El Tribunal Oral Federal 6 porteño, invocando “consideraciones eminentemente humanitarias”, resolvió otorgarle el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, quien cumple en la unidad penal de Campo de Mayo sus múltiples condenas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La medida no se concretará porque el ex jefe de investigaciones de la Policía bonaerense también fue condenado y está procesado por otros tribunales de La Plata y Lomas de Zamora, que rechazaron sus pedidos de acceder a ese beneficio. "El único lugar para los genocidas es la cárcel común", plantearon las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la APDH y otras organizaciones.

La resolución que generó amplio rechazo en el movimiento de derechos humanos lleva las firmas de Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, los mismos jueces que a fines de marzo habían rechazado el pedido de domiciliaria del represor en el marco de los reclamos generalizados que invocaron la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

La decisión se fundamentó en “consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa” a nivel constitucional, escribieron. “En los últimos meses ha sufrido un deterioro significativo en su integridad física”, advirtieron en referencia a los informes sobre el estado de salud del represor de 91 años realizados por orden de la Cámara Federal de Casación luego de que Etechecolatz  se recuperara de la covid-19 y volviera al penal de Campo de Mayo desde su lugar de internación.

Los jueces resolvieron que, en caso de concretarse el beneficio en el futuro, Etchecolatz debería ser incorporado al “Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica”, es decir con una tobillera, y no podría salir del lugar donde fije domicilio salvo para estudios médicos y con autorización del tribunal. Siempre en el marco de esa hipótesis, agregaron que se “requerirá al Poder Ejecutivo Nacional que adopte las medidas necesarias dentro de su competencia para preservar la integridad física del imputado, como de terceros, tanto en el domicilio que resida como durante los traslados que eventualmente deba realizar por razones de salud”.

“Queremos dejar sentado que somos absolutamente respetuosos de las posiciones de las víctimas y entendemos sus razones para oponerse a esta decisión”, remarcaron Namer, Costabel y Giménez Uriburu en referencia a la negativa de los querellantes a concederle el arresto domiciliario. Sin embargo, explicaron, “no podemos soslayar que el deber que tenemos como jueces de la causa --de valorar de manera imparcial la situación personal del imputado a la luz de los informes médicos actualizados y lo que sobre la temática establecen las normas jurídico-penales del derecho internacional e interno-- nos coloca en la obligación de resolver en el sentido que lo haremos y sin perjuicio de la antipatía social que pueda generar esta medida”.

El TOF-6 se pronunció en la causa por la que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en octubre de 2018, por secuestros, torturas, violaciones y homicidios en los centros clandestinos Puente12 o Protobanco, y la Comisaría 1ª de Monte Grande. En aquella oportunidad, el tribunal estaba integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero. La domiciliaria en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata deberá seguir esperando porque el ex policía también cumple condenas en cárcel común dictadas por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y está procesado en causas que instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

“En la resolución, el TOF-6 le da el beneficio en Mar del Plata, donde ya pasó otro verano en su casa con pileta”, recordó H.I.J.O.S. Capital al repudiar la medida en las redes sociales. “El único lugar para los genocidas es la cárcel común. Y el reclamo también es que digan dónde están los cuerpos de los y las desaparecidas, nuestros hermanos y hermanas apropiados y Jorge Julio López”, insistió la agrupación. "Que el genocida Etchecolatz se quede en su celda y desde ahí nos diga qué hicieron con Julio López, dónde están los cuerpos de los 30 mil y dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados”, agregó.

También Rubén López, hijo del albañil y militante que sobrevivió a la dictadura y desapareció en 2006 después de testimoniar contra Etchecolatz, criticó con dureza la resolución. “Da mucha bronca que le den la domiciliaria”, confesó en una entrevista con Futurock. “Hoy no va a salir, mañana tampoco, pero se le van acumulando las domiciliarias”, advirtió. “Etchecolatz sigue cometiendo crímenes al no contar dónde están los desaparecidos. Son unos caraduras los del tribunal que le dieron la domiciliaria”, dijo. Manifestó su certeza de que “Etchecolatz de mínimo algo sabe de la desaparición de mi viejo”. “No me voy a callar la boca: si hay domiciliaria va a haber escraches”, anticipó.

Más allá de las condenas que ya acumula, Etchecolatz deberá enfrentar un nuevo juicio a partir del 27 de octubre, según resolvió el miércoles último el TOF-1 de La Plata. Los jueces Ricardo Basílico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo unificaron los juicios por los crímenes en los centros clandestinos Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes con los que tuvieron lugar en la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno” durante la dictadura. En esta última causa compartirá el banquillo de los acusados con Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y con el policía Juan Miguel Wolk. En la de Banfield/ Quilmes habrá otros 18 acusados, que rendirán cuentas por delitos contra 427 personas.