La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en sus redes sociales a la decisión judicial de anular los procesamientos del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel en la causa por irregularidades en los peajes.

"AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios", escribió CFK y compartió la tapa de Página/12 sobre el tema. 

La designación de Leopoldo Bruglia, al igual que la del juez Pablo Bertuzzi, es cuestionada por el irregular mecanismo de traslado utilizado por el macrismo. Ambos integraron el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Juntos por el Cambio busca evitar que el Senado revise sus designaciones.

"Bruglia es el de barbita. El de al lado de pelo blanco se llama Martín Irurzun y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del 'poder residual', agregó la expresidenta al comentar la foto que fue tapa de este diario.

Y continuó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?".


Procesamientos revocados

Bruglia e Irursun revocaron los procesamientos de los funcionarios macristas con un argumento técnico: afirman que los imputados no tuvieron acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagados, pese a que las habían requerido. 

Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, el juez Rodolfo Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Para el magistrado existió un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía el 7 por ciento del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado.