La renuncia de la abogada Mariana Stilman –a la que se sumó ayer la de Ezequiel Strajman– a la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, tras las presiones del Ministerio de Justicia para bajarle el tono a la acusación contra los imputados en ese hecho, es la comprobación de la “decisión política” del Gobierno “para que esa causa termine en la nada”. Así lo consideraron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, ex director y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, quienes además advirtieron que la  Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.

Para Mena, la decisión del Poder Ejecutivo de cambiar el eje de la querella es, en los hechos, “dejar de acusar”. Y no acusar “no solo es una decisión política reprochable, sino que también es (un acto) delictivo”. Por lo tanto, añadió, esa decisión es parte de “un nuevo encubrimiento del poder político” al atentado terrorista más grave que sufrió el país.

La decisión de que el Estado sea querellante en esa causa fue tomada a través de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, que reconoce la responsabilidad internacional de la Argentina en ese hecho. El objetivo no solo fue investigar las presuntas irregularidades en la investigación cometidas por espías y funcionarios judiciales y políticos durante el menemismo, sino también dar cumplimiento al compromiso que el Estado tenía al respecto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De este modo, si se cumplen las instrucciones de Garavano de no actuar tan activamente contra los imputados, “se va a venir una condena internacional (contra la Argentina) por violación a los derechos humanos”, alertó Mena. 

Parrilli, en tanto, sostuvo en AM 750 que el nombramiento de “un abogado sustituto de Stilman” en esa causa es parte de una “decisión política” del Gobierno “para que en lugar de acusar a los acusados, se los defienda. Con lo cual, la intención es que “esa causa termine en la nada”.

El ex titular de la AFI consideró, además, que esa medida se enmarca en otra similares respecto del caso AMIA, como por ejemplo cuando el Poder Ejecutivo “le sacó funciones a la UFI-AMIA” para “tener a su cargo todo el material desclasificado” del caso.