En Salta, el endeudamiento de las mujeres se intensifica como estrategia de subsistencia en un contexto de ajuste fiscal, caída del poder adquisitivo y alta informalidad laboral. La deuda no responde al consumo voluntario, sino a la urgencia de sostener el hogar, cubrir servicios básicos y enfrentar la precarización.
En el actual escenario, el endeudamiento femenino presenta rasgos específicos. “Muchas mujeres recurren al crédito no como una inversión, sino como un mecanismo de supervivencia”, advirtió en diálogo con Salta/12, la licenciada en economía de la Universidad Nacional de Salta y especialista en indicadores sociales con perspectiva de género, Valeria Rina Muñoz.
Según datos del INDEC, el consumo nacional se sostiene crecientemente a través del financiamiento en cuotas. En Salta, donde los salarios son inferiores al promedio nacional y la informalidad laboral supera el 40%, el acceso al crédito se convierte en una vía forzada para sostener el consumo básico.
“En hogares de menores ingresos sostenidos por mujeres, el 70% recurrió al financiamiento recientemente y un 21% de estos créditos provino del circuito informal”, detalló Muñoz. La deuda se orienta principalmente a alimentos, transporte y servicios públicos, no a bienes durables, lo que revela “una situación de vulnerabilidad estructural”.
La quita de subsidios en electricidad, transporte y gas impacta de forma desproporcionada en las mujeres, especialmente en las jefas de hogar. De esta manera, “el incremento tarifario obliga a destinar una mayor proporción del ingreso familiar a estos rubros, reduciendo el margen para consumo y ahorro”, advirtió Muñoz. “El aumento de gastos fijos empuja a muchas mujeres a endeudarse para cubrir estas necesidades esenciales”, intensificando la dependencia del crédito informal o de tarjetas con tasas efectivas anuales superiores al 200%, indicó.
La paralización de la obra pública también repercute en el endeudamiento femenino. Aunque el empleo directo en construcción es mayoritariamente masculino, la economista subrayó que “muchas mujeres dependen de este flujo económico a través de trabajos complementarios tales como comedores comunitarios, provisión de alimentos, comercio de cercanía”. La caída de estos ingresos secundarios “presiona sobre los hogares encabezados por mujeres que recurren al crédito para compensar la pérdida de circulación monetaria”.
Feminización de la pobreza
La feminización de la pobreza, que en Argentina afecta a más del 45% de las mujeres y en el NOA supera el promedio nacional, convierte la deuda en una "estrategia de reproducción social", afirmó Muñoz.
“Las mujeres como administradoras principales del gasto doméstico suelen endeudarse para garantizar alimentación, educación y salud a sus hijos”, explicó. Además, siguiendo con su análisis, “este endeudamiento es cotidiano y a veces se dice autorreproductivo, ya que el pago de intereses erosiona el ingreso disponible y obliga a nuevos créditos”.
Asimismo, Muñoz precisó que el acceso al crédito formal en Salta está limitado por “bajos ingresos registrados, historial crediticio insuficiente y la precariedad laboral”. Las tasas son elevadas y los plazos cortos.
En cambio, el endeudamiento informal, mediante prestamistas barriales, el fiado en comercios, créditos de aplicaciones o mutuales no reguladas, es más accesible, pero implica “intereses más altos, condiciones opacas y riesgos de coerción o violencia económica”. La economista observó que: “la elección suele estar más determinada, no por preferencia, sino por exclusión del sistema financiero formal”.
Los riesgos no son solo económicos. “El uso de créditos de consumo para cubrir necesidades básicas genera sobre endeudamiento crónico, exclusión futura del sistema formal por incumplimientos, mayor estrés financiero y deterioro de la salud mental”, advirtió. “Lo que provoca la deuda en las familias es una carga social y emocional y no solo económica”, añadió.
El endeudamiento crónico también impacta en la salud mental, la autonomía y la participación política. Muñoz advirtió en este sentido que “La necesidad de priorizar pagos limita la inversión en formación o participación en actividades comunitarias y políticas, reduciendo la voz de las mujeres en espacios de decisión”. “La deuda también puede convertirse en un mecanismo de control y violencia económica, limitando la autonomía”, alertó.
En la provincia, sectores con alta participación femenina como comercio, salud y educación “presentan recortes, congelamientos salariales o subocupación”. La pérdida de estabilidad laboral “aumenta el uso de crédito como un colchón financiero y reduce la capacidad de repago”.
Esto impacta sobre todo en mujeres que son sostén principal del hogar. “Recordemos que actualmente aún se mantiene y se conserva a la jefa del hogar o a la mujer no solo como sostén sino también como sostén en tareas de cuidado”, señaló Muñoz. Estas tareas “muchas veces le quitan la posibilidad de poder seguir trabajando más horas dentro del mercado laboral”.
"El endeudamiento en hogares encabezados por mujeres con trabajos informales tiene una dinámica más riesgosa”, advirtió. Se trata de ingresos inestables, ausencia de protección social y dependencia de redes familiares o comunitarias para sostener el consumo. “La deuda se convierte en un puente para sobrevivir entre pagos irregulares, pero también en un lastre que perpetúa la pobreza”.
La economista aportó datos en cuanto a la informalidad. En el tercer trimestre de 2024, “el 52,3% de los asalariados no cotizaba a la seguridad social, lo que equivale a 193.000 trabajadores sin aportes previsionales", reveló. Recalcó que “en ese mismo periodo, la informalidad entre las mujeres fue del 50,1%, superando la de los varones, que es del 40%”.
En el Gran Salta “el trabajo informal alcanzó el 47,5%, mientras que en el resto de la provincia trepó el 58,4%”. La tasa de empleo en mujeres es del 38%, frente al 50% en varones, lo que genera una brecha del 12%. “Entre las jefas de hogar, esta brecha llega al 17,5%”.
Las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo. “En el 2024 se perdieron unos 2.000 empleos formales privados, marcando un retroceso del 1,4% con respecto al 2023”.
Muñoz señaló que en los hogares monomarentales y cuando las mujeres son jefas de hogar, suelen estar en condiciones laborales informales y "tienen ingresos variables sin protección social". En este contexto, enfatizó que "la deuda se convierte en un mecanismo para sobrevivir, pero profundiza la trampa de pobreza estructural". “La carga de pago recae íntegramente sobre una sola persona, lo que eleva la vulnerabilidad financiera y aumenta el riesgo de caer en mora”.
Propuestas desde la economía feminista
La visibilización del endeudamiento femenino enfrenta obstáculos metodológicos. “Actualmente se trabajan con datos públicos armados. Todos conocemos lo que es la Encuesta Permanente de Hogares. La EPH es la más utilizada porque es la disponible públicamente”, explicó Muñoz. Esto genera que a veces no se puedan "realizar estadísticas de calidad a puntos específicos”.
Por eso, Muñoz propone incorporar nuevos indicadores: “índice de deuda doméstica de subsistencia, porcentaje de hogares con jefatura femenina en situación de sobreendeudamiento, peso de endeudamiento informal en el ingreso mensual, tasa de intereses efectivas promedio de los créditos utilizados por mujeres, incidencia del endeudamiento en hogares con ingresos por debajo de la canasta básica total”.
La economista también resaltó que en Salta el acceso de mujeres emprendedoras al crédito formal sigue siendo restringido. “Los programas estatales y líneas específicas tienen cupos limitados y altos requisitos de garantías. La banca privada prioriza el historial crediticio y la facturación, lo que deja fuera a emprendimientos pequeños o informales, que son en mayoría entre mujeres”, sostuvo.
Desde la economía feminista, Muñoz plantea que “debe disputarse el sentido de la deuda, dejar de verla como herramienta neutra y reconocerla como un mecanismo de reproducción de desigualdades”.
El desafío, afirma, es “instalar en la agenda pública la necesidad de políticas de alivio de deuda doméstica, financiamiento accesible para el consumo básico y fortalecimiento del empleo femenino formal”. Frente a un modelo económico excluyente, “la economía feminista podría articular datos, experiencias territoriales y propuestas de política pública, que vinculen el endeudamiento con justicia, economía y género”, propone.
