Amparo del Gobierno contra sanatorios y obras sociales

Un fiscal pidió información precisa sobre la desatención a enfermos de covid

El representante del Ministerio Público consideró que el amparo de la provincia resultó “genérico e indeterminado”, además de no detallar “los hechos que lo motivaron”.
Ramiro Ramos Ossorio Ramiro Ramos Ossorio Ramiro Ramos Ossorio Ramiro Ramos Ossorio Ramiro Ramos Ossorio 
Ramiro Ramos Ossorio  

El fiscal penal de turno Ramiro Ramos Ossorio solicitó que en el marco del amparo presentado por la Fiscalía de Estado de Salta en contra de clínicas y hospitales privados de la provincia se soliciten datos precisos sobre la saturación del sistema de Salud. Pidió además el listado de obras sociales y empresas de medicina prepaga que hubieran denegado la cobertura o el acceso al servicio de salud privada a sus afiliados.

Ramos Ossorio tiene que emitir un dictamen sobre el amparo de la Provicia, pero antes de expedirse sobre si corresponde o no hacer lugar al planteo del gobierno provincial, se pronunció ante el Juzgado de Garantías señalando que para acreditar la situacion sanitaria actual “corresponde requerir e incorporar los informes solicitados que permitan evaluar la incidencia de las derivaciones de pacientes con diagnóstico positivo para COVID al sector de salud pública promovidos indebidamente –al decir de la Fiscalía de Estado- desde clínicas o institutos de salud privados”.

También pidió que sean los prestadores del sector privado quienes a su vez remitan el listado de las obras sociales o servicios de medicina prepaga que denegaron la cobertura o el acceso al servicio de salud privada. Todo esto, para que se acredite la saturación que, según la descripción de la Fiscalía de Estado, hay en el sistema de salud salteño.

La Fiscalía de Estado de la provincia solicitó al juez de Garantías Ignacio Colombo que “se condene (al sector de salud privado) al efectivo cumplimiento de prestaciones y asistencia médica a pacientes con la enfermedad coronavirus (COVID) en el ámbito de la Provincia de Salta, en los términos y las condiciones en que debe brindarse cobertura en relación a aquella enfermedad en sus establecimientos, de manera tal de garantizar el derecho a la salud, de incidencia colectiva sobre la población”. 

Junto a este pedido solicitó una medida cautelar anticipada que Colombo resolvió a favor del gobierno provincial. Para ello, la Provincia adjuntó un listado de los hospitales y clínicas privadas que operan en la provincia y un informe del COE (Comité Operativo de Emergencia) referido a la situación de emergencia epidemiológica en el ámbito del servicio de salud pública provincial.

Sin embargo, para Ramos Ossorio, el amparo es genérico e indeterminado y no brindó precisiones sobre los hechos que lo motivaron. Advirtió que tampoco se adjuntaron pruebas que acrediten los incumplimientos que se atribuyeron a las clínicas y sanatorios del sector privado de la provincia. Por su parte, clínicas, sanatorios y hospitales privados solicitaron a través de un comunicado que la Provincia especifique cuáles son las instituciones que incumplieron con la atención a los pacientes.

En su dictamen, el fiscal también solicitó que la Fiscalía de Estado “adjunte datos oficiales que acrediten en forma satisfactoria si efectivamente existe una ‘saturación’ deliberada del sistema de salud, generado a la luz de la sistemática omisión de las demandadas en brindar cobertura y asistencia a pacientes afiliados a diferentes obras sociales”, pues entendió que se debe corroborar que hubo personas que asistieron a esas instituciones y fueron derivadas a instituciones públicas, lo que fue manifestado por la Fiscalía de Estado, pero no acreditado en el amparo, en opinión de Ramos Ossorio.

En ese sentido consideró “indispensable acompañar un listado de ciudadanos incluidos en dicho diagnóstico, con los datos de la obra social que rechazó brindar cobertura, la clínica o instituto privado que omitió prestar asistencia sanitaria, y el periodo temporal en que dicho ciudadano o ciudadana permaneció bajo la órbita de asistencia primaria del servicio de salud pública provincial”, datos que entendió que aún en la situación de emergencia sanitaria vigente son susceptibles de ser acreditados. 

Sostuvo que con estos datos se podrá determinar cuáles clínicas o sanatorios de las demandadas prestaron o no servicios y con qué cantidad de internados cuentan cada una de ellas, “lo que a su vez deberá ser ponderado en función de su capacidad técnica-operativa”.

El fiscal también solicitó que los sanatorios informen e individualicen a las obras sociales o prepagas que no estuvieren dando cumplimiento a sus obligaciones prestacionales.

Finalmente, señaló el momento histórico por el que atraviesa el sistema de salud y el propio Estado provincial, “debiendo en su caso, tender a aportar soluciones o propuestas superadoras en forma mancomunada desde todos los sectores (público y privado) que aspiran a procurar el bienestar general de la sociedad, incluyendo al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal”, todo en aras de salvaguardar el derecho a la salud de todos los habitantes de la provincia.

Y en este marco resaltó la acción conjunta desarrollada entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, que firmaron un acuerdo que permite entregar en comodato 167 respiradores, bombas de infusión y monitores multiparamétricos a las clínicas privadas de la jurisdicción. Además, en el marco de este convenio se creó un Fondo Nacional de Equidad en Salud de alrededor de 700 millones de pesos para financiar la cobertura de internación de pacientes con covid-19.

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