La Corte Suprema les dio una pésima noticia a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: en una resolución de cinco líneas les dijo que no opinará por ahora sobre su situación, lo que implica que el tribunal dejará que el Senado avance con la decisión, prevista para hoy, de rechazar sus designaciones por el mecanismo que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para trasladarlos desde el Tribunal Oral Federal 4 a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py sin que pasaran por un concurso ni por el Congreso para obtener el “acuerdo” que prevé la Constitución.
Bruglia y Bertuzzi habían presentado un “per saltum” en un intento de obtener el respaldo supremo para frenar la revisión de sus nombramientos, y el lunes por la noche le pidieron a la Corte su “inmediata intervención”. La respuesta fue “téngase presente”, algo que en la jerga judicial se traduce como un desaire que, además, significa que los supremos avisan que se quedarán con la última palabra sobre esta polémica que envuelve a los nombramientos de jueces a dedo.
“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine. Notifíquese”. Ese es el texto que firmó en forma remota, de manera digital el tribunal en pleno: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Los cortesanos podrían no haber dicho nada, pero eligieron decir algo y mandar un mensaje. Como queda a la vista, no aceptaron ni rechazaron el “per saltum” de los camaristas atrincherados pero dejan entrever que tendrían la posibilidad de expedirse por otro camino: el amparo de Bruglia y Bertuzzia que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no resolvió, y la cuestión de fondo que llegaría al máximo tribunal por un recurso extraordinario en las próximos diez días.
Hasta ahora ambos camaristas cosecharon todas sentencias en contra, en primera instancia la jueza Ana María Biotti les rechazó el amparo y la Cámara les negó un pedido de medida cautelar para frenar el procedimiento del Senado. Por la misma senda va el juez Germán Castelli, trasladado desde un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los cuadernos: la jueza Macarena Marra Giménez rechazó una medida cautelar para impedir la revisión de su nombramiento. “Si me quieren sacar, que me saquen a los empujones”, estalló Castelli por televisión.
Para la Corte es una jugada política mostrar que se queda con un as en la manga en momentos en que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo debate su posible reforma, ya sea de composición o mecanismos. El asunto de los traslados de jueces les otorga una herramienta de negociación. En la noche del lunes, Bruglia y Bertuzzi hicieron una nueva presentación ante los supremos para plantear un “nuevo hecho”: que el Senado había convocado a sesión para este miércoles y que el orden del día incluye la votación de un dictamen de la comisión de Acuerdos que propuso rechazar sus traslados, al igual que el de Castelli, después de que se ausentaran a la audiencia pública a la que habían sido convocados el viernes 4 de septiembre. Ese faltazo les jugó en contra y fue uno de los argumentos que dio sostén a la propuesta de dejar sus traslados sin efecto y que deban volver a sus cargos de origen. Tampoco los benefició que otros siete jueces y juezas cuyos traslados están bajo revisión, fueron a la audiencia a responder preguntas, que es un modo de validar el proceso. Pero el dúo de camaristas insistió en implorar a la Corte “su inmediata intervención”, que no obtuvieron. Hasta unos días antes conservaban interlocutores del cuarto piso (ahora algo virtual) del Palacio de Justicia, pero ya esta semana nadie les respondía.
Los traslados a dedo
El mecanismo de trasladar jueces o juezas de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos. La discusión sobre cómo utilizó esa herramienta el gobierno de Macri se remonta a los inicios de esa gestión y generó peleas dentro del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría de Cambiemos lo facilitaba. Este año, a raíz de un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el plenario del Consejo resolvió por mayoría, después de analizar 38 traslados, que 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque debieron haber pasado por el acuerdo del Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018. Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. Funcionarios supremos que trabajaron en esos textos aseguran ante la consulta de Página/12 que esas disposiciones son clara y que los tres jueces en cuestión debieron pasar por el Senado. En aquel entonces, por ejemplo, Carlos Mahiques, exministro de justicia de María Eugenia Vidal, que se había movido de la Cámara de Casación ordinaria a la Federal, asumió el trámite de obtener el acuerdo del Senado. La Corte señaló, como base de todo, que los traslados sólo podían ser “excepcionales” y que el mecanismo constitucional previsto en el artículo 99 inciso 4, dice que la designación de jueces/zas incluye “la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado” en una sesión pública.
La disposición del Consejo que objetaba diez traslados fue notificada al Ejecutivo y también a la Corte. El primero envió todos los nombres y pliegos al Senado con la idea de que fueran revisados y en los casos que el cuerpo considerara se completara el trámite de designación para los traslados definitivos. Fue ahí que la Comisión de Acuerdos convocó a audiencia pública a las personas cuestionadas. La oposición intentó centrar la discusión en la teoría de que el oficialismo quiere cargos en la Cámara Federal para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, cuando es sabido que sus causas ya pasaron por ese tribunal (con muchos resultados adversos durante el macrismo) y que ahora, al revés, la preocupación está puesta en las causas de corrupción del gobierno de Macri.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli consideran que ellos ya tienen un derecho adquirido, que no hacía falta el acuerdo del Senado, que sus nombramientos están firmes y consentidos. Por eso iniciaron causas judiciales y se negaron a ir al Senado, cuya convocatoria tildaron de ilegal. En la comisión de Acuerdos, la oposición se ausentó utilizando los mismos argumentos de los magistrados cuestionados. Pero el oficialismo tiene mayoría y dictaminó por enviar rechazos a sus traslados al recinto.
De vuelta a casa
Diga lo que diga la Corte en un futuro, los tres jueces atornillados no consiguieron parar el proceso del Senado con una medida judicial. Una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta, bastará para que sus traslados sean rechazados y deban volver a sus puestos originales. Lo más probable es que ese procedimiento se complete con un decreto del Poder Ejecutivo y, discuten los expertos, si debe pedirles que se retiren alguien más, ya sea el Consejo o el tribunal que tiene superintendencia sobre ellos, que sería la Cámara de Casación Penal Federal. Los medios alineados con la oposición interpretan este hecho como una ofensiva kirchnerista para desplazar jueces. Lo cierto es que la historia deja en claro que en un comienzo lo que hubo fue una ingeniería macrista para tener bajo control cargos claves.
La semana pasada el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hizo declaraciones en La Nación en las que deslizó que el tribunal trataría el per saltum y que tendría la palabra final. Luego el diario Clarín interpretó que abriría el per saltum de Bruglia y Bertuzzi, que es un salto de instancias ante una situación de gravedad institucional. Rosenkrantz, el supremo más afín a Juntos por el Cambio, no cosechó aliados para abrir esa instancia extraordinaria y se impuso al postura, como anticipó este diario, de dejar hacer al Senado y guardarse una carta, ya que llegará el recurso extraordinario o los mismos jueces podrán iniciar otras acciones o denunciar hechos nuevos tras la decisión del Senado.
Hubiera sido además escandaloso que la Corte aceptar el per saltum sin dar intervención a la Procuración, que es lo que se prevé en estos casos. Hay quienes vaticinan un conflicto de poderes porque no descartan que la Corte finalmente falle en defensa de los trasladados. No hay muchos datos a la vista para arribar a esa conclusión. Pero no hay dudas de que el tribunal en lugar de guardar silencio antes de la Sesión del Senado, eligió consignar cinco renglones para dejar una advertencia para dejar un mensaje y marcar la cancha.
