En el período comprendido entre los meses de abril a julio realizamos, desde la Asociación Civil Artepolis, una experiencia de apoyo escolar virtual. Ante el escenario de pandemia, nos propusimos asistir de forma remota a familias que residen en el barrio Carlos Mugica (ex Villa 31) en la realización de las tareas escolares.

La dinámica se centró en un grupo de WhatsApp, integrado por familias y tutores, como medio de intercambio de tareas y apoyo. Además se realizaron comunicaciones bilaterales y se elaboraron criterios para las consultas y respuestas. A poco de caminar notamos los obstáculos que afectaban la dinámica:

● Las familias y las escuelas tienen dificultades para realizar intercambios pedagógicos de forma remota. Las/os pibes suelen responder que no tienen tareas para hacer.

● En cuanto a los dispositivos para el estudio, las familias tienen generalmente un sólo celular. Entonces el apoyo compite con otras actividades laborales y domésticas.

● En muchas ocasiones los celulares de los padres se quedan sin conexión o tienen datos insuficientes para recibir archivos. Esto lo verificamos por la no recepción de los mensajes de WhatsApp.

Este proyecto nos permitió observar que las familias de barrios populares enfrentan la pandemia con muy pocos recursos de comunicación lo que afecta los procesos de aprendizaje de les infantes y adolescentes. También observamos que la escasez de dispositivos resultó la punta del iceberg de una problemática que involucra el hacinamiento, los cortes frecuentes en los servicios de electricidad, la depresión infantil, la baja conectividad de internet, etc.

La experiencia territorial de Artepolis evidencia la necesidad de promover medidas urgentes que aseguren el derecho a la conectividad y revela la importancia del debate abierto por el DNU 690/2020 -que convierte a los servicios de telefonía celular y fija, televisión paga e internet en servicios públicos esenciales y estratégicos.

Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos exigen al gobierno nacional y los gobiernos provinciales garantizar el derecho a la educación y a la vida digna de toda la sociedad. En este sentido, la doctrina de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos demanda el diseño de estrategias que aseguren el acceso ciudadano y comunitario a dispositivos y a servicios de conexión y comunicación.

La democracia como experiencia social sustantiva exige que los procesos de modernización beneficien a las mayorías. Al respecto, la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, que postula el retorno de las/os pibes sin conectividad a las escuelas, es un paso de cangrejo en el distrito más rico de América Latina. En nuestra perspectiva, llegó la hora de debatir sobre el derecho humano a la conectividad y el acceso a servicios de comunicación de calidad con tarifas asequibles.

En ocasiones anteriores, la introducción de medidas regulatorias por parte del Estado han demostrado ser un camino idóneo para beneficiar al conjunto de la población y resolver los desbarajustes realizados por empresarios corruptos. La estatización de AYSA en 2006 y de las AFJP en 2008 son antecedentes institucionales que han mejorado la calidad de vida de nuestra sociedad y representan activos políticos para encarar el debate sobre los derechos que debemos conquistar.

* Politólogo, maestrando en políticas públicas