“Mi pareja del momento y yo fuimos echadas de una plaza comercial porque dentro del elevador nos vieron por las cámaras que yo le di un beso bien rápido en los labios. En una plaza pública donde no había asientos casi me siento en sus piernas y el dueño de un negocio del área llamó a la policía. Un ginecólogo me acosó y me tocó de forma no profesional, después de saber que era lesbiana.”

La que narra episodios de lesbofobia es Marianela Carvajal Díaz, abogada, lesbiana y feminista afrocaribeña antiespecista. Son solo algunas situaciones de tantas que vivió en República Dominicana su país natal, donde 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia sexual diaria, es el tercer país con más femicidios de la región latinoamericana, donde las lesbianas no solo no tienen ningún derecho, sino que además son hostigadas y discriminadas al igual que gays y personas trans.

Un país donde el aborto es penado en todas sus formas, el Estado avala uniones civiles entre niñas violadas y sus agresores, las mujeres trans no reciben atención médica, son sistemáticamente violentadas por la policía y expulsadas de sus hogares desde su adolescencia e incluso niñez. En República Dominicana, además, el racismo, negado por la opinión pública, existe y se manifiesta en acoso callejero, especialmente, hacia las mujeres negras, así como también la prohibición de ingreso a restaurantes o centros comerciales a cualquier persona visiblemente afro.

Marianela actualmente se desempeña como consultora en temas de género, migración y diversidad sexual, trabajó en el desarrollo de políticas de justicia social y reproductiva en el Congreso e impulsó la visibilidad lésbica en políticas públicas. A sus 39 años posee además una amplia trayectoria en la problemática de la trata y el tráfico de personas en poblaciones vulneradas y atención a usuarios de drogas con vinculación a HIV y además integra diversos espacios LGBT desde donde brinda asesoramiento sobre salud sexual reproductiva y la promoción del aborto, que en República Dominicana está penado, incluso cuando se trata de una violación.

Según un estudio realizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana de República Dominica en el año 2017, el número de feminicidios y homicidios de mujeres aumentó 25,15% con respecto al año 2016. En 2018, los casos se redujeron de manera notoria un 21,05% con respecto al 2017, sin embargo, sigue siendo un número elevado en la región latinoamericana, que posiciona a este país entre los primeros cinco de la región con mayor tasa de feminicidios. Más allá de las estadísticas sobre violencia machista publicadas desde el Estado dominicano hay una gran cantidad de casos que no son contabilizados porque no llegan a la justicia, muchas mujeres no denuncian por miedo y por falta de confianza en los organismos del Estado donde existe un alto nivel de impunidad y burocracia, menos del 10% de los casos denunciados llegan a una condena.

“Aquí se habla de violencia de género y de feminicidios a nivel institucional. En el país estos crímenes son constantes, contamos con una ley del año 1997 que hace una definición sobre lo que es violencia contra la mujer, la reconoce y al sanciona, pero solamente en el ámbito íntimo, no reconoce violencia basada en género cuando es de la calle, o la ejerce una persona que no es pareja”, explica Marianela, lo que significa que muchos crímenes que pueden ser considerados femicidios quedan afuera de esas estadísticas.

En República Dominicana la violencia machista se encuentra tan naturalizada al punto tal que el coso callejero es una de las violencias diarias que enfrentan las mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, Marianela asegura: “La mujer se considera como una cosa que se usa cuando el hombre quiere. En esa dinámica de poder el acoso y la violencia sexual a las mujeres es algo normalizado y muchas veces las víctimas no quieren seguir el proceso judicial porque se sienten cuestionadas, de porque te dejaste violar, que hiciste tú, esa idea de que hiciste para provocar que te violaran.”

República Dominicana es uno de los cinco países de la región latinoamericana donde existe el matrimonio infantil forzado. El Estado avala este acto aberrante a través de la figura de emancipación que permite que una niña u adolescente pueda ser emancipada de sus padres para que pueda casarse con una persona mayor. Muchas niñas y adolescentes, sobre todo pobres, que han sufrido violencia sexual y han quedado embarazadas son obligadas a casarse con su violador. “Esto ocurre principalmente en zonas rurales, barrios de bajos recursos, pero también en familias que son ultraconservadoras y religiosas que antes de que se sepa que su niña fue violentada o se embarazó, sin importar la edad de la persona, prefieren maquillarlo en una relación con la persona. El organismo que sistematiza los datos que da salud pública y procuraduría de este país dice que por lo menos 1 de cada 10 dominicanas ha sido víctima de violencia sexual diaria.”

Según la encuesta ENHOGAR-MICS 2014, el 35.9 % de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12.3 % lo hizo antes de los 15 años. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe. “Lo que pueden hacer las familias es llevar preso al violador o hacerlo esposo y que críe a la criatura y mantenga a la hija. Las personas de muy escasos recursos prefieren no pasar por esa pena o vergüenza de la familia ‘porque mi niña fue violada’, las casan con su agresor muchas veces en contra de la misma niña. Tenemos unos 19 mil casos de 2004 a 2018 como estos y menos del 10% han sido judicializados porque la mayoría se concilian, una cuestión aberrante que es conciliar vergüenza sexual y eso es una práctica en nuestro país.”

¿Qué sucede con las denuncias de abuso sexual?

--De violencia sexual hay casi 3 mil casos que han quedado impunes a pesar de que la mujer igual hace la denuncia. Como en el caso de las niñas, pierden mucho tiempo y son muy maltratadas por el operador de justicia porque no tienen manejo y descuidan estos casos. Lo mismo sucede con los casos de trata y tráfico de mujeres, lo tipifican como estafa y ahí quedan las mujeres que han sido víctimas sistemáticas de violencia sexual y tortura, sin nada. La impunidad en materia de justicia sexual y reproductiva de las mujeres es una deuda muy grande. Las estadísticas son subregistros porque sabemos que hay más, pero a pesar de la deficiencia del sistema judicial en procesar e identificar esos casos tenemos estadísticas que las familias han querido que se sepan. Pedimos un código penal que sea más eficiente y que tipifique de mejor forma esos delitos y también se está pidiendo la eliminación de las figuras en el código penal y el código del menor que permita las uniones tempranas o el matrimonio infantil para garantizar que estos casos no queden escondidos en estas figuras.

¿Qué incidencia tienen los sectores religiosos en estos temas?

--La Iglesia católica y algunos sectores de la iglesia evangélica tienen un poder muy grande en el Congreso, tienen muchos recursos económicos y apoyo económico de líderes religiosos de Estados Unidos y España. Estos sectores niegan que haya violencia contra la mujer, dicen que no existe el feminicidio, ni la misoginia. Dicen que no hay persecución en la calle a las mujeres, cuando aquí el acoso callejero y la violencia sexual son terribles. Caminas y cualquier hombre se siente con el derecho de tocarte, como si nada, y se sienten con mayor poder si la mujer es racializada, si es blanca, o si se ve menos negra es distinto. Si tienen el pelo natural es peor, dicen es negra, es mía, puedo tocarle, hablarle, te tocan el pelo, te jalan, si estas en una fiesta se te acercan y muchas veces eso lo venden como ‘el hombre dominicano es muy erótico y sensual’ pero no es así, son acosadores.

¿Cómo es la situación frente al aborto?

El aborto está penalizado 100%. Ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro es posible. Se castiga a la mujer, a quien practicó el aborto y a quien supo y no dijo nada, es muy restringido. Hay muchas mujeres que llegan a los hospitales con abortos inconclusos con infecciones y en muy mala situación de salud. Se presume que 1102 por cada 100 mil nacidas son muertes maternas y la principal causa es de malas prácticas obstétricas, abortos inconclusos, trastornos de hipertensión, hemorragias, entre el 15 y el 13% de las muertes maternas son por abortos inconclusos que terminan en hemorragias.

¿De qué otras maneras se expresa el racismo en República Dominicana además de la violencia sexual hacia las mujeres negras?

Aquí el racismo es un tema tabú, en el subconsciente del dominicano creen que no hay racismo porque todos somos negros y que el problema es de clase y no racial, pero eso es mentira, ese es el discurso que se ha vendido desde el Estado y los medios de comunicación. Aquí se reconoce más la descendencia española que la africana, lo cual es absurdo porque este país es casi un 90% afro. Hay un conflicto con las políticas migratorias con Haití, dicen que todo aquel que habla de racismo en Dominicana, es porque quiere que se una con Haiti y que todos los haitianos vengan para acá, entonces eso es antipatriota. Hay un lio ahí que han hecho los nacionalistas que no se puede hablar más allá de la cuestión migratoria, pero sí hay expresiones y prejuicios racistas. Aquí por ejemplo hay lugares donde no te permiten entrar por ser negra o negro y de hecho no importa si te ves rico, hay diplomáticos y empresarios extranjeros que vienen aquí y le han denegado entrar a discotecas, plazas comerciales de la zona alta metropolitana y restaurantes por ser negros. También se puede hablar de un racismo estructural en cómo el gasto público o la asignación de presupuesto es racializado. Las zonas metropolitanas versus las zonas que son mayoritariamente pobladas por negros tienen menor presupuesto asignado principalmente para los temas de salud y los servicios son muy precarizados. La zona donde hay mayor cantidad de blancos los servicios son más o menos eficientes, hay mayor seguridad, la relación con las autoridades policiales es armoniosa. En cambio, en los barrios hay una persecución constante contra las personas porque se ven negras o se ven pobres, pero en las zonas donde hay mayor presencia de extranjeros blancos hay una relación de respeto, de ‘yo te cuido’.

¿Qué violencias atraviesan las personas de la comunidad LGTB?

Hay mucho prejuicio en la opinión pública que incita al odio, también hay mucha persecución policial y discriminación. Si querés alquilar un departamento y se dan cuenta, o te ves muy lésbica o muy homosexual, es difícil encontrar que alguien te alquile y si lo hacen te ponen muchas reglas que no le ponen al otro, como tapar las ventanas o no te acerques a los niños del condominio. Cosas absurdas y muy discriminatorias, no hay facilidades legales para unirte a tu pareja y que el sistema de salud la cubra, no te podés casar, no podés adoptar con tu pareja, también existen las mal llamadas violaciones correctivas a lesbianas y hombres trans. Los crímenes de odio principalmente contra mujeres trans menos del 3% han sido condenados, hay un alto nivel de impunidad en los casos de discriminación y violencia sexual contra personas LGBT y el abuso policial es terrible. Una encuesta que hizo una firma sobre las prácticas de policías y militares arrojo que el 40% de las personas trans han sido víctima de abuso policial, torturas y golpes. Las meten presas y las ponen a limpiar cárceles o las obligan a que le practiquen sexo oral a un preso o a otro policía. Si te identificas como homosexual o trans en una familia conservadora no les importa si tenés 12 o 13 años te echan a la calle, entonces muchas hacen trabajo sexual porque no tienen otra opción.

¿Cómo es la situación de las mujeres trans en pandemia?

Ahora ejercen el trabajo sexual de forma clandestina, lo que las expone a ser vulnerables a crímenes y de hecho, los primeros meses de la cuarentena muchas decían ‘si no me mata el covid me voy a morir de hambre’ entonces tuvieron que salir, hacer citas a través de internet y encontrarse con personas que al final las asesinaban y quedaban como crímenes sin investigar. Muchas han tenido que ejercer el trabajo sexual virtual, las que pueden y son clase media baja y otras físico, la cual están expuestas al covid, otras son HIV positivo y han perdido la vida, al menos yo he sabido de tres casos, chicas trans muy jóvenes. Los servicios de salud ahora están mucho más restringidos por todo el colapso que implica los casos de Covid-19 y eso ha hecho que se prioricen los perfiles. Las personas LGTB o el pobre no van a ser nunca prioritarias. Se filtraron muchos videos donde mostraban al 911 negándose a atender un caso, o botar un caso urgente de una ambulancia, era terrible y eran personas racializadas principalmente, porque las blancas o que se ven genotípicamente blanca tenían mejor atención.