El juez que tramita el concurso de acreedores de Vicentin prohibió al directorio del gigante agroexportador en default que continúe alquilando el piso que ocupa hasta ahora en la torre de oficinas que la Bolsa de Comercio posee en Paraguay al 700. El magistrado Fabián Lorenzini hizo lo que ese consorcio vip no había hecho hasta ahora, dado que la aceitera adeuda más de 15 millones de pesos en concepto de alquiler por el piso 11º de oficinas por el que hasta principios de año transitó todo el mercado granario del país, a razón de más de 300.000 pesos al mes. No fue la única mala noticia de la jornada para la mesa que preside Daniel Buyatti con las familias Nardelli, Padoán y Vicentin. Ayer el fiscal federal Gerardo Pollicita ratificó el pedido de inhibición de bienes para sus directivos y para ex funcionarios del Banco Nación durante el último tramo del gobierno de Cambiemos.

Desde que en diciembre del año pasado la empresa se declaró en default y dejó un clavo de 1000 millones de dólares, Paraguay 727 piso 11º fue perdiendo movimiento de manera paulatina y la acción pasó a concentrarse en la más segura Avellaneda, donde Vicentin juega de local. No obstante, ya en junio el abogado de la empresa, Guido Ferullo, pidió al juez Lorenzini el OK para renovar algunos contratos de locación de vencimiento inminente, a saber: las oficinas del edificio Torre, de la Bolsa de Comercio (el contrato vence el 30 de noviembre), el uso del muelle en San Lorenzo, compartido con Nouryon Chemicals Argentina, el alquiler de una pala cargadora a Semac Construcciones, contratos de fasón realizados con Renova SA, y el fideicomiso que integra con Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria y por el que construye la torre Armonía, en Corrientes al 700, un edificio de oficinas al que proyectaban mudarse en 2018, cuando la construcción arrancó y Alberto Padoán todavía gozaba de sus mejores días como presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). 

Según la resolución judicial del 21 de agosto, Vicentin le adeuda a BCR $15.645.987,84 por el alquiler de las oficinas, a razón de U$s 3.328 más IVA mensual. Asimismo, se reveló que por el servicio de la pala cargadora la aceitera le debe a Semac SA  $6.682.057,66.

La empresa planteó al juez su interés en continuar en el fideicomiso que construye la torre en Corrientes al 700. Dice que ya aportó el 75% de lo convenido y que sería conveniente sumar ese activo a su patrimonio para responder en el concurso. Así y todo, en ese negocio adeuda todavía $14.877.407.

Con la fábrica de biodiesel Renova SA el compromiso es más complejo. Al momento de abrir el concurso de acreedores, Vicentin tenía el compromiso de entregarle a su subsidiaria materias primas y que la deuda que mantiene con esa compañía asciende a  U$S 18.386.882,30 más IVA.

Lorenzini rechazó la semana pasada el pedido empresario de renovar el alquiler de las oficinas en Rosario. Escribió el juez su prioridad de "analizar la conveniencia de la continuidad de los contratos que se peticiona, teniendo como norte la continuación de la explotación empresaria y el beneficio que esto conlleva para los acreedores", que son más de 2.000. En este sentido, el magistrado decidió no autorizar la renovación de contrato "por una oficina comercial cuyo plazo de locación vencerá dentro de tres meses y que le generaría, al locador, un privilegio para exigir el pago inmediato de las deudas atrasadas ($15.645.987,84.-), sin garantizar en absoluto la renovación del mismo luego de su vencimiento".

El magistrado también pareció recomendar al directorio que concentre esfuerzos en Avellaneda. Lo del edificio de la Bolsa, meditó el juez, "no se revela como un contrato esencial para el desarrollo de las actividades empresariales o que pudiera reportar alguna ventaja significativa para justificar su onerosidad, a la luz de la razonabilidad que es dable esperar por parte del concursado en sus negocios e inversiones, en miras a la mejor y mas pronta atención de su pasivo, en espera de acuerdo. (La sede en Rosario) no se trata de su sede administrativa principal ni de un establecimiento fabril necesario para la realización de su actividad productiva", advirtió el juez de Reconquista.

Sí, en cambio, autorizó continuar con el alquiler del muelle en San Lorenzo, de la pala cargadora, pero dejó en suspenso la posibilidad de seguir participando del fideicomiso de construcción en Corrientes 732 y lo dejó a criterio del comité de acreedores.