Una asociación ilícita paraestatal de la que se valió el gobierno de Mauricio Macri para investigar y perseguir a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Palabras más, palabras menos, así caracterizó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a la estructura que conformaban el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli, el periodista de Clarín Daniel Santoro y el exdirectivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti, entre otros. Después de una investigación de casi dos años y una causa con más de 66 cuerpos y más de 170 legajos, Ramos Padilla consideró que la investigación sobre estos acusados y otros siete imputados está lista para ser enviada a juicio oral, lo que inevitablemente abre preguntas sobre el futuro del fiscal Stornelli, la espada judicial más activa del macrismo.

En una resolución de 1125 páginas y con un detalle minucioso de más de 50 operaciones de inteligencia contra más de 80 personas distintas. Ramos Padilla amplió los procesamientos de D’Alessio, Pinamonti, Stornelli, Santoro, el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone y Rolando Barreiro, el compinche de D’Alessio. Según el juez, ellos junto con los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y otros tres acusados podrán ir a juicio a la brevedad. El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, había pedido que se aplazara la elevación hasta tanto la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara los procesamientos de Santoro y de Stornelli, algo que lleva largos meses de demora.

Según el juez de Dolores, si de algo no hay dudas es de que D’Alessio era un espía. “Uno especial”, apunta Ramos Padilla en su resolución y no descarta --pese a la negativa de la embajada estadounidense-- que haya tenido vínculo con agencias de los EE.UU. Si bien no tuvo una relación orgánica con la AFI, sí funcionó como un agente tercerizado al que le habían prometido incorporarse a la Agencia en un cargo directivo si cumplía con determinados objetivos. La ligazón de D’Alessio con la Agencia que dirigía Gustavo Arribas era el excomisario Bogoliuk, que dirigía la base Ezeiza de la exSIDE en lo que fue el Proyecto AMBA. Bogoliuk era su vínculo con un alto funcionario de la Agencia, Pablo Pinamonti, que no sólo fue asesor de Arribas, sino que también estuvo a cargo del espionaje en la provincia de Buenos Aires y luego ocupó un cargo de importancia dentro de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI.

Pinamonti era también un viejo conocido de Stornelli, como el fiscal reconoció en la indagatoria de diciembre último. El vínculo que unió a Stornelli con D’Alessio se forjó en 2018, el año de la causa de los cuadernos, aunque pudo haber existido desde antes. El propio Santoro dijo haberlos presentado. 

Siete casos y los aprietes

Stornelli ya estaba procesado por siete casos de espionaje --entre los que se contaban las operaciones contra Jorge Castañón, el exmarido de la actual pareja del fiscal-- y ahora el juez le sumó los aprietes en el marco de la causa cuadernos a Pablo Barreiro, el exsecretario de Fernández de Kirchner a través del cual buscaban aparentemente involucrar en el caso a la expresidenta.

Ramos Padilla ordenó retenerle los pasaportes a Stornelli y le fijó una caución en 10 millones de pesos. No escatimó tampoco críticas al procurador general interino, Eduardo Casal, por la prolongación por nueve meses del estado de rebeldía de Stornelli. El juez notificó de su fallo a Casal y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau. La Comisión Bicameral sobre el Ministerio Público, que está en manos del senador Martín Doñate, tiene previsto reunirse la semana próxima para analizar también el caso de Stornelli.

La estructura paraestatal

La clave de la resolución de Ramos Padilla está en la definición de paraestatal para la estructura en la que operaban D’Alessio y compañía. Según el juez, la organización, que funcionó entre 2016 y principios de 2019, tenía las siguientes características:

* Tuvo a su disposición recursos facilitados por las relaciones con funcionarios estatales y se valió de periodistas y medios de prensa para que sus operaciones fueran exitosas;

* Perseguía intereses estatales;

* Cumplían, a veces, requerimientos concretos y específicos formulados por funcionarios de la AFI o del Ministerio Público. En otras oportunidades, existían licencias para perseguir intereses personales;

* La mayoría de las actividades de inteligencia y espionaje ilegal que llevó adelante la organización estuvo vinculada a investigar personas ligadas al gobierno que cumplió funciones hasta fines de 2015;

* La organización recibía información clasificada por parte de la AFI y otras entidades estatales;

* Buscaba introducir información ilegalmente obtenida en el circuito judicial.

* Al momento del allanamiento en el country donde vivía, D'Alessio se jactó de sus vínculos con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con la AFI. En simultáneo, la entonces diputada Elisa Carrió tuiteó que Ramos Padilla estaba haciendo una "operación para ensuciar a Stornelli". La causa estaba en secreto de sumario por entonces, lo que dificultaba que personas que no fueran de ese entorno estuvieran al tanto.

Ramos Padilla está avanzando en la estructura jerárquica de la AFI. Semanas atrás indagó a Arribas, y a su número dos, Silvia Majdalani, por el espionaje en la provincia de Buenos Aires. Durante la semana próxima, deberá indagar a los jefes de las bases de la AFI en Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata. La investigación de Ramos Padilla fue clave para que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontrara y denunciara el espionaje que se desplegó desde Mar del Plata sobre los familiares del ARA San Juan.