Las mujeres de la Cooperativa Textil Doña Tradición, del municipio de Coronel Juan Solá, también conocido como Morillo, denuncian que su actual intendente, Atta Miguel Gerala, incumple con la firma de un comodato que les permitía desempeñar su trabajo hasta diciembre de este año. El edificio pertenece al municipio y el 2 de septiembre el jefe comunal dio un aviso informal de desalojo a la presidenta de la Cooperativa. Además, cercó el ingreso y entró de manera ilegal al espacio, que está cedido en comodato.
Desde el Ministerio de Producción de Salta se está “mediando” para llegar a un acuerdo entre ambas partes. Conforme a un proyecto aprobado en 2019, en el Concejo Deliberante de la localidad, el espacio que ocupa la Cooperativa sería destinado para una futura Casa de la Cultura. El lugar antes era un baldío.
La presidenta de la Cooperativa Doña Tradición, Noelia Freyre, dijo que el accionar de Gerala “significa una vulneración a nuestros derechos como mujeres” y el “no reconocimiento de lo que es la Cooperativa”. “No nos reconoce como trabajadoras autogestionadas”, lamentó. Por eso consideró que lo que están viviendo es un “atropello”. Ayer las mujeres fueron a cubrir con plásticos toda la maquinaria aguardando alguna solución.
“Aún no tenemos una respuesta por parte del municipio”, contó la trabajadora después de pasar una odisea junto a sus compañeras en los últimos días. Indicó que Iván Palmier, actual director de Cooperativas de la provincia, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción, se comunicó el viernes a la noche y les dijo que “estaba haciendo lo humanamente posible”. “Él nos está acompañando”, expresó Freyre.
La Cooperativa, que se inició en 2012, tenía contrato para usar el espacio municipal hasta 2021, acuerdo que se pactó con la gestión de Marcela Carabajal, quien era intendenta en ese tiempo y fue la única que intercaló durante cuatro años los más de 20 que ya lleva Gerala al frente de la Municipalidad de Coronel Juan Solá.
Son 15 mujeres, entre campesinas y originarias, las que trabajan en el lugar y que desde agosto de 2019, con el inicio de la presidencia de Freyre, se pusieron a disposición del municipio para colaborar. Incluso durante la pandemia realizaron donaciones de barbijos, camisones y cofias para el hospital de la localidad.
Quien también se comunicó con las mujeres fue el secretario de Industria, Comercio y Empleo de Salta, Nicolás Avellaneda. En diálogo con Salta/12, el funcionario sostuvo que “es un problema entre la Cooperativa y el intendente Gerala”. “Hay un desacuerdo y efectivamente tenían un convenio para estar hasta principios de diciembre y no se está respetando eso”, indicó.
Afirmó que junto al ministro Martín De los Ríos están "tratando de llegar a un acuerdo”. Contó que dialogaron con el intendente y éste les dijo que “les iba a ofrecer otro lugar”, pero el problema “es que no tiene (luz) trifásica y en esa zona no es que en cualquier lugar hay”. Efectivamente, ese es el principal problema que afrontan las mujeres en el caso de trasladarse. En Coronel Juan Solá no hay muchos espacios que tengan una instalación eléctrica apropiada para el tamaño de las máquinas industriales.
Avellaneda aseguró que el lunes distintos funcionarios de Ministerio viajarán hasta Morillo para hacer un inventario de los equipos, saber la situación en la que están las cooperativistas y “ver en qué podemos asistir y ayudar”. Este medio intentó contactarse con el actual jefe comunal, pero no obtuvo respuesta.
El inicio de la odisea
Freyre contó que en febrero de este año recibieron una notificación por parte de la actual gestión para desalojar el espacio. Esto se debió a la aprobación de un proyecto en el Concejo Deliberante a fines de 2019. Según consta, en ese lugar se quiere construir un espacio cultural por una iniciativa que envió la gestión municipal.
Ante ello, interviene Palmier. El secretario “colabora en la mediación y se labra un nuevo comodato que entraba en vigencia desde el 1 de abril con una caducidad de nueve meses”, es decir, diciembre de 2020, relató Freyre.
Sin embargo, el 2 de septiembre un trabajador municipal fue al establecimiento y pidió hablar con la presidenta. “Me pidió la llave del lugar y yo le pregunto quién lo mandó. Él me responde que el intendente”, narró Freyre, quien le indicó al empleado que necesitaba una nota formal “para saber quién se va a ser responsable de la llave porque nosotras tenemos máquinas y plata allí guardada”.
La respuesta a esa solicitud fue un mensaje de voz de WhastApp en el que le indicaron que debía “arrimarse para la muni”. “No creí conveniente hacerlo porque no correspondía”, sostuvo la trabajadora.
Al día siguiente, cuando fueron a su lugar de trabajo las cooperativistas se encontraron con que “estaba vallado el edificio con cintas que decían 'Peligro'”. “Comienzo a indagar con los vecinos y nos dijeron que ayer lo cerraron”, describió Freyre. Ante el hecho, las mujeres fueron al edifico municipal, pero no fueron recibidas.
Las cooperativistas informaron de la situación a Palmier. A las 13 de ese mismo día, ingresaron al espacio de la cooperativa en compañía de policías. Freyre sostuvo que al entrar vieron "que habían ingresado de forma ilegal al lugar porque no tuvieron nuestra autorización”. “Falta una parte del dinero que era entre 3 mil o 4 mil pesos”, sostuvo. Las mujeres intentaron denunciar este hecho, pero en la Comisaría no se la quisieron tomar.
El viernes último Freyre recibió en su teléfono celular fotos del propio intendente Gerala en el lugar. “A nosotras nos habían dicho que él volvía a las 15 de Salta, pero él a las 9 ya estaba ahí”, cuestionó la presidenta. Tres mujeres se movilizaron hasta la sede cooperativa, pero no encontraron a nadie. “Era el intendente, su secretario y un trabajador más”, manifestó.
Freyre afirmó que se estaba incumpliendo el artículo 8 del comodato, que indica que la gestión municipal podrá pedir el inmueble, pero en un plazo no mayor a tres meses de anticipación. Gerala lo hace con cuatro meses y de manera informal. Las cooperativistas intentaron nuevamente hablar con el intendente, pero no las recibió y en la Municipalidad les ratificaron que debían buscar otro lugar.
“Nosotras les dijimos que si eso querían, lo hacíamos, pero debían respaldarnos el alquiler y garantizar el traslado de las máquinas”, dijo Freyre. Desde la Municipalidad accedieron a esos pedidos. Sin embargo, la presidenta reiteró: “si quieren que hagamos eso, necesito un papel escrito por parte del municipio porque el compromiso de boca no tiene validez”.
Ese mismo día desde la Secretaría de Trabajo de Salta les pidieron “tranquilidad y nos dicen que ellos ya estaban trabajando junto a (el Ministerio de) Producción" y les sugirieron que "no teníamos que seguir manifestándonos". Sin embargo, decidieron seguir con la difusión.
