El gobierno y la justicia de San Juan suspendieron las actividades en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, tras el derrame de metales pesados y solución cianurada, el martes pasado, por la rotura de un caño. A la medida se sumó una multa aún no estipulada por la administración provincial. En tanto, los asambleístas de Jáchal volvieron a reclamar el cierre definitivo de la mina y cuestionaron la sanción económica “porque es una forma perversa de asumir la responsabilidad que no compensa el daño ambiental”, según afirmó el abogado de los jachalenses, Marcelo Arancibia. 

El ministro de Minería sanjuanino, Alberto Hensel, explicó durante una conferencia de prensa que “se ha decidido suspender los procesos en el valle de lixiviación” tal como “se hizo con los anteriores incidentes”, en referencia a las suspensiones que se aplicaron a la minera canadiense: en el año 2015, tras el mayor accidente minero en el país, y luego, en septiembre de 2016, por otro derrame de solución cianurada.

A la interrupción impuesta por el gobierno de Sergio Uñac, se acopló la decisión del juez Pablo Oritja, quien resolvió también suspender la actividad en la explotación de la Barrick, ante la cautelar presentada por el concejal de Jáchal Jorge Morales.

“La duración de la suspensión dependerá del tiempo que la empresa se tome para reemplazar la cañería”, advirtió Hensell, para quien si la empresa  “no reemplaza los materiales no van a poder seguir operando”, aunque  remarcó que “la inspección determinó que no hubo afectación del medio ambiente porque el derrame no salió de la zona de seguridad del Valle de Lixiviación”. 

El funcionario aseguró que la mina “tiene normas adecuadas que contuvieron el derrame, sistemas de monitoreo, de seguridad y de detección que permiten actuar más rápido en la contención”, aunque no explicó por qué el caño que se rompió no había sido cambiado, cuando era unas de las tareas que le habían requerido a la empresa entre otras medidas de seguridad ambiental.

Al mismo tiempo, el ministro anunció que “hay que hacer cambios, más ahora que se va a hacer una ampliación de la explotación”. Y explicó que “va a tener que haber inversiones en un nuevo valle de lixiviación (proceso para extraer mineral con valor entre las rocas, mediante la aplicación de una disolución de químicos), con nuevas cañerías y todo el sistema de procesos nuevo”.

Al respecto, el asambleísta de Jáchal No Se Toca Saúl Zeballos advirtió que “ya están construyendo el otro dique de lixiviación, sin el informe ambiental ni las audiencias públicas porque acá primero construyen y después le dan los permisos”. 

Zeballos, tal como adelantó este diario, confirmó que los asambleístas de Jáchal resolvieron el miércoles por la noche pedir la revocatoria del mandato de los concejales y del intendente de la ciudad porque “no defienden la vida y el medio ambiente de los vecinos, y han negado todos los pedidos de información que hemos presentado, además de habernos negado la consulta popular el año pasado para que definamos nuestro futuro territorial, expresando si estamos de acuerdo o no con la megaminería con sustancia tóxicas”.

El abogado de los asambleístas, Arancibia, explicó que “sólo el municipio de Jáchal está reconocido por el juez (Pablo Oritja) para intervenir en los juicios, ellos tienen la representación del interés colectivo y no hacen las presentaciones ante la evidencia de los recursos hídricos afectados por  metales pesados, como lo vienen indicando los informes de laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza (UNCuyo), que realiza los estudios cada tres meses”, señaló el letrado y subrayó que “la inacción de las instituciones de Jáchal es considerada por la asamblea como un abandono de los jachaleros, y bajo esa causal van a trabajar en la revocatoria”. 

En relación a la reacción del gobierno ante el nuevo derrame, Arancibia advirtió que “se está instalando la idea de que esto va a ser así, que hay que aceptar la imperfección del sistema, ciertas eventualidades, y que se soluciona con una multa”, y criticó el accionar de la administración provincial porque “es una lógica perversa de asumir la responsabilidad que no compensa el daño ambiental que se produce”.

Además, Arancibia dijo que el gobierno tienen que mostrar “el informe del  derrame del martes, explicando cuánto tiempo estuvo derramando, presentar los datos de los manómetros que se instalaron después de 2015 y las filmaciones correspondientes”.

Por otra parte, el letrado apuntó alto, y recordó que “Uñac el año pasado dijo que la Barrick no tenía más margen para el daño ambiental”, y “ahora dice lo mismo, parece que corrió el margen. Pero no sorprende, porque el gobierno homologa las versiones de la empresa, la única vez que no lo hizo y contradijo a la minera fue en el caso de Lama, cuando la empresa ya no pudo contener las aguas del periglaciar”, remarcó Arancibia.

Por último, Zeballos recordó que “hace un año, cinco meses y diez días que mantenemos un acampe en Jáchal”, y enfatizó que “lo vamos a seguir sosteniendo porque es lo único que visibiliza nuestra lucha”.