Las cámaras y micrófonos colocados en la cárcel de Ezeiza no son las únicas evidencias del espionaje practicado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre los exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios presos. Así como los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tuvieron su grupo de WhatsApp llamado “Super Mario Bros” para enviarse fotos, videos y partes de inteligencia, los espías del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tenían el suyo, con un nombre tan bizarro como cinematográfico: “Círculo de confianza” se llamaba. Allí intercambiaban información sobre los detenidos emblemáticos y hacían un monitoreo constante sobre las figuras del mundo de la política que iban a visitarlos. Es un dato clave que vuelve a abonar la hipótesis de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide de que el espionaje estuvo motivado por razones e intereses políticos, y ése es uno de los aspectos determinantes de su ilegalidad. En los últimos días algunas personas que estuvieron privadas de su libertad testificaron ante los fiscales. Sus relatos refuerzan esa teoría.
El grupo “Círculo de confianza” estaba integrado por agentes del sector de inteligencia del SPF, conocida también como Área 50, que tiene su base en una casa del barrio de Flores. Entre sus miembros activos figuraba el exjefe de aquella dependencia, Cristian Suriano, que participaba con cuatro teléfonos distintos del grupo. También estaba Juan Carlos Silveira, quien supo ser su segundo en esa Dirección de Análisis de la Información --ése era su nombre formal-- antes de que lo trasladaran a la Dirección de Seguridad del SPF. Ambos están imputados en el expediente y este hallazgo complica su escenario judicial. El resto de los números se sabe que pertenecían a la flota de la Dirección Nacional del SPF, pero recién se están comenzando a cotejar sus usuarios. Por las características de algunos celulares, la hipótesis es que en el grupo participaban integrantes del área de inteligencia que estaban desperdigados por todo el país. Los miembros del “Círculo de Confianza” de Suriano eran, en total, 26.
Para fines de 2016 ya estaba en pleno funcionamiento el tan promocionado sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), donde la gestión de Cambiemos alojaba a los funcionarios y empresarios kirchneristas que caían presos. Para los fiscales, el espionaje en las cárceles se montó sobre una estructura de apariencia legal como el IRIC. El papel de SPF en el espionaje, tratándose de una estructura dependiente del Ministerio de Justicia, pone a la vista cuán involucrado estaba el propio Poder Ejecutivo en las causas contra exfuncionarios y sus aliados, más allá de que en algunos casos hubieran estado realmente comprometidos en delitos contra la administración pública y que en otros fueran verdaderos expedientes armados.
A diferencia del Super Mario Bros, donde los espías de la AFI compartían comentarios de todo tipo, en “Círculo de Confianza” no había lugar para grandes charlas. En general, se intercambiaba información de inteligencia y, si se informaba la visita de algún político para los presos, se compartían datos sobre esta persona. Políticos de primer nivel solían concurrir a Ezeiza a interiorizarse de las causas. Por ejemplo, el exfuncionario de Planificación Federal Rafael Llorens declaró, al momento de constituirse como querellante, que el actual presidente Alberto Fernández fue a verlo en diciembre de 2018.
La mecánica del monitoreo
En la causa figuran dos testigos de identidad reservada, presumiblemente integrantes o exintegrantes del SPF, que dieron detalles asombrosos de la mecánica del espionaje sobre quienes estaban alojados en los pabellones IRIC. El segundo testigo contó cómo funcionaba el centro de monitoreo que habían armado en la casa del Área 50 de la calle Varela 266, con pantallas gigantes, desde donde debían ver y registrar cualquier novedad. Habló de las distintas cámaras instaladas en celdas y en lugares comunes, pero una mención es especialmente interesante a la luz de lo que va surgiendo con el grupo de WhatsApp y la vigilancia sobre las visitas. Había una cámara enfocada hacia la sala de visitas o la sala de abogados, relató.
El otro dato relevante es la existencia de otro grupo de WhatsApp que probablemente fuera el que nutría al “Círculo de Confianza” de Suriano. Se llamaba “Monitoreo” y allí reportaban todas las novedades que aparecían mientras miraban a los presos. “Silveira era la persona que más interesada se mostraba en organizar las actividades del monitoreo”, declaró el testigo. Silveira era posiblemente el nexo entre los dos grupos.
Los fiscales imputaron a seis altos funcionarios del SPF por la trama del espionaje penitenciario. Además de Suriano y Silveira, están el exdirector del SPF Emiliano Blanco, el exdirector de Asuntos Internos Miguel Ángel Perrotta, el exasesor y mano derecha de Blanco, Fernando Carra, y un hombre que se presentaba como su chofer de nombre Sergio Ducal. Tanto Carra como Ducal paradójicamente revistaban en el área de Promoción de los Derechos Humanos. Después de una serie de allanamientos ordenados el mes pasado, también se complicó la situación de dos colaboradores de Blanco, Carlos Marchese y Fernanda Koser, a quienes testigos señalaron como quienes ayudaron al funcionario a vaciar sus oficinas antes de formalizar su renuncia al SPF.
Según la fiscalía, Blanco recibía informes de lo que sucedía en el IRIC de distintas áreas, pero fundamentalmente de Suriano --que se ocupaba de las cámaras y de los micrófonos-- y de Perrotta --se ocupaba de infiltrar celadores para saber qué pasaba--. Después quedaba en manos del director nacional decidir con quién compartía esa información. PáginaI12 reveló que, de hecho, la AFI y el SPF firmaron un convenio de cooperación el 8 de junio de 2018, que acaba de ser anulado (ver aparte).
Para esa época ya se había integrado Alan Ruiz a la AFI con la intención de convertirse en director de Operaciones Especiales. Ruiz había conocido a Suriano a través de Jorge Sáez, otro agente de la AFI que había pasado por el área de Inteligencia del SPF. Ruiz y Sáez solían visitar a Suriano en la casa de la calle Varela 266, pero también organizaban visitas con otros agentes al penal de Ezeiza. Dos exintegrantes de la AFI declararon ante la Justicia haber ido al IRIC a ver a los políticos que estaban detenidos. Otro exagente contó que Ruiz se había hecho con un bibliorato con fichas penitenciarias de los funcionarios y empresarios privados de su libertad. En el teléfono de otro de los imputados, Leandro Araque, encontraron un listado Excel con el detalle de presos a monitorear por la banda que comandaba Ruiz. La nómina estaba ordenada como un semáforo según el nivel de importancia que le asignaba la propia AFI.
Un grupo de exdetenidos y abogados declararon ante los fiscales en las últimas dos semanas. Sus relatos pusieron al descubierto la modalidad que adquirió el espionaje carcelario durante el macrismo: el traslado de presos de alto riesgo como el acusado narco Mario Segovia como excusa para monitorear a los políticos, escuchas desde los teléfonos públicos, supuestas obras en el pabellón para vigilarlos de cerca y penitenciarios que se interesaban por sus causas. Entre otros ya declararon Rafael Resnick Brenner, José María Olazagasti, Jorge Chueco, Cristóbal López, Daniel Pérez Gadín, Fernando Esteche, Roberto Baratta y el exvicepresidente Amado Boudou, que en los próximos días ampliará su declaración según confirmó a este diario su abogado Alejandro Rúa, que también brindó su testimonio en la causa junto con su colega Graciana Peñafort.
Algunos exdetenidos relataron que Carra era quien solía acercarse para interesarse por sus necesidades, lo que luego daba pie a una presunta extorsión. Otros, como Olazagasti, contaron que les reclamaban que “reconocieran los hechos para resociabilizarse”. Reconocer los hechos sería, en otras palabras, “arrepentirse” --la figura favorita del macrismo--. Esa declaración se condice con el testimonio explosivo que dio el primer testigo de identidad reservada. “El objetivo central del ablande de los detenidos, es decir, volverlos arrepentidos tenía como finalidad brindar testimonios que comprometan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner."
El capítulo penitenciario recién se está escribiendo en Lomas, dará pie a más descubrimientos y derivará inevitablemente en indagatorias. Con los otros episodios que se ventilan en esa causa y en otras que tramitan en Comodoro Py y en Dolores trazan un panorama de cuán siniestramente extendido estuvo el espionaje durante el macrismo.
El convenio cancelado
Después de que Página|12 revelara la existencia de un convenio entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) firmado durante el macrismo, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, firmó una resolución dando de baja el acuerdo de cooperación con el organismo dependiente del Ministerio de Justicia. “La custodia de los procesados y la misión de resocialización de los condenados que se encuentran alojados en establecimientos dependientes del SPF no hallan punto de encuentro alguno con las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia”, explicó Caamaño en su resolución. “Esta facultad de celebrar convenios con otras instituciones tiene como condición legal que sean ‘de ayuda’ o utilidad para las funciones asignadas al organismo, mas no para la violación de garantías constitucionales de los ciudadanos que se encuentran intramuros como tampoco de aquellos que viven en libertad”, agregó. En los tribunales federales de Lomas de Zamora se investiga la articulación de la AFI con el SPF e incluso con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde se “cableó” una alcaidía. Desde el SPB también informaron a los fiscales que llevan la investigación que no encontraron registro de un convenio similar al que la AFI había firmado con el SPF.
