Denuncian que un barrio cerrado cerró el camino de acceso a una comunidad mapuche

Bariloche: conflicto de tierras en un country VIP

Arelauquen es uno de los barrios cerrados más selectos de la Patagonia. El Lof Quijada denuncia que creció sobre sus tierras. Ahora, no le permiten ni el ingreso de ambulancias. Amnistía Internacional denunció el hecho.
De un lado un country, del otro una comunidad mapuche.De un lado un country, del otro una comunidad mapuche.De un lado un country, del otro una comunidad mapuche.De un lado un country, del otro una comunidad mapuche.De un lado un country, del otro una comunidad mapuche.
De un lado un country, del otro una comunidad mapuche. 
Imagen: Euge Neme

El poderoso barrio privado Arelauquen Golf & Country Club, de Bariloche, fue acusado de avanzar sobre las tierras que desde hace generaciones trabaja y vive la comunidad mapuche Quijada. “Nos tienen encerrados como animales”, denunció la lonko de la comunidad, Luisa Quijada, que advirtió sobre una nueva arremetida de la empresa. Amnistía Internacional destacó el caso en un informe de agravamiento de conflictos territoriales durante la cuarentena.

“Un lugar para vivirlo todo”, es el eslogan del selecto complejo Arelauquen Golf, 780 hectáreas exclusivas sobre Lago Gutiérrez. Mansiones, hotel cinco estrellas, lanchas y veleros, restaurant gourmet, campo de golf de “categoría internacional”, dos canchas de polo, de tenis y squash, seguridad 24 horas con “doble y triple alambrado perimetral” y helipuerto.

Las fotos muestran paisajes de postal. Montañas nevadas, cerros arbolados y un lago azul. Está ubicado en la ruta 82, a sólo 15 kilómetros del centro de Bariloche.

El country comenzó su instalación en 2007, un siglo más tarde que la comunidad mapuche Lof Quijada. Cuando el barrio cerrado llegó a territorio mapuche ya estaba vigente el artículo 75 de la Constitución Nacional, el Convenio internacional 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160, todas normativas que protegen los derechos de los pueblos indígenas. La comunidad denuncia ahora que la empresa, de capitales belgas (Grupo Burco --Belgian Urban Renovation Company--), se apropió de 30 hectáreas, incluido el cementerio mapuche.

También sostiene que el complejo cerró el camino llamado de “los álamos”, que es la única vía directa que comunica las rukas (casas) con la ruta y la ciudad.

En una estrategia común de empresarios, cuando no pueden desalojar comunidades, el “encerrarlas” o dejarlas sin acceso a lo básico: agua, alimentos, salud, escuela. Es la forma de que, en mediano plazo, las comunidades tengan que abandonar su territorio.

El Lof Quijada desde hace trece años exige que se respeten sus derechos. Presentaron decenas de pedidos a la Municipalidad de Bariloche, al gobierno de Río Negro y a diferentes gestiones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Nadie les dio respuesta; que es lo mismo que beneficiar al country Arelauquen.

Luisa Quijada, lonko de la comunidad, resumió: “Tenemos leyes a nuestro favor, vivimos en este territorio desde hace mucho, mucho, pero ellos tienen dinero, políticos, jueces y policías de su lado”. Difundió fotos de la travesía de horas que deben realizar para llegar a su casa: subir tres kilómetros por el cerro, en gran pendiente, acarreando bolsones de alimentos y otros insumos básicos. “Todo porque no nos abren el camino, no permiten entrar vehículos, ni siquiera ambulancias. Nos tienen encerrados como animales”, denunció. La situación empeora en invierno, cuando se acumula hasta un metro de nieve y subir el cerro se vuelve casi imposible.

En junio pasado, en plena cuarentena por la covid-19, en Bariloche nadie podía circular y solo estaban autorizados los trabajos esenciales. La comunidad denunció que el barrio privado avanzó con nuevos desmontes y alambres sobre el territorio comunitario. El caso fue registrado en un informe especial de Amnistía Internacional, titulado “las comunidades indígenas y el impacto de la covid-19”, donde detalla violaciones de derechos indígenas en tiempos de coronavirus y precisa el accionar del country Arelauquen.

La comunidad Quijada fue relevada en el marco de la Ley Nacional 26.160 (de Emergencia Comunitaria Indígena), pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aún no les remitió la carpeta que cuenta con toda la información. La lonko estimó que durante estos trece años el barrio privado les usurpó más de treinta hectáreas a la comunidad. “En estos días de pandemia, Arelauquen aprovecha para consolidar el despojo de nuestro territorio comunitario. Nos encierran, nos empobrecen, ponen en riesgo nuestra subsistencia”, denunció el Lof Quijada.

El Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Gemas) es un colectivo de investigadores de diversas disciplinas (antropología, historia, psicología social y comunicación) de cuatro universidades (Buenos Aires, Río Negro, De la Patagonia San Juan Bosco y de Córdoba). En junio pasado publicó un informe detallado titulado “La historia de la Lof José Celestino Quijada”.

Junto con la comunidad, reconstruyeron la historia desde 1850; incluso describen cómo integrantes de la comunidad fueron víctimas de las campañas militares de los estados de Argentina y Chile sobre el Pueblo Mapuche. Precisan que durante las décadas del 80 y 90 del siglo XX, ya en democracia, la comunidad sufrió un despojo territorial por parte del Ejército, que avanzó sobre tierras del Lof. Parte de esas hectáreas fueron otorgadas luego a privados, entre ellos el Centro de Ski Nórdico y Arelauquen Golf & Country Club.

“Gerentes, propietarios rurales, empresarios, jueces, abogados, ministros y otros inversores son quienes actualmente componen el directorio de Arelauquen (...) Esta empresa se apropió de un sector significativo del territorio mapuche. Arelauquen alambró por la fuerza, puesto que cualquier tipo de defensa por parte de las familias mapuches era reprimida por la policía”, describe el escrito de los investigadores del Grupo Gemas. Remarcan que el cierre del camino impide que la comunidad pueda transportar animales, forraje y leña, indispensables para la vida familiar. “No darles la servidumbre de paso y dejar a una comunidad aislada es una de las prácticas más desiguales de despojo”, denunciaron los investigadores del Conicet y alertaron sobre la violencia permanente contra la comunidad, tanto de la seguridad privada del country como de la policía de Río Negro.

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