La cúpula de la CAME fue denunciada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas "inconsistencias" en el manejo de los fondos que provienen del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap).
La presentación ante la IGJ fue realizada por la Cámara de Autoservicios, Supermercados, Propiedad de Residentes Chinos (Casrech). “Hay varias denuncias que presentaron distintas asociaciones sobre la distribución de los fondos del Inacap que hace CAME. Son pedidos de auditorías para saber el destino de los fondos, porque hay algunas inconsistencias", dijo Miguel Calvete, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios.
El Inacap tiene como objetivo llevar adelante acciones vinculadas a la capacitación y formación de trabajadores y ejecutivos para mejorar la productividad y promover la investigación, formación y capacitación en materias relativas a los riesgos del trabajo, entre otras. Administra un fondo que se conforma con el aporte de las patronales por el equivalente al 0,5 por ciento de los sueldos de trabajadores formales que están bajo la órbita del convenio mercantil.
El Inacap brinda servicios de capacitación a través de cursos dictados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la CAME. En su presentación ante la IGJ, la Casrech solicitó que se investigue la presunta "administración irregular por parte de la CAME de los fondos provenientes del Inacap que deben destinarse al fortalecimiento y capacitación de las entidades gremiales asociadas”.
La denuncia apunta a “la irregular administración y distribución de los fondos del Inacap por 353 millones de pesos. Ocurre que las decisiones atinentes a tales fondos son tomadas por una minúscula cúpula de dirigentes y no por el órgano establecido por el Estatuto Social a tales fines”. “El Consejo Directivo está conformado por 90 miembros y el proceso de toma de decisiones por el cual se distribuyen los fondos del Inacap sólo involucraba a tres de sus integrantes: el presidente José Díaz Beltrán, el ex secretario general, José Bereciartúa y el secretario de Hacienda, José Luis Valdés”.
Por otro lado, hay en curso una investigación interna en CAME en torno a presuntas irregularidades de las empresas controladas como Pymetic SA, para el manejo de CAME Pagos. Pymetic es propiedad de la firma Teipesa SA en un 50 por ciento, mientras que la otra mitad es propiedad de una sociedad denominada Feentech SA. En la reunión del 16 de julio del Consejo Directivo de CAME, representantes de la entidad cuestionaron que el destino de esos fondos no es el fortalecimiento de la entidad y sus socios sino una triangulación en favor de Carlos Grosso, ligado a la gestión macrista.
