El presidente Alberto Fernández ya ha dicho en muchas oportunidades que la estrategia central de su Gobierno es el impulso a la actividad productiva, con la consecuente creación de trabajo, en un marco de intensa promoción de la inclusión social. En este contexto el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional la recientemente aprobada Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación productiva. Esta Ley regula una amplia moratoria de obligaciones fiscales y previsionales para personas y empresas, probablemente la más amplia de la que se tenga memoria.

Una administración pública sana, dispone regímenes de excepción como el de esta moratoria, cuando se han producido hechos y circunstancias excepcionales, fuera del control de los agentes económicos, que obligan a demorar o suspender el pago de las obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, y ponen en peligro la misma existencia de innumerables unidades de la producción y el comercio. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina como consecuencia de las malas políticas del gobierno anterior, que ha distorsionado los precios relativos de la economía discriminando con un brutal ajuste de tarifas de los servicios públicos en contra de empresas y personas, sobre todo las de menor tamaño, y ha aplicado recetas recesivas, privilegiando lo financiero en detrimento de lo productivo.

La política económica implementada durante el período 2016-2019 tuvo un impacto directo en la baja de los niveles de la producción, el empleo y los salarios. Durante la gestión anterior, la economía sufrió cambios significativos: un incremento del tipo de cabio de más del 400 por ciento, la inflación acumulada fue cercana al 300 por ciento, en tres de los cuatro años de gestión la actividad económica estuvo en terreno recesivo produciendo una contracción del PBI per cápita del 7,8 por ciento.

Estas políticas llevadas adelante por el anterior Gobierno produjeron un visible desajuste en la economía de los contribuyentes, quienes no pudieron hacer frente a sus obligaciones fiscales y previsionales, llevándolos a endeudarse, teniendo como consecuencia la imposibilidad de afectar recursos a la producción, generación de trabajo e inversión.

Cuando asumió el nuevo gobierno, en los meses de enero y febrero se comenzaron a tomar nuevas medidas las cuales proyectaban un proceso de reactivación económica, pero se vieron frenadas por la pandemia, un hecho triste y sin precedentes de cual ningún país se encuentra a salvo.

En el convencimiento de que todo el mundo quiere tener sus cuentas en orden, es que hemos impulsado esta moratoria, que incluye obligaciones vencidas hasta el 31 de julio del 2020, con la posibilidad de adherir al mismo hasta el 31 de octubre. Es muy vasto el universo de contribuyentes alcanzados por este régimen. De hecho, podrán acogerse pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro, y demás personas humanas y jurídicas. La primera cuota tendrá vencimiento el 16 de diciembre de este año, y las siguientes el día 16 de cada mes.

Los plazos de financiamiento son muy prolongados y alcanza un máximo de 48 y 60 cuotas para obligaciones previsionales, y de 96 y 120 meses para obligaciones tributarias. La única condición es que el valor de la cuota no puede ser inferior a mil pesos. La tasa de interés del plan de pagos será del 2 por ciento mensual hasta mayo del año que viene, y luego podrá variar. Un dato muy importante es que quienes se hayan acogido a alguna moratoria anterior, podrán continuar con la misma si así lo desean, y, si no, podrán desestimarla y acogerse a la nueva. La adhesión a la moratoria es muy sencilla, basta con ingresar con clave fiscal a la página web www.afip.gob.ar.

Otro aspecto del mayor interés es que el régimen contempla la condonación total de multas y sanciones formales, no firmes ni abonadas, cometidas al 31 de julio. Esto, contra lo que algunos, sin fundamento, pueden llegar a observar, no tiene el propósito de favorecer a los que no han cumplido, sin beneficiar a los que sí lo han hecho, sino que tiene por principal objetivo salvar a un gran sector del entramado productivo y comercial que se encuentra en una situación económico financiera muy comprometida, terminal, y sin los que no hay país posible. Acá está más claro que nunca el pensamiento del Presidente, cuando sostiene que este país tiene una única salvación posible, aquella que incluye a todos los sectores.

Sabemos que esta moratoria va a aliviar a muchos. Estamos ante una gran oportunidad para los contribuyentes que poseen obligaciones fiscales y previsionales sin saldar, demostrando que hoy en día la Administración Federal de Ingresos Públicos está más cerca de la gente. Por eso afirmo que estamos frente a un gobierno que a través de sus políticas públicas ha demostrado la importancia de un Estado presente, estoy convencido que entre todos vamos a poner a la Argentina de pie.

*Director General de los Recursos de la Seguridad Social. AFIP.