El gobierno de Mauricio Macri presentará hoy el proyecto de ley de juicio en ausencia con el que se pretende clausurar la acusación contra Irán por los atentados con la AMIA y la Embajada de Israel. El encargado de hacer la presentación en el Congreso será el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla. Tres organizaciones de familiares de las víctimas del atentado –Memoria Activa, Apemia y 18J– emitieron ayer documentos condenando la maniobra y señalaron que todo es parte de una misma jugada del gobierno: primero presionaron a los abogados para que no sean activos en el juicio por desvío de las pruebas en la investigación AMIA y ahora pretenden cerrar la historia con el juicio en ausencia. En el gobierno afirman que ya tienen el visto bueno de la AMIA, la DAIA, el Frente Renovador y parte del bloque del Frente para la Victoria.
Cimadevilla –nombrado hace más de un año y con muy poca actividad– llegará hoy al Congreso para explicar el proyecto de juicio en ausencia: detallará cómo va a ser el mecanismo y en qué otros países se aplica. Básicamente se trata de que el Estado designa a defensores oficiales para representar, en este caso, a los iraníes sospechados y se hace un juicio como si los imputados estuvieran presentes. En los pocos países en que está vigente rige una cláusula para que las eventuales condenas sean revisadas en un nuevo juicio si los imputados son luego detenidos o resuelven presentarse.
En la Argentina nunca se aplicó una legislación semejante. Ni siquiera cuando estaban prófugos algunos de los más notorios represores de la dictadura. Y buena parte de los juristas –Raúl Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier y muchos otros– sostienen que la norma es inconstitucional ya que la Carta Magna señala que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. En el derecho a la defensa en juicio está claro que entra el derecho a designar abogados y a estar presente para defenderse. También la Constitución establece que nadie puede ser juzgado si no es por una ley anterior a los hechos. En este caso se utilizaría una norma creada 23 años después del atentado contra la AMIA y 25 años después del ataque contra la Embajada de Israel. El argumento que van a utilizar para justificarlo es que se trata de una ley procesal, que no tiene que ver con las penas y que los imputados están prófugos, por lo cual ceden una parte de sus derechos de defensa.
En una declaración conjunta, dos agrupaciones de familiares de las víctimas, Apemia y 18J, denunciaron que “el gobierno promueve la impunidad en el caso AMIA”. Los familiares sostienen que –como anticipó PáginaI12– el Ministerio de Justicia intentó limitar a los abogados del Estado, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, que intervenían en el juicio por el encubrimiento del atentado, presionando a los letrados para que no tengan un papel activo contra los acusados: Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los jefes de la ex SIDE, el ex jefe policial Jorge El Fino Palacios, los fiscales, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, entre otros. También Apemia y 18J señalaron que como parte del plan de impunidad está el armado de la ley de juicio en ausencia. El comunicado firmado por Laura Ginsberg y Olga Degtiar concluye denunciando que “todas estas medidas apuntan a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado a la AMIA, de su comisión y su encubrimiento, y que el gobierno las adopta para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras, al mismo tiempo que satisface las presiones de la dirección de AMIA, DAIA y del Estado de Israel”.
Por su parte, la agrupación Memoria Activa diO a conocer una carta abierta al presidente Mauricio Macri. Memoria Activa evalúa como gravísima la presión sobre los abogados del Estado para que no sean activos contra los acusados en el juicio por encubrimiento y por lo tanto manifiestan su “preocupación e indignación por el hecho de que mediante estas maniobras obstructivas de la búsqueda de la verdad y la justicia se procure también afectar la imparcialidad de los jueces que intervienen en este caso”.
Memoria Activa también rechaza el llamado juicio en ausencia, sostiene que se está desoyendo a los familiares y a los juristas y concluye señalando que “el único objetivo de todas estas maniobras es claro: cerrar la causa AMIA de nuevo, inventando otra historia oficial”.
Todo indica que la coalición internacional de la que es parte el Gobierno necesita exhibir una condena contra Irán. Está el peligro de que esa sea la justificación de una agresión militar.
