Juicio por la venta de drogas en la Villa 1.11.14, del Bajo Flores

Piden 24 años de prisión para el narco "Marcos"

Un fiscal pidió este viernes en un juicio oral que se condene al narcotraficante peruano Marco Estrada González, alias "Marcos", a una pena única de 24 años de prisión, acusado de ser el jefe de "una empresa" que controló la venta de drogas entre 2009 y 2017 en la villa 1.11.14 del Bajo Flores porteño, que movilizaba unos 14 millones de pesos por mes. En su alegato del megajuicio en el que hay otros 39 imputados, el fiscal Diego Velasco pidió 17 años de prisión para "Marcos" pero, como tenía una condena anterior a 10 años de cárcel, solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 3 que se le unifique en una única pena de 24 años.

El funcionario judicial consideró a "Marcos" como "organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas" en la villa 1.11.14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de "tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas".

Además, solicitó que su esposa Silvana Alejandra Salazar sea condenada por el mismo delito a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8, mientras que para su suegra Lucía Enríquez Alarcón pidió 4 años y 6 meses como "partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes". Y requirió al TOF que condene a otros 34 imputados a penas de entre 1 y 12 años y medio de prisión por distintos delitos, como así también la absolución de tres de los acusados, y les pidió a los jueces el decomiso del dinero y bienes secuestrados durante la investigación.

Durante el debate, la fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Antes del pedido de penas, el fiscal dio por "probados" los vínculos entre los procesados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aun luego de la detención de "Marcos", que se produjo en diciembre de 2016. “Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó el fiscal, quien agregó que "la entrega del dinero producto de la venta implicaba 14 millones de pesos aproximadamente" en cada turno mensual.

La organización movía "mucho dinero y claramente era una situación que se debía rendir toda la entrega", algo que se hacía según la fiscalía ante una de las acusadas, Gladys Santos. "Era la receptora con colaboradores como su hija, su marido, su hermana, su sobrino", enumeró.

El dinero se juntaba en los puntos de venta de la droga y se rendía todos los viernes, con una contabilidad que era llevada en cuatro cuadernos secuestrados en la causa, y la ganancia se pasaba al "jefe del grupo".

Para ello, y "ante las grandes sumas de dinero", había "reglas y protocolos establecidos por la organización que se repetían constantemente", agregó Velasco. Además, consideró probados los vínculos entre todos los acusados, entre ellos Marco Estrada González, quien aparece en mensajes reclamando deudas por droga.

El grupo "estaba pendiente de la situación del barrio", afirmó además en relación a las alertas que recibían sobre operativos policiales, como los ordenados en 2016 que culminaron con las detenciones de todos los acusados.

El fiscal sostuvo que los ingresos de droga a la villa tenían "horarios establecidos" y que había controles "a las casas donde se preparaba". "Están probados los vínculos en lo referido a la preparación y entrega de estupefacientes", agregó la fiscalía y también "la situación de ubicación de los acusados en la organización y su dependencia y relación directa".

En un tramo de su alegato, Velasco reparó en que Lily Enríquez Alarcón --suegra de “Marcos”-- continuó al frente de la comercialización de drogas tras la detención de su yerno en diciembre de 2016, bajo sus directivas; incluso mantenían conversaciones, ya que la “actividad continuaba vigente”.

El juicio se realiza de manera remota y con los acusados detenidos conectados desde salas de videoconferencia en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto y tras el alegato del fiscal, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10, cuando será el turno de los defensores.




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