“Las paredes se limpian, las pibas no vuelven” había publicado Alejandra Nahir Álvarez en sus redes sociales, cuando en Jujuy mientras enterraban a una mataban a otra. Así como suena el horror, en la provincia ya hubo 12 femicidios desde que comenzó el año. El viernes 9 de octubre, Alejandra, de 17 años, desapareció de su casa del barrio de Alto Comedero, allí vivía con su mamá, su papá y su pareja Rodrigo Villanueva. La familia de Alejandra había detectado escenas de violencia hacia su hija por parte de Rodrigo y por eso le habían pedido que se fuera. Ese mismo viernes, en varios puntos de la provincia, las organizaciones feministas salieron a la calle exigiendo al gobierno de Gerardo Morales medidas de prevención urgentes. Ese mismo viernes Villanueva interceptó a Alejandra en la calle, cerca de su casa, y la obligó a ir hasta una zona de rutas y colectoras a la altura del Suri Rugby Club donde la asesinó.

José Álvarez es el padre de Alejandra. Antes de que mataran a su hija estaba preocupado por la cantidad de femicidios que veía en la televisión, pero jamás pensó vivirlo en carne propia, una frase dolorosa que se escucha frecuentemente en las familias de las víctimas: “estoy totalmente quebrado y lo único que pido es que se haga justicia”, cuenta en comunicación con Las 12, y agrega: "Nadie del gobierno me llamó, no recibimos ninguna atención, pero de ellos no espero nada porque todo Jujuy sabe que no les importamos. Solo recibí ayuda de mis vecinos, organizaciones sociales y amigos del colegio de mi hija”.

Con la voz quebrada describe el calvario que vivió desde la desaparición de su hija y el maltrato institucional que recibió: “Cuando fui a hacer la denuncia de la desaparición de mi hija ya habían encontrado su cuerpo y no me dijeron nada, y además nunca me terminaron de tomar la denuncia, no firmé nada. Se burlaron de nosotros, ellos ya sabían que el cuerpo que estaba ahí era de mi hija porque coincidía con todas las características que yo había dado en la comisaría. Me enteré cuando fui a la morgue, nos tuvieron seis horas sin decirnos que era ella, para nosotros fue una tortura. La policía siempre protege a los de arriba, pero a nosotros nunca”.

Mientras la sociedad de Jujuy continuaba movilizada para exigir justicia y respuestas del Estado frente a la violencia machista, el mismo horror se vivía en otra de las provincias del Norte. El 18 de octubre en Tucumán fueron asesinadas dos niñas, ambas se llamaban Abigail. En lo que va del año, la cifra de femicidios en esa provincia ascendió a 16 y ya supera la cantidad de crímenes contabilizados el año pasado. Abigail Luna tenía dos años, la mató a golpes su padrastro, vivía en el Barrio San Cayetano al sur de la capital. Abigail Riquel de nueve años, fue violada y asesinada en el barrio Villa Muñecas, al noroeste de San Miguel de Tucumán.

Cuando ese 18 de octubre lxs xadres Abigail Riquel se dirigieron a la Comisaría 12 para denunciar la desaparición de su hija, la respuesta que recibieron fue que debían esperar 24 horas y que además no tenían móviles para salir a buscarla. No había patrulleros para buscar pero sí había policía para reprimir la marcha que realizaron vecinxs y familiares de la niña en reclamo de justicia, tras enterarse de que había sido asesinada.

Celia Debono, coordinadora de Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para el Acceso a los Derechos de las Mujeres), explica: “El protocolo que debe activarse en caso de desaparición no se aplica, la policía tiene la obligación de tomar inmediatamente las medidas pertinentes, la búsqueda, el cierre de fronteras. La política preventiva en Tucumán no existe”.

El sospechoso del femicidio de Abigail Riquel, José “Culón” Guaymás, estuvo 72 horas prófugo. Los vecinos lo encontraron antes que la policía y un grupo lo golpeó hasta matarlo. Pablo Riquel, atravesado por el dolor de la muerte de su hija, dijo una frase que rápidamente se viralizó y fue titular: “Pagó por lo que ha hecho, mi hija descansará en paz”. A partir de esta declaración, el diputado salteño Ignacio Jarsun, valiéndose de la sensibilidad que produce en la sociedad la violación y la muerte de una niña, expresó la necesidad de que exista la pena de muerte. La impotencia frente a la inacción del Estado pareciera explicar esta violencia puesta al servicio de la justicia por mano propia, pero perpetúa una pedagogía de la crueldad que está detrás del conteo permanente de femicidios. Ni siquiera el dolor frente a la pérdida de un ser querido habilita un linchamiento. En definitiva, la emoción violenta ha sido históricamente el atenuante para absolver a femicidas. La lucha contra la crueldad es constitutiva de los feminismos; las abuelas, las madres, familiares de desaparecidxs en dictadura dieron cuenta de que el camino es otro, que justicia es que no vuelva a pasar. No es matando femicidas, es con una transformación social donde el Estado tiene un rol fundamental promoviendo políticas públicas de prevención, formación en perspectiva de género y protección a las víctimas.

El Poder Judicial en todo el territorio del noroeste argentino está cortado con la misma tijera, con diferencias -a esta altura- pequeñas en el filo. El año pasado, en Santiago del Estero, tres jueces decidieron que María de los Ángeles Lescano debía cumplir una condena de trece años por defenderse y matar a su agresor, al que había denunciado reiteradas veces por violencia de género. Luego de esta sentencia, las organizaciones transfeministas de Santiago iniciaron una campaña de acompañamiento pidiendo su absolución, primera vez que la justicia santiagueña se vio observada por los feminismos. Finalmente lograron una nueva sentencia que absolvió a María, que había actuado en legítima defensa: “Ahora volvieron a atacar, desde el Ministerio Público Fiscal elevaron la causa para que se revocara la absolución. El Poder Judicial las persigue, tienen la política de agotar todas las instancias y siempre culpabilizar a las mujeres”, cuenta Gabriela Yauza, comunicadora e integrante del Colectivo Ni Una Menos Santiago del Estero.

En esa provincia donde la Justicia persigue a María Lescano, hubo cinco femicidios en lo que va del año, el último fue a finales de septiembre. Claudia Jiménez tenía 40 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja y tenía el botón antipánico. “Lo que nosotras vemos desde las organizaciones feministas es que lo que falta reforzar es la prevención. Cuando hay una denuncia de violencia, hay casos en los que no se toma la denuncia. La policía no da crédito a lo que denuncian las familias”, explica Gabriela.

La indiferencia y el mal accionar de parte de lxs funcionarixs del Estado cuando se trata de casos de violencia machista es el patrón común que se repite en todas las provincias del Norte del país. Jujuy y Tucumán hoy lideran la lista con mayor cantidad de femicidios de la región. Jujuy es territorio de desidia frente a esta problemática y la deficiencia está a la vista, la provincia cuenta con doce centros de atención a las víctimas, pero la mayoría se encuentran cerrados por falta de personal. Frente a esto, la opción es hacer la denuncia en una comisaría, que en la mayoría de los casos no se toma. A esto se suma la nula capacitación del personal policial en temas de violencia de género.

En Villa Muñecas, en Tucumán, el 19 de octubre más de 200 familias ocuparon el predio donde sucedió el crimen de Abigail Riquel: “Hacemos la toma porque mucha gente necesita una casa y para que este terreno no sea más un nido de delincuentes”, dijo María Bustos, una de las vecinas que estaban ocupando el terreno de 37 hectáreas. Una semana después, 600 uniformados del grupo CERO y de la Comisaría 12 realizaron el operativo de desalojo, en el predio que había estado desocupado desde hace más de treinta años. Sin embargo, cuando se denunció la desaparición de Abigail, sólo dos policías se encargaron de llevar a cabo su búsqueda.

Cuando una mujer denuncia en los juzgados especializados en violencia de género de Jujuy, en lugar de dictar las medidas de protección de manera espontánea, deben esperar a que se lleve a cabo una investigación. “El nuevo paradigma que cambió con la Ley 26.485 establece que cuando una mujer denuncia, primero se ordenan las medidas cautelares y después se investiga. Esto en los juzgados especializados debería ser la premisa: proteger y después investigar, pero los juzgados hacen al revés, primero investigan, después ordenan”, explica Mariana Vargas, abogada e integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Cuando Gerardo Morales asumió la gobernación de la provincia en 2015, realizó una modificación del Poder Judicial e incorporó seis juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género. De los seis juzgados que se crearon, sólo tres funcionan. En 2017, el Superior Tribunal de Justicia dio una sentencia en la que decidió que los juzgados especializados en violencia de género iban a atender violencias de todo tipo y dejaron de ser especializados. Mariana cuenta: “Las mujeres antes podían ir al juzgado especializado a hacer una denuncia sin tener que buscar un abogado o abogada. Desde diciembre de 2018 tienen que conseguir uno, y la mujer humilde que no tiene para pagar un abogado no puede denunciar”.

Tucumán parece ser un espejo de lo que sucede en Jujuy: no hay refugios, sólo un centro de asistencia a las víctimas cuando la vida de la mujer está en riesgo, que pertenece a la municipalidad capitalina, y por supuesto no es suficiente para toda la provincia. Además Debono cuenta: “La Justicia es demasiado lenta en estas situaciones. Cuando las mujeres hacen las denuncias, el tiempo en el que se toman las medidas es muy dilatorio en relación a la urgencia que necesitan. Está faltando mucho la perspectiva de género, la sensibilidad que tienen que tener los funcionarios de los tres poderes del Estado para coordinar medidas de acción de manera urgente. Los servicios están creados, hay una línea telefónica pero no funcionan para salvar las vidas de las mujeres”.

En Tucumán hay fiscalías especializadas pero con fiscales sin perspectiva de género. Las capacitaciones luego de la aprobación de la Ley Micaela en esa provincia, se suspendieron por la pandemia, Debono asegura: “Lo que principalmente falta son políticas preventivas y sobre todo redirigida a las niñas que viven situaciones de pobreza, como el caso de las dos niñas que murieron el 18 de octubre".

¿Qué sucede en el resto de las provincias del Norte argentino?

Salta sin presupuesto

El Registro Provincial de Femicidios de la Corte de Justicia de Salta registró 10 femicidios en lo que va del año. Esta provincia presenta algunos avances con respecto a Jujuy y Tucumán en materia de políticas públicas para enfrentar la violencia, tales como la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género aprobada en 2014, prorrogada a principios de este mes hasta 2022, y la creación de refugios que actualmente funcionan. Sin embargo, en los hechos demuestran que no funcionan efectivamente.

Tania Nieves Kiriaco, abogada e integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de la Procuración de Salta, explica que la falta de respuesta se debe al escaso presupuesto destinado para paliar la problemática de la violencia y asegura que desde el inicio de la pandemia no se implementó un protocolo especial para dar respuesta a los casos de violencia machista que fueron incrementándose. “Necesitamos una asistencia presencial, económica, acompañamiento psicológico y más refugios, no desde ese formato virtual sino un acompañamiento efectivo hacia las mujeres. Todavía no llegamos a noviembre y diciembre que, por la experiencia que tenemos en los registros, son los meses en los que se dan más casos de femicidios, y ya tenemos 10.”

El conservadurismo de Catamarca

“En primer lugar, hay que ubicar a Catamarca en el contexto de las provincias del NOA: conservadoras, patriarcales y profundamente religiosas, donde se reproduce la cultura de la violencia contra la mujer. Los casos de violencia que ocurren al interior de los hogares tienen la particularidad de tener un ensañamiento, un alto grado de crueldad y se han multiplicado exponencialmente durante la pandemia”, explica Gladys Nieto, que pertenece a la Red Catamarqueña de Autocuidado Feminista. La provincia superó el año pasado la media nacional en los niveles de pobreza: “El empobrecimiento es cada vez más grande y deja a las mujeres sin muchas opciones de una vida superadora. Con este marco, las situaciones de violencia se naturalizan, quedan en el interior de los hogares. Cuando la mujer decide denunciar, es porque ha sentido en peligro su vida o la de sus hijes”. Gladys describe lo que sucede en el departamento capital, en el resto de la provincia la situación es aún peor: no existen organismos judiciales, sólo comisarías que son atendidas en muchos casos por parientes y amigos de los violentos denunciados. En estos casos, las denuncias no se toman.

“Nuestra provincia tiene poblaciones en situación de vida natural, cómo hace décadas, sin ningún acceso a salud, educación y mucho menos a la Justicia. Les llamamos "Parajes" donde los abusos sexuales son naturalizados; en una familia donde hay 6 mujeres y el varón solo es el padre, ¿quién embaraza a las hijas? En cuanto a las fuerzas de seguridad, recién tuvieron el mes pasado la primera reunión con la comisión de género, creada recientemente. El objetivo es comenzar a trabajar al interior de la institución, con capacitación sobre la Ley Micaela, la elaboración de un protocolo, y tratar los casos graves de apremios por parte de los agentes."

La Rioja sin políticas públicas

Deolinda Torres tenía 31 años cuando su ex pareja la mató a golpes con una barreta. A raíz de este femicidio, en 2018 se creó el primer Juzgado de Instrucción de Violencia de Género en la provincia. Lamentablemente tuvieron que matar a Deolinda para que se creara un fuero especializado.

Marianela Flores Diaz es abogada querellante por el caso del femicidio de Karina Elizabeth Vayón, de 24 años, sucedido en 2018. “Karina nunca realizó ningún tipo de denuncia por violencia de género, eso no significa que no fue víctima de la violencia machista de su ex pareja durante el tiempo que duró esa relación. Que no haya realizado nunca una denuncia es un factor determinante de la necesidad de políticas públicas sobre prevención.”

Las provincias del norte están unidas por el hartazgo que producen las pocas respuestas del Estado, y por los mecanismos propios de un territorio donde combatir la matriz patriarcal se vuelve una tarea titánica. La mayoría de las organizaciones feministas de la región denuncian la desidia desde el momento en el que se presenta una denuncia por desaparición, la escasa presencia de refugios para víctimas de violencia, y la presencia de equipos interdisciplinarios hoy es una utopía. Frente a este hilvanado de factores comunes, las organizaciones viven cotidianamente observando un sistema judicial sin formación ni capacitaciones, donde se prescinde de la Ley Micaela. Mientras tanto, quienes duelan a sus seres queridos, observan cómo el aparato estatal comandado por funcionarios que habilitan linchamientos y ven pasar por el costado muertes evitables, consolidan con sus políticas la frase repetida y no por eso menos dolorosa, que existen vidas que no importan.