Hace algunas semanas el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, deslizó ante colegas y colaboradores que él tenía un proyecto para el alto tribunal que no pudo concretar. Quería derramar culpas sobre el resto de sus pares, pero no precisó de qué hablaba. Como tampoco puntualizó ante la Comisión Interpoderes a la que convocó el jueves último, tras cuatro años de parálisis coincidentes con la era macrista, cuál era su propuesta para activar los juicios de lesa humanidad y las 65 causas sobre esos crímenes aberrantes que están paralizadas en algún rincón cortesano sin ninguna respuesta para los familiares y víctimas. Sólo atinó a decir: “Armemos grupos de trabajo”. Esa reunión, a la que convocó en plena tensión con el Gobierno y tras un pedido de juicio político, fue calificada de “oportunista” no sólo por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos sino por algunos de los propios supremos, quienes utilizaron en su último encuentro términos más diplomáticos que significan lo mismo. Rosenkrantz es un hombre solo en una Corte donde las alianzas son solo transitorias y rara vez lo incluyen. Los demás le hicieron el juego de abrir el per saltum a favor de los jueces atrincherados en cargos en Comodoro Py, pero ahora nadie le revela su postura sobre la cuestión de fondo que falta resolver. Parece, sí, que existiera un sector que lo empuja a exhibir resultados que desnudan el doble estándar del tribunal: así como se apura para atender preocupaciones de la familia judicial, tardó más de cinco años en decidir --al fin la semana pasada-- que Jorge González Nieva estaba preso por un crimen que no cometió, cuando ya llevaba catorce detenido.
El único proyecto concreto que se le conoció a Rosenkrantz cuando asumió la presidencia en septiembre de 2018, tras desplazar a Ricardo Lorenzentti en una jugada maestra que protagonizó junto con Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, fue el de montar en el Palacio de Justicia un comedor y un gimnasio. Pronto, una acordada le quitaría el poder de tomar decisiones por su cuenta: casi para todo necesita tres firmas. De ahí su sobreactuación al convocar al acuerdo extraordinario, haciendo uso de una de sus pocas facultades unipersonales, en el que puso como tema central obligado el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en los cargos donde fueron nombrados por traslados del macrismo (revocados por el Senado y el Poder Ejecutivo). Hizo lo que esperaban la oposición política, la corporación judicial y los medios aliados, en especial el Grupo Clarín, que hicieron del tema una cruzada política. Otro acting, quizá fogoneado con discreción por algún otro supremo que lo subestima y juega a dejarlo expuesto, fue la convocatoria a la Interpoderes, que había sido impulsada en 2008 por su antecesor desbancado Lorenzetti cuando el avance de los juicios de lesa humanidad era considerado por la Corte una política de Estado.
La vara suprema
Para los organismos de derechos humanos y todos los actores vinculados al mundo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, es difícil creer que el hombre que pergeñó en 2017 el 2x1 a favor de los genocidas tenga alguna intención pujante de destrabar las causas de lesa humanidad que la propia Corte congeló en los años del gobierno de Cambiemos, incluso después de la condena social por aquella sentencia. Hay varios datos para leer el contexto de la convocatoria de Rosenkrantz, que se concretó el 1 de octubre: la tirantez con el Gobierno, que despotricó críticas ante la demostración del supremo de su intención de dar aval a los jueces BBC, el pedido de juicio político de la diputada Vanesa Siley precisamente por temas de lesa humanidad y las críticas a la Corte que ya habían planteado los organismos de derechos humanos al máximo tribunal cuando fueron invitados a una de las reuniones del consejo consultivo que trabaja en la reforma judicial, y que tiene en su temario el futuro de la Corte Suprema, asunto a lo que se dedicaría desde el sábado próximo, con invitación a los cortesanos. Cuando se conoció el pedido de remoción, Rosenkrantz difundió una nota donde se quejaba de que querían difamarlo con supuestas falsedades. Antes pidió apoyo al resto de los cortesanos, que se desentendieron. Alguno le dijo que ya cuando Lorenzetti sufrió embates de Elisa Carrió, el tribunal ni se metió. Es una verdad a medias, ya que en otro tiempo salieron en defensa del propio Lorenzetti y de Raúl Zaffaroni.
Ningún otro supremo estuvo tampoco con el presidente del tribunal el jueves último cuando se reunió parte de la Interpoderes. Incluso Highton, que había ofrecido su presencia, se bajó cuando leyó el panorama y comprendió que tampoco le convenía comprarse más frentes con el gobierno. No obstante, todos aceptaron firmar esta semana una sentencia relevante, con la que la Corte ofrece señales de que piensa en los derechos de la gente de a pie: por unanimidad absolvió a Jorge González Nieva, un taxista/remisero que había sido condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de una mujer tras una salidera bancaria. No había ni un elemento que vinculara al taxista con el hecho, excepto una foto suya guardada en una comisaría tras un entredicho que había tenido tiempo antes con un funcionario judicial de Morón y que fue utilizada para incriminarlo sólo porque así lo quisieron un grupo policías y funcionarios judiciales con poder de presionar a un testigo. La Corte dijo que se habían desconocido las garantías del debido proceso, defensa en juicio y presunción de inocencia. Invalidó la foto como prueba, que no había tenido cotejo en una rueda presencial.
Esa decisión hoy es vital para ese hombre al que le arruinaron buena parte de su vida después de haberlo paseado por 18 penales durante catorce años (un tercio de los cuales a la Corte le constan de manera directa), pero no remienda esa demora inexplicable que no aplica cuando son tres jueces que le caen bien al establishment y a la oposición política. El fallo de la Corte tiene una impronta similar al que absolvió en diciembre último a Cristina Vázquez (quien se suicidó en agosto pasado) y a Fernando Carrera en octubre de 2016. Todos casos que estuvieron añares sin sentencia firme, y en los que la Corte siguió esquivando definirse sobre el abuso de las prisiones preventivas y su prolongación en el tiempo.
Si de esquivar se trata, Rosenkrantz dio una clase magistral durante la reunión del jueves de la mermada Comisión Interpoderes. El presidente supremo -- cuya barba crecida y blanca despertó comentarios varios -- se vio obligado a responder a las críticas de Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le reclamó por la desactivación de la Comisión Interpoderes durante cuatro años y sus dudas de que la convocatoria pudiera ser usada para intereses ajenos a los juicios de lesa.
“El trámite interno del pedido es un poco engorroso", se excusó el presidente supremo. Quería, a tono con el discurso de la semana, presentarse como una víctima. "Desde hace un par de años, todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros”, dijo Rosenkrantz, buscando pasarle la pelota al resto de los supremos. En rigor de verdad, para convocar a la interpoderes no se emitió resolución alguna que hubiera requerido la firma de, al menos, otros dos ministros y tampoco la Corte se tomó su tiempo para relevar información sobre las causas de lesa que tiene amontonadas en el cuarto piso. Rosenkrantz terminó reconociendo que estaban desactualizados y habían tenido que recurrir a los datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Nada que lo ayudara a desterrar las acusaciones de oportunismo.
Jueces y coparticipación
Para los temas que se vienen en la Corte, no hay indicios de que vaya a cambiar la dinámica interna de las últimas semanas, marcada por la enemistad Rosenkrantz-Lorenzetti y los movimientos estratégicos del resto, que también contemplan que la presidencia suprema se renueva el año que viene. Lo que ocurrió con la apertura del per saltum fue una gran paradoja: volvió a funcionar el trío al que el macrismo bautizó “mayoría peronista” precisamente cuando firmaron la primera acordada (4/2018) que decía que el único mecanismo constitucional para nombrar jueces es que el Presidente de la Nación los designa en base a una terna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública. “Queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de una transformación o un traslado”, escribió el trío Lorenzetti-Maqueda-Rosatti cuando el macrismo quiso transformar tribunales ordinarios en federales para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. En 2018, Bruglia y Bertuzzi saltaron de un tribunal oral federal (que juzga casos y hechos) a una Cámara Federal que revisa lo que hacen los jueces/as de primera instancia. No parece lo mismo, pero para muchos es opinable. Castelli cambió de jurisdicción, de San Martín a Comodoro Py, algo que según otra acordada, la 7/2018, tampoco se podría hacer sin acuerdo del Senado.
Aunque la oposición política y un importante sector de la comunidad jurídica más corporativa insisten en leer esas acordadas a favor de los BBC y en decir que igual son decisiones administrativas, a los tres mosqueteros peronistas les será difícil apartarse de esa base, que en algún despacho (virtual) se repasa con preocupación con miras a una sentencia. Los casos en juego obligarían un poco más de precisiones. La acordada 4 tuvo la disidencia explícita de Rosenkrantz y Highton, flexibles a los nombramientos por traslado. El primero no parece querer cambiar de idea; de Highton no se sabe. El otro tema en juego es la ascendencia sobre la familia judicial y en particular sobre los jueces federales, con quienes Lorenzetti construyó una alianza duradera y a quienes Rosenkrantz parece interesado en hacerles algunos gestos explícitos.
Una clave de la futura sentencia que inquieta al oficialismo es si estará solo enfocada en estos casos o si tendrá una propuesta estructural más general, y que tal vez satisfaga a los distintos públicos. Es un misterio, como lo es cuándo saldrá el fallo, que no tiene por qué ser un día de acuerdo porque ahora los supremos se manejan mucho con la llamada “firma digital”. Hay quienes que para alimentar el enigma sugieren que entre este fallo y la medida cautelar pendiente del gobierno porteño por la coparticipación podría haber algún hilo conductor. Todo un verdadero acertijo.
