Siguiendo los pasos del Gobierno nacional, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para impulsar y sostener la Economía Popular en la Ciudad. De esta forma, la iniciativa elaborada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que busca "promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados" para emprendimientos productivos y comerciales de la Economía Popular, se suma al proyecto que presentó en abril la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco. El proyecto oficialista propone la creación de un Registro de Unidades Productivas que posibilitará a quienes se inscriban participar de los procesos de compras públicas del Estado y el acceso a beneficios impositivos y a créditos a través de un programa de financiamiento que será lanzado por medio del Banco Ciudad.

En julio pasado, el Gobierno nacional abrió el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) para tratar de formalizar a un amplio sector de la población, integrado por aproximadamente 6 millones de personas, que llevan adelante emprendimientos productivos en la economía informal. En esa línea, y siguiendo un poco la de Velasco, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto en la Legislatura que apunta, según sus estimaciones, a integrar a “un universo de unas 500 mil personas” que participan en la Ciudad de la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus.

Los dos proyectos en danza fueron girados para ser debatidos en comisiones. El oficialista plantea la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social que permitirá a quienes se inscriban acceder a los beneficios que otorgan los instrumentos que crea la misma ley: exenciones impositivas, líneas de créditos y/o asistencia técnica, para lo cual la Unidad Productiva deberá encontrarse debidamente inscripta en el Registro.

El texto del proyecto define a la Unidad Productiva como "toda aquella unidad individual o colectiva que realice actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo".

A su vez, indica que las Unidades Productivas pueden estar integradas por personas inscriptas en el monotributo social, monotributo promovido o adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes hasta categoría D inclusive; personas jurídicas que revistan la categoría de cooperativa, mutual, asociación civil u otras formas asociativas que establezca la Autoridad de Aplicación, y se desempeñen en el ámbito de la Economías Popular y Social, y grupos asociativos.

La iniciativa también establece beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral a quienes están incluidos en el monotributo promovido. En ese caso, los ingresos que perciban las Unidades Productivas inscriptas en dicha categoría estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años a partir de que entre en vigencia la Ley.

Por otra parte, la ley crea un programa en el Banco de la Ciudad para el otorgamiento de líneas de crédito específicas para Unidades Productivas inscriptas en el Registro, con el objeto de fomentar su participación en las contrataciones con el sector público de la Ciudad. Para esto, establece un Fondo de Garantía, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por un monto máximo de 30.000.000 de pesos para el desarrollo de dichas líneas de crédito.

Además, autorizará al Ejecutivo local a constituir un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Popular y Social, con fondos públicos y privados que “tendrá por objeto dar soluciones de financiamiento a proyectos productivos estimulando e incentivando la participación público-privada”.

Por su parte, Velasco dijo que "esperamos poder discutir las distintas propuestas para llegar al recinto con la mejor ley posible, que es siempre la que surge del debate y el consenso. Los proyectos, si bien son similares, tienen algunas diferencias importantes. Nosotros hablamos de créditos a tasa cero y en el del Ejecutivo no se especifica. Además, hay que ver si el Fondo va a ser el mismo todos los años. Nosotros planteamos que sea un porcentaje de los Ingresos Brutos. También nos parece imprescindible que estos emprendimientos tengan prioridad en las compras y contrataciones por parte del Estado y que se constituya un Consejo Asesor con presencia de las organizaciones sociales, que permita dar seguimiento a la aplicación de la ley".

En tanto el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Federico Tonarelli, dijo a Página/12 que "el proyecto (oficialista) parece rumbeado correctamente, pero la decisión política se va a ver en si esas herramientas de financiamiento tienen presupuesto o no. Y por cómo está presentado parece más humo que otra cosa. Parece pensado más para el financiamiento micro cuando muchas cooperativas si algo no somos es microemprendimientos, tenemos un movimiento que mueve millones de pesos mensualmente y es parte de la cadena de producción de bienes y servicios, y eso requiere de políticas públicas de financiamiento acorde al volumen de las cooperativas".

Otras organizaciones, nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dijeron a este diario que están "analizando el proyecto" del gobierno y que van a "proponer los cambios que crean necesarios", aunque remarcaron que fue un proyecto "armado para el sector de la economía popular sin la economía popular".