Las telefónicas podrán brindar televisión a partir del 1º de enero de 2018
Buscan que se acelere la convergencia
El Gobierno explicitará antes de fin de año que la competencia entre telcos y cableras no se demorará hasta 2019. Así busca incentivar inversiones en el sector de las comunicaciones. Fuerte disputa entre el Grupo Clarín y Telefónica para influir en la letra chica de la apertura.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, busca reducir la incertidumbre que existe en el sector.El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, busca reducir la incertidumbre que existe en el sector.El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, busca reducir la incertidumbre que existe en el sector.El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, busca reducir la incertidumbre que existe en el sector.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, busca reducir la incertidumbre que existe en el sector. 
(Imagen: DyN)

El gobierno introducirá en las próximas semanas nuevos cambios en la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones. El objetivo es precisar las reglas del juego para incentivar inversiones privadas de cara a la convergencia. Inicialmente, estaba previsto que la ley de comunicaciones convergentes que prometió el oficialismo cumpliera esa función, pero como ese texto debe ser aprobado por el Congreso y todavía ni siquiera hay un anteproyecto, se decidió acelerar los tiempos con una nueva regulación que será presentada como la reglamentación de diversos aspectos del decreto 267/15 que Macri firmó en diciembre para reformar la ley de medios audiovisuales. La principal novedad es que las telefónicas podrán ofrecer televisión a partir de 2018, quedando descartada la posibilidad de extender esa prohibición por un año más. Sin embargo, la promesa de apertura ha desatado una dura pulseada entre telcos y cableras para ver quien impone sus intereses en la letra chica. Otro punto todavía en disputa es la desregulación satelital. DirecTV presiona para que la autoricen a dar banda ancha, ya no de modo provisorio sino definitivo, mientras que Telefónica quiere brindar televisión satelital. Ambas posibilidades por ahora no parecieran tener luz del regulador.     
El decreto 267/15 estableció en su artículo 10 que las telefónicas podrán brindar servicios de radiodifusión a partir del 1 de enero de 2018, pero deja abierta la posibilidad para que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pueda demorar esa posibilidad por un año más. Esa incertidumbre respecto de cuál será la fecha efectiva de largada se terminará en breve cuando el gobierno explicite que no habrá prórroga. A su vez, las telefónicas aceptan que se les prohíba brindar televisión en las localidades pequeñas por un plazo de tiempo mayor, podrían ser cinco años, para no poner en riesgo la supervivencia de las pymes cableras, siempre que esa protección vaya de la mano de exigencias de inversión para las firmas.  
La Asociación Argentina de Televisión por Cable, dominada por el Grupo Clarín, venía insistiendo desde hace tiempo con la necesidad de posponer el ingreso de las telcos, incluso más allá de 2019. Del lado de las telcos, respondían que Clarín ponía a las pymes como excusa para defender sus propios intereses. Por lo tanto, Telefónica, el otro gran jugador en esta pelea, le expresó al gobierno que al menos ellos no tienen problemas en esperar más tiempo para competir en las pequeñas localidades, aunque remarcaron que ya no hay justificación para demorar esa competencia en las grandes ciudades. Los primeros borradores de la futura regulación aclaran en consecuencia que las telefónicas no podrán brindar televisión en localidades con menos de 70 mil habitantes donde operen pymes y cooperativas, pero en el resto del país no habrá limitantes a partir de 2018. Tampoco podrían ofrecer televisión satelital, al menos en una primera etapa. Lo que sí se estaba evaluando era que DirecTV pudiera ofrecer banda ancha satelital, pero no está claro que se vaya a levantar esa restricción, más allá de la autorización precaria y experimental que ya le dieron en septiembre. 
Las condiciones para el uso del espectro radioeléctrico es otro punto clave que forma parte de la pulseada. Una de las novedades es que se habilitaría el “refarming”, la reorganización de una banda de espectro para usos diferentes de los que inicialmente tenía asignados. El Grupo Clarín es uno de los principales impulsores de este cambio regulatorio porque le permitiría modificar la atribución de las frecuencias que adquirió recientemente en las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz para destinarlas a brindar servicios de valor agregado, como datos móviles, y comenzar a posicionarse de ese modo en el mercado de la telefonía celular. Telefónica no se opone al cambio de atribución, pero a fines de junio presentó una carta en el Enacom donde aseguró que las porciones del espectro que adquirió Clarín habían sido atribuidas originalmente a la prestación de servicio fijo de transmisión de datos. Por lo tanto, si el multimedios quiere usarlas para servicios móviles debería desembolsar un pago adicional acorde con la valorización que obtenga ese activo a partir de su nueva atribución. Hasta el momento, pareciera haber consenso en que Clarín deberá abonar algo por el cambio de atribución de sus frecuencias, pero la diferencia está en el precio.
Lo que resta definirse también son las condiciones de interconexión, el peaje que deben pagar las empresas para utilizar las redes de la competencia, tanto fijas como móviles, al momento de completar el tráfico de datos de sus clientes. Las telefónicas siempre han sido reacias a abrir sus redes. De hecho, la apertura del mercado de telecomunicaciones en el segmento de telefonía básica, que se impulsó en el año 2000, quedó abortada en los hechos luego de la devaluación de 2002 porque el regulador estableció que los precios de interconexión debían surgir de un acuerdo entre privados y los operadores dominantes les fijaron condiciones tan restrictivas a los entrantes que no hubo cambios significativos. El Grupo Clarín plantea ahora la necesidad de explicitar condiciones de interconexión en las redes móviles que promuevan el ingreso efectivo de un cuarto operador, ya que el consumo de datos se concentra cada vez más en los dispositivos móviles, pero las telefónicas afirman que no es el momento porque se está trabajando en un proyecto de ley para la convergencia. Estas diferencias solo pueden ser resueltas por el regulador porque está comprobado que hay cuestiones en las que las empresas privadas nunca terminan de ponerse de acuerdo. La competencia efectiva dependerá de las pautas de interconexión que fije el Estado, el cual en los últimos meses se ha poblado de funcionarios que hasta hace poco eran directivos de empresas a las que ahora regulan, lo que ha llevado a que esa disputa entre privados se reproduzca al interior del Estado como nunca antes. 
También está pendiente de resolución cómo se regulará a los Over The Top (OTT), aquellos operadores que hacen uso de redes ajenas para ofrecer contenidos, como la firma estadounidense Netflix. En este caso, pareciera haber consenso en que se les exigirá una inversión mínima en infraestructura, como son los servidores, y que abonen impuestos.  

fkrakowiak@pagina12.com.ar