El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y director de la Especialización y Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, Rodrigo Solá, advirtió que cualquier proyecto de reforma para bajar la edad de punibilidad es inconstitucional y va en contra del principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Lo hizo a propósito del dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación, para penalizar a niños, niños y adolescentes hoy no punibles.

En 2024 el Gobierno nacional presentó un proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 13 años. En mayo de este año hubo un dictamen de mayoría en Diputados para fijarla desde los 14 años y es la propuesta que será tratada en el recinto.

"Nuestra posición es que cualquier reforma en ese sentido es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad vigente en materia de derechos humanos y en Argentina rige la Convención de los Derechos del Niño, que plantea que no se puede retroceder en los derechos. Y todas las recomendaciones de los organismos internacionales, inclusive nacionales, como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, plantean que bajar la imputabilidad implica una regresión", dijo Solá a Salta/12.

"Nosotros creemos que es una respuesta demagógica porque también, si hablamos en términos reales, en Argentina el porcentaje (de niños, niñas y adolescentes) que participa de acciones delictivas es mínimo, alrededor del 2%. Y a su vez, de ese 2%, la mayor cantidad refiere a delitos menores. Entonces no es una problemática de gravedad que justifique una medida de este tipo", afirmó.

Además, "no existe ninguna prueba o estudio científico que acredite que la baja de la edad de imputabilidad impacte en la tasa de criminalidad". "Por el contrario, tanto en este caso como, por ejemplo, en el agravamiento de las penas, se comprobó que no genera mayor incidencia en los índices generales", explicó Solá.

"Y otra cuestión es que no es cierto que no haya una respuesta judicial cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal, sino que se activa una persecución penal incluso con menos garantías constitucionales que para un adulto y en muchos casos eso deriva en la efectiva privación de la libertad, aunque se le ponga un nombre diferente a una pena", sostuvo.

En este sentido, Solá señaló una problemática que viene siendo cuestionada en la provincia de Salta y se relaciona con la detención de chicos y chicas no punibles, menores de 16 años de edad, en Centros Penales Juveniles. Por este tema, la ex defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, presentó en 2022 un habeas corpus en el Juzgado de Minas contra el Ministerio de Seguridad de la provincia y pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley provincial 8097, que bajo la figura de "medidas de seguridad" habilita estas privaciones de libertad.

"En Salta nos encontramos con niños, niñas y adolescentes que están alojados en dispositivos que dependen del Servicio Penitenciario, incluidos menores no punibles, es decir de 14 o de 15 años, inclusive de 13 años, algo que está prohibido por la ley y que ya nuestro Comité y tambiénn organismos como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, venimos cuestionando seriamente desde hace varios años", expuso Solá.

Para el especialista, "hay que actuar desde una política preventiva y de fortalecimiento del sistema de protección de derechos con un Estado presente que atienda esta cuestión desde las políticas sociales, de acompañamiento y no de criminalización o del derecho penal". "Tiene que haber un régimen penal juvenil que se modifique y se adecue a los estándares internacionales en materia de niñez y que genere un sistema respetuoso de los derechos y garantía de los adolescentes", manifestó.