabilidad en la producción de víctimas, como son las empresas privatizadas de servicios públicos. Algo que, a su vez, coloca una pregunta sobre el papel que juega el Estado en la mediación de intereses conflictivos entre la sociedad y la esfera privada. Es cierto que esa crítica no ha sido suficiente para incidir en medidas políticas destinadas a dar respuesta al problema planteado por un acontecimiento con semejantes costos humanos.

Por otra parte, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes exigieron una reparación del daño. Sin embargo, es imposible otorgar un único significado a lo que quiere decir reparar. Reparar no es sólo una definición proveniente del derecho o la psicología, ni tampoco es solamente una idea que surja de las personas afectadas. Es una gran amalgama hecha de tradiciones culturales y jurídicas, percepciones subjetivas, usos locales, luchas colectivas que distintos actores colaboran en conectar entre sí. El caso de calle Salta nos muestra todos estos elementos a la vez, pero combinados de una manera singular, propia.

Una de las formas de la reparación es la de la memoria. Cada 6 de agosto estos procesos de atribución de responsabilidades y de búsqueda de reparación se actualizan. Pero no lo hacen nunca de la misma manera. En la Argentina tenemos una larga tradición en ello, encarnada en un potente movimiento de derechos humanos, reconocido en todo el mundo.

Las catástrofes, las violencias o las tragedias colectivas son más impredecibles por el modo en que el Estado y los distintos protagonistas directos o indirectos actúan para tratar de reconstruir, reparar y re-crear la vida social, que por la dimensión del daño que provocan. En este sentido, la pregunta que sigue insistiendo en “calle Salta” como en tantos casos de violencias de distinto tipo es ¿qué tipo de reparación y re-creación de nuestras sociedades podemos aspirar sobre la base de la impunidad de los poderosos?

*Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora-docente UNGS, [email protected]

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