En la Cámara de Diputados de Salta se presentó un proyecto de declaración que propone pedir al Poder Ejecutivo Nacional y a legisladores nacionales que evalúen el dictado de normas que excluyan de todo "beneficio" que otorga el Estado a quienes "usurpen" viviendas o tierras de propiedad privada o fiscales. 

La iniciativa fue cuestionada desde la organización de mujeres y disidencias Beatriz Perosio por "antifemenista y antipopular", ya que pretende sancionar a las personas que se encuentran en los asentamientos de la provincia. 

Las mujeres son en su mayoría las titulares de las ayudas sociales y gran cantidad de ellas está con sus niños y niñas, como ocurre, por ejemplo, en las tomas de la zona sur de la capital salteña. Por ello, la organización apuntó contra la diputada Silvia Varg, por haber firmado esa propuesta, y señalaron que se muestra cercana o como parte del movimiento feminista "cuando en realidad exhibe una posición de clase que niega derechos a las mujeres de los sectores populares".

Los diputados y diputadas oficialistas firmantes del proyecto que ingresó este primero de septiembre a la Cámara y que se encuentra en análisis en la comisión de legislación, además de Varg, son: Javier Diez Villa; Amelia Acosta; Laura Cartuccia; Mario Moreno Ovalle; Teófilo Puentes; Enrique Sansone, Andres Suriani y María del Socorro Villamayor.

"Como agrupación con contenido de clase, popular y plurinacional repudiamos enérgicamente la actitud de estos legisladores, y nos solidarizamos con los y las habitantes de los asentamientos; e instamos a la legisladora Varg a que -desde la comodidad de su hogar- se informe sobre la situación de las mujeres en Salta; ni siquiera es necesario que pise el terreno para enterarse", sostiene un comunicado de la organización Beatriz Perosio. Este pronunciamiento sumó las adhesiones de la Multisectorial de Mujeres de Salta, La Fuerza de Las Mujeres y la Unión de Inquilinos e Inquilinas de Salta.

La referenta de la organización, María Alanis, dijo que los legisladores firmantes de este proyecto pretenden que se "sancione al pobre" que toma terrenos mientras el gobierno provincial no da solución al problema del acceso a la vivienda. Señaló que a nivel país y en la provincia quienes cobran mayormente la AUH son mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Según datos de la ANSeS, "casi el 93% de titulares que reciben el beneficio son mujeres". Alanis también indicó que el 60% de los niños y niñas en la provincia se encuentra bajo la linea de pobreza y que el Ingreso Familiar de Emergencia sirve para que trabajadores y trabajadoras informales puedan paliar la situación de pandemia.

Sostuvo que en las tomas de la zona sur de la ciudad de Salta hay más de 800 niños y niñas, según un censo realizado por las personas asentadas, ya que el gobierno no hizo ningún relevamiento.

Alanis también es referente de ADIUNSa, el gremio que reúne a los docentes de la Universidad Nacional de Salta. Contó que junto a la organización de derechos humanos Coca Gallardo visitaron el asentamiento Ampliación Parque la Vega y San Calixto esta semana, fueron a dejar donaciones de mercadería luego de la represión policial que sufrieron en la toma, y relevaron las condiciones que llevaron a la gente a asentarse en ese lugar. 

"El contexto social y económico se agudizó con la pandemia, que dejó a miles sin sus magros ingresos económicos que les permitían alquilar. Eso se sumó al grave déficit habitacional que sufre la provincia, donde hacen falta al menos 70.000 viviendas para posibilitar que cada familia cuente con un techo digno", manifestaron desde la organización.

En la toma, hay muchas mujeres con sus hijos e hijas, algunas de ellas fueron entrevistadas por Salta/12. Varias son sobrevivientes de violencia de género y contaron que han escapado de hogares donde convivían con sus agresores, otras dijeron que tenían trabajos no registrados como mozas en restaurantes o realizando el servicio de limpieza en casas particulares y fueron despedidas durante la cuarentena. Muchas son vendedoras ambulantes, y se vieron afectadas por la imposibilidad de realizar sus actividades durante el período de aislamiento. Las condiciones de hacinamiento también han dificultado la convivencia en los hogares donde vivían varias familias.

"Sabemos lo que son algunos diputados como Suriani, antiderechos y antipopular", expresó Alanis. "Nos ha molestado que Varg, una persona que se dice cercana al colectivo feminista, la he visto en el Ni una Menos, salga con esta postura tan antifeminista", expresó la referenta.

Consultada por Salta/12, la diputada Varg sostuvo que la "toma ilegal de tierras es un delito". "No desconozco ni niego que la lucha de las mujeres, es nuestra bandera y como tal la sostengo. Como tampoco desconozco que son las mujeres y nuestros niños y niñas quienes más sufren la vulneración de derechos. Pero una cosa muy distinta, es que como en este caso de la toma, sean utilizadas como objetos para reclamar una necesidad básica como es la tierra o una casa", afirmó la legisladora. Para Varg, las tomas son "reclamos realizados violentamente y en contra del estado de derecho".

La diputada consideró que al Gobierno nacional "progresista" también le está costando dar respuestas a los reclamos ante los asentamientos. "El camino para garantizar derechos no es a través de la comisión de un delito, sea quien sea el que reclame", manifestó. 

Para Varg, la lucha debe ser por el "camino de la legalidad", "¿por qué debemos rebajarnos a seguir implementando prácticas machistas y patriarcales de apriete, del todo o nada?", expresó. "Cuando se reprime, a quienes se pone en la primera línea como carne de cañón son justamente a esas mujeres, niños y niñas que merecen un trato digno. Cuando hablamos de lucha feminista siempre ha sido desde el lugar del consenso y reclamo legítimo. ¿Por qué ser cómplices de la ilegalidad?", añadió.

Ante la interpelación que se le hizo, la diputada dijo que su función es "generar marcos legales". Consideró que "no es la mediación la solución correcta" de parte de la Justicia y que sí lo es la intervención del juzgado correspondiente "que actúe de acuerdo a derecho, sancionando a quienes hayan ejercido la fuerza como medio de represión, y sería muy interesante sancionar también, a aquellos que fogonean este tipo de tomas creyendo llevar para su espacio político, agua para su molino".

Alanis cuestionó que no haya sanciones para los sectores de poder cuando realizan ocupaciones de tierras en la provincia, citó como ejemplo a los grandes empresarios que avanzan sobre territorios de los pueblos originarios para plantar soja en el norte. También planteó que la provincia donó terrenos a la Iglesia Católica o a escuelas privadas, mientras no tiene la misma respuesta ante el déficit habitacional de los sectores vulnerables.

Para la referenta, esta propuesta legislativa, es parte "de la política represiva" del gobierno salteño. "La situación de la vivienda es acuciante en toda la provincia, una declaración de este tipo legitima el uso de la fuerza para sacar a la gente. Y si no pueden hacer uso de la fuerza, pretenden castigarlos quitándoles el poco ingreso que puedan tener por las políticas nacionales", manifestó.