A un año de la muerte de Cristian Gallardo en un operativo de la Policía salteña sigue el reclamo por justicia. Este 26 de agosto la familia marchó en memoria del joven que tenía 23 años y era padre de dos niños pequeños. Se manifestaron junto a la Comisión de Familiares de Víctimas Contra el Gatillo Fácil que conformaron en 2019 y con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y políticas.

"La marcha es para recordarle a la gente como murió mi hermano, torturado por la policía de la Comisaría del barrio que paradójicamente se llama Democracia", señaló Mariel Gallardo, hermana de Cristian. 

Sostuvo que no tienen novedades de la causa judicial que quedó frenada en el contexto de pandemia. Los policías imputados por homicidio culposo y vejaciones agravadas son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea. Fueron quienes se llevaron detenido al joven y esgrimieron haber actuado "en flagrancia" ante un supuesto robo. 

Los efectivos entraron sin orden judicial a un domicilio particular donde Cristian se encontraba que era la casa de una amiga y se lo llevaron detenido. La amiga del joven junto a la madre sirvieron de testigos en la causa y aportaron un vídeo que fue clave hasta ahora,fue filmado después de que subieron al joven al móvil y desde adentro se escuchan golpes y gritos de sufrimiento. 

La familia planteaba que la supuesta víctima del robo de un teléfono en la vía pública mentía y se contradecía en su declaración, este hombre de 24 años, Ángel Lozano, que era a la vez el testigo clave para que los policías intentaran justificar la detención, terminó siendo imputado por falso testimonio y encubrimiento. 

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt es quien interviene en la causa y permanece luego de que se cambiaran varios fiscales. En marzo de este año decidió imputar al oficial subayudante Elio Maximiliano Moya, con revista en el Sector 6 A, de barrio Democracia, por el delito de falsedad ideológica en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado. 

Torres Rubelt acusó a Moya de haber insertado en el informe que daba cuenta de lo sucedido declaraciones falsas para ocultar las circunstancias certeras de tiempo, modo y lugar, por lo que consideró que alteró las pruebas y perjudicó la administración de justicia.

Mariel Gallardo señaló que los policías imputados siguen con prisión domiciliaria. Como querellantes habían apelado junto a la Fiscalía la decisión de la jueza María Edith Rodríguez de enviar a los efectivos a sus casas pero la jueza Virginia Solórzano dejó firme esa decisión. La mujer expresó el pesar de la familia que a un año sigue sin conseguir justicia por el homicidio de Cristian. 

"Espero que se haga justicia por mi hermano y por todas las víctimas de gatillo fácil porque es feo perder a un ser querido y la policía lo tome como si nada. Quiero que los policías tengan cárcel común como todos los presos que matan y torturan. Pido a la gente que se anime a denunciar porque los policías no están para torturarnos ni matarnos, sino para cuidar a la sociedad", manifestó Mariel.

La joven señaló la violencia sistemática de la Policía en los barrios pobres de Salta. "La Policía reprime, tortura, saca los ojos a la gente, a los pibes de la calle, golpean, no les importa si hay embarazadas, niños, nada", expresó.

La marcha que arrancó en la Avenida Discépolo y Felipe Varela, se dirigió a las comisarías 10 del barrio Santa Cecilia y a la del barrio Democracia, ya que fueron estas dos dependencias las que intervinieron en el operativo después del cual Cristián fue devuelto muerto a sus familiares. En ambas comisarías cuando la familia del joven iba a preguntar por su paradero además le negaban información.

"Por la pandemia de Covid no hay novedades de la justicia. La causa está elevada a juicio que esperamos se realice hasta diciembre. Ya se culminó la etapa investigativa y de producción de prueba", sostuvo el abogado Rodrigo Escovar a Salta/12.

El letrado indicó que pedirá la reconstrucción de los hechos, "vamos a reiterar el pedido", anunció.  La querella plantea que pedirá el cambio de carátula en el juicio, de homicidio simple a homicidio calificado. Escovar dijo que el vídeo filmado por una de las mujeres que fue testigo de la detención y que está en todos los medios es determinante para demostrar que "lo mataron a Gallardo". Además evaluó que como pruebas están los y las testigos y los golpes que presentaba el joven en el cuerpo. "Subió con vida al furgón policial y llegó muerto", expresó el abogado.

El papá de otra víctima de la policía, Jorge Farfán, contó que el año pasado decidieron armar la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil "después de los terribles asesinatos de la policía". "Asesinaron a mi hijo Jorge Guri Farfán", manifestó. También fueron víctimas David Neri Ovejero Alfonzo, Martín Carreras y Ramón Zárate, todos fallecieron en operativos de la policía salteña en 2019. 

"Los policías torturaron y asesinaron a nuestros seres queridos y detrás de esto hay responsables políticos. El encubrimiento es sistemático y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que estos asesinos paguen", afirmó.

A la marcha también fueron los despedidos de la obra de construcción en Mina Lindero quienes resultaron reprimidos este martes por la Policía salteña cuando se encadenaron con los labios cosidos en la Catedral como forma de protesta ante 80 días de acampe sin respuestas a su reincorporación laboral.