Robert Noble, durante 14 años secretario general de Interpol y testigo clave en la causa del Memorándum con Irán, debería declarar este lunes ante la Justicia argentina. Pero no ocurrirá. La citación se complicó porque Interpol notificó a la Argentina que sus funcionarios y exfuncionarios tienen inmunidades varias y que no son un electrón libre, sino que siguen sujetos a la central mundial de policías. Tal vez lo más interesante es que Interpol sugiere que las preguntas que haga la Justicia argentina serán respondidas por la propia secretaría general, dándole un carácter institucional que le otorgará aún más fuerza a lo que sostengan. Lo mismo vale para el otro citado, Joel Sollier, ex responsable legal de Interpol. Lo único que cambiaría mucho las cosas es que la secretaría general conteste que Noble-Sollier se apartaron de la institución en su actuación en el caso AMIA, algo que parece muy difícil, o más bien imposible.

El testimonio de Noble es de máxima importancia porque el origen del expediente, una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, es que con el Memorándum se benefició a los sospechosos iraníes de haber participado en el atentado. Y el punto decisivo de ese beneficio era que -según Nisman- se intentó levantar las órdenes de captura con alertas rojas, que hacen virtualmente obligatoria la detención en cualquier aeropuerto. El 18 de enero de 2015, el mismo día que a la noche apareció el cuerpo del fiscal, Noble le dijo a Página/12 y al Wall Street Journal que la denuncia de Nisman era falsa y que ningún funcionario argentino intentó nunca que se levantaran las alertas rojas. Consciente de que Noble derrumbaba la acusación, el juez Claudio Bonadio, en alianza con la conducción de la comunidad judía, impidieron la declaración del exsecretario general y hasta subieron la apuesta acusando a Cristina Kirchner y al fallecido canciller Héctor Timerman, no sólo de encubrimiento, sino también de traición a la patria.

El caso está ahora en el Tribunal Oral Federal número 8, encabezado por María Gabriela López Iñiguez, acompañada por José Michilini y Daniel Obligado. Los magistrados decidieron adelantar el testimonio de Noble y Sollier porque ambos tienen edad de riesgo y la incertidumbre de la pandemia aconsejaba asegurar sus declaraciones. Por ello se convocó a Noble para este lunes 5 de octubre y a Sollier para dos semanas más tarde, el 19 de octubre.

La citación se convirtió en una serie de idas y vueltas que aún no tienen resolución definitiva. Interpol respondió a las convocatorias a Noble y Sollier, hechas a través de la oficina central ubicada en Lyon, diciendo que ambos tienen un rango similar al de los diplomáticos. Pero, además, la contestación deja flotando una cuestión política de importancia: Interpol quiere cuidar su perfil neutral, de manera que no permitirá que nadie se salga de ese encuadre. Se ve que en la secretaría general perciben que de por medio hay una delicada cuestión política y que las respuestas a la justicia argentina no pueden quedar en manos de individualidades, aunque se llamen Noble o Sollier. Si la secretaría general los autoriza a contestar, los textos serán revisados en Lyon.

El resumen de la situación, entonces, podría quedar así:

* Interpol dice que sus funcionarios tienen inmunidades equiparables a las de los diplomáticos.

* Por lo tanto tendrían atribuciones para que las preguntas se hagan por escrito y se contesten por escrito.

* La secretaría general dio a entender que revisará las respuestas o incluso que tal vez las respuestas sean firmadas por la conducción de Interpol. Es decir serían respuestas institucionales.

Con ese panorama a la vista, la titular del TOF 8, Gabriela López Iñiguez, le dio vista a las partes para formular el cuestionario. Ya contestaron prácticamente todos. Falta el fiscal, Marcelo Colombo, que pidió unos días más. El defensor de Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frías, ya había sugerido un cuestionario cuando pidió en su momento la declaración de Noble y Sollier. Todo indica que la semana que viene, el TOF 8 estará en condiciones de enviar el cuestionario y habrá que ver cómo vienen las contestaciones.

Este diario consultó con fuentes judiciales sobre el valor de esas respuestas, siendo que podrían ser de una institución, no de un testigo. Esas fuentes opinaron que la evaluación corresponderá a los jueces, pero que tendría mucha fuerza que la propia Interpol ponga por escrito cómo fueron los hechos.

En el trasfondo hay varias cuestiones en juego. En primer lugar, para Interpol, tanto Argentina como Irán son miembros de la central mundial de policías. Y se dio algo inhabitual. Sucede que Interpol suele ir detrás de narcotraficantes o personas que cometieron un delito, o sea que no hay un estado que defienda al perseguido. Por eso, no es común que lo que exista sea un conflicto entre dos de sus países miembros. Entonces lo que se buscó es mediar, adoptar una posición neutral, buscar una solución. Por eso auspició el Memorándum y lo elogió. En segundo lugar, Interpol quiere preservar a sus funcionarios. Noble es norteamericano, vive en Dubai, pero antes de ser titular de Interpol fue jefe del servicio secreto de Estados Unidos, uno de los cargos de mayor responsabilidad y confianza en el país del norte. Es insospechado de tener relaciones privilegiadas con Irán. Pero como en la central de policías saben que la causa en la Argentina está muy politizada, no quieren que quede expuesto, por ejemplo, al delirante planteo de dos familiares de las víctimas de la AMIA, aliados a una parte de la dirigencia de la comunidad judía, que sostiene que Noble también fue encubridor.

Si el escrito por la declaración de Noble y Sollier sale para Lyon, la central de Interpol, a fin de la semana próxima, habrá que ver cuánto se demora todo el proceso. Hay un antecedente: se le pidió a Interpol la documentación y la respuesta fue muy rápida. Entregó un largo informe en el que quedó claro que las autoridades argentinas nunca hicieron ninguna gestión para levantar las alertas rojas. Pero las declaraciones de Noble y Sollier parecen requerir más tiempo, aunque la esperanza es que estén antes de diciembre, cuando está previsto el juicio de una causa que sólo se explica por la persecusión política.