Antorchas, marchas, películas exhibidas en colegios y muestras plásticas de alumnos fueron las expresiones con las que ayer miles de personas –convocadas por los gremios Ctera y ATEN pero también por iniciativas particulares– rindieron homenaje al maestro Carlos Fuentealba, a diez años de su asesinato cuando fue alcanzado por un disparo durante la represión a la protesta docente en Neuquén. Por el hecho fue condenado el policía Darío Poblete, y el año pasado se cerró la causa Fuentealba II, en la que se investigaba la responsabilidad de jefes policiales, funcionarios y del ex gobernador Jorge Sobisch en el operativo que terminó con la vida del maestro el 4 de abril de 2007. Por eso, la familia del docente, acompañada por integrantes de ATEN, Ctera, el CELS y la Internacional de la Educación, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que el caso sea reabierto.
“Antes de cumplirse el primer aniversario del gobierno de Macri, amigo de Sobisch, se decidió que la causa Fuentealba II prescribiera por el vencimiento de plazos”, sintetizó la viuda de docente, Sandra Rodríguez, en una carta publicada por la revista La Garganta Poderosa. La mujer recordó a su ex marido como un hombre que “se hacía escuchar, tal como ocurrió en su última asamblea, cuando se votó ir a la manifestación en Arroyito. ‘Sobisch está buscando un muerto’, me dijo. Y sí, el muerto fue él”.
El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia avaló el sobreseimiento de los quince imputados y la extinción de la causa sobre las responsabilidades políticas detrás del crimen. Sobisch no quedó como imputado a pesar de que por aquellos días declaró: “Yo di la orden y me hago responsable”. Así, la causa Fuentealba II sentó sobre el banquillo a los que participaron del operativo de represión: Raúl Pascuarelli, Carlos David Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Bernabé Garrido. También Julio César Lincoleo, Aquiles González, Rubén Hernández, Pablo Oddone, Félix Torres, Cristian Vázquez Salinas, Luis Alberto Rodríguez y Oscar Antonio Lezama.
Para revertir ese fallo es que la familia de Fuentealba, los dos gremios docentes y dos organizaciones no gubernamentales acudirán a la Corte Suprema de Justicia, con un planteo que apunta a una “clara violación a los derechos humanos instalado a partir de un crimen institucional”. “El Estado debe investigar” y garantizar el “derecho a la verdad”, explicó el titular del sindicato docente neuquino ATEN, Marcelo Guagliardo.
Ayer, Carlos Fuentealba fue homenajeado en Neuquén con un acto en el memorial que lo recuerda, sobre la ruta nacional 22, en el paraje Arroyito, donde fue baleado por Poblete. Luego se realizó una marcha por esa ruta hasta la capital provincial, encabezada por Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, quien marchó junto a Guagliardo y dirigentes y delegaciones de las entidades de base de Ctera, junto a referentes de derechos humanos, sociales y sindicales. “A 10 años del asesinato de Carlos Fuentealba seguimos exigiendo Justicia Completa”, dijeron. En distintas provincias se proyectó la película realizada por Ctera 10 años sin Carlos, 10 años sin Justicia Completa. En tanto, en Capital hubo al atardecer una marcha de antorchas frente al Congreso.
La viuda de Fuentealba sostuvo que “a una década de su fusilamiento, seguimos batallando por los derechos que, consecutivamente, durante todos los gobiernos liberales, nos quisieron arrebatar: el acceso a la educación pública, la igualdad de oportunidades, el salario digno y el valor de la tarea docente. O sea, por lo mismo que lucharon Stella Maldonado, Isauro Arancibia y Carlos Fuentealba”.
