María Eugenia Iribarren asumió ayer de forma interina como fiscal regional de Rosario y anunció que a partir de la semana próxima habrá reestructuración de unidades fiscales y reorganización del trabajo. En conferencia de prensa se refirió al futuro de la Fiscalía Regional: “Hay lineamientos claros desde la Fiscalia General que hay que replantearlos y trabajar en conjunto, para profundizar y actualizar políticas de persecución, sistemas de control, dentro de la propia Fiscalía y ordenar lo que es el trabajo de los fiscales”, sostuvo.

“Vamos a reforzar sistemas de control y de apoyo a los fiscales, vamos a reestructurar muchas unidades fiscales para mayor efectividad y eficiencia, así como el entrecruzamiento de hechos que quedan sin investigarse correctamente”, dijo en referencia a denuncias que en muchas oportunidades están vinculadas.

Perfiló su gestión "junto con la Fiscalía General para actualizar y profundizar los sistemas de control, ordenar lo que es el trabajo de los fiscales, no para trabajar menos sino para hacerlo mejor; hoy hay muchos fiscales que no trabajan con las condiciones óptimas", afirmó.

También habló de una tarea del MPA orientada a “evitar que muchas situaciones lleguen a extremos como un homicidio, hay que intervenir antes, a través de mecanismos que den respuesta rápida que no siempre implican llegar a un juicio, que implica un proceso judicial largo”, en referencia a los sistemas alternativos.

El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, designó a Iribarren al frente de la Fiscalía Regional Rosario tras la renuncia de Patricio Serjal al verse acorralado por las investigaciones de la Agencia fiscal de Criminalidad Organizada, que primero derivaron en la imputación y prisión preventiva de su mano derecha, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, y el martes pasado del propio fiscal regional. Ambos están acusados por cohecho pasivo agravado (entre otros delitos) al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, al que le cobraban entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de información.

La caída de Ponce Asahad y Serjal por corrupción golpeó a la fiscalía. Lo compensa el hecho de que también fueron fiscales quienes llevaron adelante la investigación a pesar de tratarse de un colega y un superior. En ese sentido, Iribarren sostuvo: “La situación es crítica, hay que transmitir confianza a los fiscales para adentro y a la gente para afuera para salir de esta coyuntura de crisis institucional que tiene el MPA”.

Iribarren ocupará la fiscalía regional por tres meses, al cabo de los cuales el fiscal general puede prorrogar el plazo, o rotar y designar a otro fiscal. En tanto, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de habilitar el concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo como manda la ley orgánica del MPA. La designación la realiza el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Iribarren se desempeñó en el antiguo sistema penal como fiscal de grado y fiscal de cámara. En 2018 pasó al nuevo sistema procesal penal. Intervino en resonantes juicios, como el Triple crimen de Villa Moreno y el de Los Monos, además de la acusación que llevó a la cárcel a Ponce Asahad y Serjal.

“Son muy pocos los recursos con los que cuentan los fiscales y mucho el trabajo que hacen”. Es así que indicó que una de sus tareas es “reorganizar el trabajo, mostrarlo y transmitirlo, y que la gente pueda percibir la acción y sentir y conocer que se le da respuesta cuando tiene un problema que requiere de la fiscalía”.