"Yo no quería matarlo, solo quería respirar", sostuvo ayer Ángela Beatriz Saravia al permitírsele las últimas palabras antes del veredicto en el juicio al que se la sometió por haber matado a su marido, Luis López, cuando la estaba atacando. 

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio afirmaba que era culpable y pedía una condena de 9 años. La defensa ejercida por los abogados Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, alegaba que debía ser absuelta porque había actuado en legítima defensa. Las juezas María Livia Carabajal y Paola Marocco y el juez Francisco Mascarello la absolvieron por aplicación del principio "indubio pro reo".

Las organizaciones feministas, sociales y políticas se manifestaron en Ciudad Judicial desde las 9 y permanecieron hasta el mediodía, cuando se dictó la sentencia. Activistas y profesionales interpelaron al Poder Judicial y exigieron la aplicación de la Ley Micaela. Señalaron que es deber del Estado proteger a las víctimas y destinar los recursos necesarios para el acompañamiento y asistencia, como forma de evitar que terminen siendo criminalizadas.

"Quedó demostrado que ella padeció violencia de género más de dos años a manos de su agresor. Sufrió humillaciones y torturas. La absolución no es solo un acto de reparación para Bety sino para las miles de mujeres que viven la violencia en esta provincia", dijo Plaza luego de conocerse la sentencia. 

El abogado sostuvo que Saravia fue sometida también a la violencia institucional, ya que  el Estado no le brindó el acompañamiento necesario cuando hizo tres denuncias por violencia de género. Pero además porque "estuvo 6 meses privada de su libertad, en que se obstaculizó su derecho a la salud porque padece múltiples enfermedades que no pueden ser tratadas en un contexto de encierro, padeció eso, y la imposibilidad de tener contacto con su hija más chica de 5 años". "Se vulneraron los derechos de Bety y los de la niña", indicó. 

Los abogados defensores consiguieron que la mujer llegara con prisión domiciliaria a juicio y que tuviera asistencia por parte de una psicóloga del Polo Integral de las Mujeres, aunque recién desde diciembre del año pasado. "Para nosotros era una utopía conseguir una absolución en esta instancia. El convencimiento que teníamos acerca de la inocencia de Bety y cómo lo hemos podido demostrar en juicio. Las pruebas son las que condenan y absuelven, ha quedado en evidencia que las acusaciones fiscales no tenían sustento", afirmó Díaz Cueto ante Salta/12. 

En lo que duró el proceso judicial, las hijas de Saravia, que hoy tienen 6 y 17 años, y su hijo, de 18, no recibieron contención psicológica ni económica del Estado.

Para los defensores, "si Bety no se hubiera defendido, hubiera formado parte de las  estadísticas de femicidio de la provincia". Ambos señalaron la importancia de tener en cuenta el contexto de violencia de género en situaciones de legítima defensa. "Es una sentencia histórica porque es la primera en la provincia que seguramente va a contemplar el contexto de violencia de género", afirmó Plaza. Los fundamentos del fallo se conocerán recién dentro de cinco días hábiles. 

"Bety hoy recobra su libertad ambulatoria. Necesita acompañamiento psicológico y social por parte de los órganos del Estado que tienen que ponerse a disposición de ella. Es una mujer que necesita seguir criando y educando a sus hijas e hijo", sostuvo Díaz Cueto, quien instó a que el Estado destine los recursos necesarios para la asistencia a las víctimas de violencia de género. "El Polo de las mujeres atiende entre 400 y 500 mujeres víctimas de violencia de género por año y hay pocos (as) profesionales", detalló.

"Bety viene de una vida signada por la violencia, por la marginalidad, la pobreza y la vulnerabilidad. La formación de perspectiva de género en el Poder Judicial es fundamental. Ya se tiene que estar aplicando. Debe ser también material, no basta un cartón si van a seguir interviniendo de la manera en que lo vienen haciendo", añadió el abogado. 

La abogada Tania Kiriaco, quien redactó el amicus curiae que la Multisectorial de Mujeres de Salta presentó ante los jueces de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, señaló a Salta/12 la importancia del acompañamiento de las organizaciones feministas como la que representa. También la Fundación Volviendo a Casa y el Instituto Jurídico de Género, se presentaron. "Este fallo refleja la mirada de una justicia con perspectiva de género porque tuvo en cuenta el contexto de violencia de género", afirmó. Insistió en la importancia de la Ley Micaela para que se capaciten jueces y fiscales. 

Desde el Colectivo de Abogades Populares, que integran los defensores, Cecilia Jezieniecki, dijo que esperan que este fallo sirva para reparar a una víctima de violencia de género pero también para que se proyecten las políticas públicas estatales. "Se señaló en el juicio que la investigación fiscal nunca tuvo perspectiva de género, nunca se investigó la hipótesis de que Bety estaba siendo víctima de violencia", afirmó. 

"Queremos asumir el compromiso de visibilizar las causas y falencias del sistema que llevaron a Bety a esta situación para que no se repita", señaló Jezieniecki. Planteó la importancia de que se investigue si hay trasfondo de violencia de género cuando llegan causas similares a la justicia.

"Por fin se hizo justicia y se genera un precedente con esta causa en Salta, de que puede haber una justicia distinta y se pueden garantizar los derechos de las mujeres y de las disidencias", expresó por su parte la psicóloga y perito de parte, Valeria Novillo Vega.

Desde el Movimiento Evita, Marina Eguías, sostuvo que este caso es el de muchas mujeres. "Es una sobreviviente de la violencia de género. Nos manifestamos porque no tenemos garantías de parte de la justicia en Salta y del Estado. Vinimos a reflejar que se debe ver que Bety ha sido sistemáticamente violentada por su ex pareja y que no estuvo el Estado para garantizarle protección. Tenemos que cambiar la forma en que se juzga y condena porque si las mujeres no morimos en manos de un femicida, la justicia nos puede condenar a morir en la cárcel", afirmó.

También acompañaron familiares de víctimas de gatillo fácil. Mariel Gallardo, hermana de Cristian Gallardo, dijo que fue a brindar apoyo porque "la justicia no avanza ni por las causas de gatillo fácil ni por las mujeres y que cada vez son más las víctimas de violencia de género". 

Marta Garnica, de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dijo que se manifestaron porque se anoticiaron de las "negligencias" de la justicia en la causa y querían transmitirle a Saravia "apoyo, y que no está sola". "En Salta tenemos una sociedad machista y patriarcal. Necesitamos romper con esta conyuntura porque nos están matando y si no nos matan, nos condena el Estado", manifestó.

"Este trabajo se hizo mancomunadamente con un montón de compañeras abogadas. Esta sentencia es resultado de décadas de lucha de las mujeres que salen a la calle para reclamar por sus derechos y para erradicar la sociedad machista y patriarcal en la cual vivimos", afirmó Plaza.

Acompañaron también Las Rojas, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Frente de Organizaciones de Lucha.