La Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con 35 votos a favor y 22 en contra, la iniciativa oficialista, que ahora deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura, habilitó la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hetáreas del sector de Costa Salguero, y concesiones con usos amplios y construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco. Mientras organizaciones sociales y ambientalistas convocaron a un 'tuitazo' en las redes sociales con el hashtag #NoVendanLaCostanera, y algunos manifestantes protestaban en la puerta del edificio, adentro del recinto los legisladores de la oposición efectuaron duras críticas a la ley que privatiza un área de la costanera.

En la sesión, que se llevó a cabo de forma mixta, con legisladores en el recinto y otros en modo virtual, la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, fue la encargada de abrir y cerrar el debate. En sus intervenciones, defendió la ley impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar las normas urbanísticas del Distrito Joven, dentro del cual están Costa Salguero y Punta Carrasco, así como también los dos convenios con desarrolladores inmobiliarios (Koolhaas S.A, y las firmas Arkinver y kilómetros S.A.) que rezonifican terrenos que ya fueron vendidos en Villa Crespo y Palermo, y que también fueron aprobados durante la asamblea.

Roldán Méndez sostuvo que el proyecto para Costa Salguero, sector 5 del Distrito Joven, implica "dar otro paso importante en la transformación de la Ciudad, revitalizar al Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental". Y agregó que "es un proyecto que viene a sanar errores de la historia de nuestra ciudad que llevaron a tener una Buenos Aires de espaldas al río".

En su segunda intervención, que cerró el debate, defendió el Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río "Parque Salguero", organizado por el Gobierno en conjunto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA a partir del cual, sostuvo, se planteó la normativa que se intenta aprobar. Y señaló que el proyecto lo que hace es recuperar "esas tierras que hoy no son de uso público porque fueron concesionadas por el expresidente Menem".

Entre la primera y la última intervención de la legisladora oficialista llovieron las críticas al gobierno local. 

El Frente de Todos dividió sus 20 minutos de intervención entre los legisladores Javier Andrade y Matías Barroetaveña. Andrade señaló la preocupación que generó el debate por la privatización de las tierras públicas de la costanera tanto en algunos medios como en las redes sociales y las organizaciones sociales. Y advirtió que el proyecto introduce la división parcelaria del sector Costa Salguero que en la ley vigente no esta permitida, lo que abre la puerta a futuros loteos en los otros cuatro sectores en que se divide el Distrito Joven.

En tanto, Barroetaveña remarcó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios”. Y recordó, en base al informe que elaboró con su equipo, que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad vendió alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle las 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”. Y agregó que en un contexto donde hay un creciente déficit habitacional en la Ciudad y faltan espacios verdes, con esas tierras se "podrían haber desarrollado viviendas para 161.000 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes en un 40 por ciento".

A su vez, la legisladora de Autonomía y Libertad Marta Martínez tildó de "fraude" a los proyectos presentados y sostuvo que "visibilizan un nivel más en la profundización de la impunidad del oficialismo en relación al negocio inmobiliario a espaldas de la población. Que sean las empresas constructoras las que presionan para la privatización, para las concesiones, es algo que se conoce con solo ver la trayectoria en contra del espacio público de los sucesivos gobiernos del PRO. Pero que se hagan convenios donde las empresas ceden parcelas o se hacen espacios públicos a cambio de modificaciones en las normas de construcción es una estafa completa a los derechos de la población de la Ciudad".

La legisladora remarcó que la Legislatura termina legitimando estos procesos al darles el marco de "un convenio y el barniz social de espacio verde y las recaudaciones de fondos para las necesidades surgidas de la pandemia", transformando esto en una "extorsión" a la ciudadanía.

El proyecto N°2094-J-2020, contra el que hay una petición publicada en la plataforma Change.org, que hasta la tarde del jueves juntó unas 8700 firmas para frenar el proyecto, fue igualmente criticado por la legisladora del FIT Alejandrina Barry. “La pandemia sacó a la luz problemas que ya existían y los amplificó. El hacinamiento, la falta de vivienda, la falta de servicios básicos como la provisión de agua y el tema de los espacios verdes. Pero como si esto no existiera y no fuera un problema urgente a resolver, estamos discutimos convenios que son puro negocio. Tres convenios en los que se instaura es un mecanismo en el que una constructora paga y las leyes se modifican a su favor”.

Barry sostuvo que la Legislatura, "conocida como la escribanía", es "un kiosco que vende leyes y normativas a favor de empresarios inmobiliarios" y, en el caso de Costa Salguero, para "construir un Puerto Madero II con el único objetivo de la especulación inmobiliaria". La legisladora remarcó además la política contradictoria de Cambiemos, al soster que mientras en el Congreso nacional "dicen que sólo se pueden discutir cuestiones relacionadas con la pandemia, aquí es puro negocio".

La norma que otorga capacidad constructiva para permitir levantar en el Sector 5 un conglomerado de diez edificios con alturas que irán hasta los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera, también fue rechazado por el legislador Sergio Abrevaya (GEN), quien sostuvo que darle normativa urbanística para construir propiedades en lugares exlcusivos, va en contra de todo lo que la Ciudad necesita, y lo que hace es empujar el valor de la tierra para que sea más inaccesible. Además, dijo que "modificar la ley de Distrito Joven y el Código Urbanístico y promover viviendas exclusivas va a obstaculizar" el acceso y la visión del río, a diferencia de lo que sostiene el bloque oficialista.

Por su parte, el legislador del FIT Gabriel Solano cargó contra el concurso de ideas que el Gobierno utiliza para validar el proyecto, al sostener que fue "hecho violando la ley" ya que se hizo en base a normas que no estaban votadas y que, en definitiva, son las que ahora se quieren aporbar. Y cruzó con dureza tanto al Gobierno porteño como a parte de la oposición que fue funcional a la administración de Rodríguez Larreta al acompañar varios de sus proyectos inmobiliarios. No obstante, su dardos principales fueron para el oficialismo, aunque dijo a todos los legisladores que "esta sesión posiblemente pase a la historia como la que entregó el acceso al río a un grupo de corporaciones inmobiliarias. Van a estar en el libro negro de la Ciudad de Buenos Aires", advirtió, "por haber hecho algo tan negativo como la entrega del Río de la Plata".