El fiscal general ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, pidió la imputación y la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur, en la causa donde se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan que se cobró la vida de 44 marinos, tras desaparecer el 15 de noviembre de 2017. Ocurrió en una audiencia en la que se discuten las apelaciones al fallo de la jueza Marta Yáñez que había procesado sólo a seis altos mandos de la Armada por estrago culposo agravado por el resultado de la muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes. El planteo de la fiscalía sorprendió positivamente a las querellas, ya que Bellver lo planteó como una adhesión a sus insistentes reclamos y se diferenció de este modo del fiscal de primera instancia, Lucas Colla, que no había apelado nada.

Las audiencias ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia comenzaron el jueves y terminarán este sábado. Fueron hasta ahora de diez horas una y de ocho la otra. Se celebran con dos de los jueces presentes --el presidente Javier Leal de Ibarra y su número dos, Aldo Suárez-- y algunas de las partes también. Otros participan por Zoom, incluida la jueza Hebe Corchuelo de Huberman. Las querellas que representan a las familias de los tripulantes fallecidos piden cambiar la calificación legal que usó la jueza Yañez y reemplazarla por homicidio agravado por el número con dolo eventual y que se dicten prisiones preventivas, pero además piden ampliar la lista de imputados. Las defensas de los marinos implicados (dos contraalmirantes, cuatro capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta), al revés, piden que se revoquen los procesamientos y cuestionan también la actuación de la jueza de Caleta Olivia.

Los abogados de las querellas, Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, hicieron exposiciones pormenorizadas sobre las condiciones en que se encontraba el submarino, los antecedentes de navegaciones problemáticas, las últimas llamadas prolongadas entre el 14 y el 15 de noviembre a la base en Mar del Plata que se prolongaron durante siete horas (indicador de la gravedad de lo que ocurría), las maniobras de encubrimiento después de la desaparición del submarino, hallado un año después en las profundidades de una zona cercana al golfo de San Jorge. 

“No fue una tormenta perfecta, los mandaron al muere”, dijo Carreras. La abogada subrayó el “ocultamiento de información” y como causa del hundimiento “una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó”. Acusó a las autoridades políticas de entonces de manipular pruebas. Un tema que estuvo presente también en la audiencia fue la confirmación de que el gobierno de Macri hizo tareas de espionaje puntillosas sobre los familiares de los submarinistas, seguían sus movimientos, anticipaban protestas y hasta los reclamos que llevarían a reuniones con funcionarios. Estos hechos están siendo investigado por el fiscal de Mar del Plata, Daniel Adler.

Al momento de exponer, el fiscal Bellver sostuvo la misma calificación de estrago que había establecido la jueza Yáñez, pero adhirió a las acusaciones y pedidos de indagatoria de Macri, Aguad y Srur, y de un grupo de oficiales.

En la misma resolución en que la jueza había procesado a seis marinos también desvinculó de manera expresa al ex presidente, el ex ministro de Defensa y el jefe la Armada. Sobre Macri, por ejemplo, dijo que aunque fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas su función no era “de naturaleza técnico militar”. Aunque “el aparato de defensa estuviera bajo su dependencia”, sostuvo, no significa que tuviera “funciones operativas”. Sobre Aguad dijo que sus competencias se limitaban a “la dirección, ordenamiento y coordinación de actividades”. Ni él ni Macri, dijo, conocían “los defectos de alistamiento, con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abuso de poder”. Sobre Srur dijo que no podía controlar las actividades de todos sus subordinados.

Una vez finalizadas las audiencias, la Cámara tiene un plazo de cinco días para resolver sobre las apelaciones y los pedidos de indagatoria que ahora tienen impulso de la fiscalía --algo sumamente relevante y que imprime un impulso clave a la causa--, pero todo indica que podría tomarse más tiempo. También hay pedidos de nuevos peritajes sobre el hallazgo del submarino.