El Juzgado en lo penal, contravencional y de faltas N°17 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el allanamiento del edificio conocido como el “Hotelito”, ubicado en el Barrio Mugica -ex villa 31- “con el fin de proceder al desalojo de todos sus ocupantes, y efectivizar la restitución” del predio en beneficio del Gobierno de la Ciudad. La fecha dispuesta por la jueza Carla Cavaliere es el 18 de noviembre, “desde que salga hasta que se ponga el sol”, tal como lo dispone el Código Procesal Penal porteño. “Sabemos que hay viviendas a las que podemos ir, pero nos ofrecen subsidios que son una miseria”, advirtió a Página/12 Rosalyn Purisaga, una de las mujeres que vive en el Hotelito desde agosto de este año. La defensora oficial apeló la decisión de la jueza, lo que deberá resolver la Cámara de Apelaciones de la Ciudad.
El Hotelito es un edificio de tres pisos, propiedad del Gobierno de la Ciudad, con departamentos destinados al alojamiento transitorio de las familias que forman parte de uno de los planes de mejoramiento de vivienda previsto para el barrio. Según relató Purisaga, cuando el 10 de agosto llegó allí para instalarse “los departamentos estaban vacíos y abandonados”. Su historia es tan compleja como la de las otras 10 familias que actualmente ocupan el lugar: “yo viví acá legalmente con mis hijos y mi mamá, mientras arreglaban su casa”, señaló la mujer, que en marzo del 2019 se tuvo que ir de lo de su madre porque un conjunto de personas entraron a la casa, la atacaron y le robaron sus pertenencias.
“Mi hijo se peleó con un chico en la escuela, y a partir de ahí no dejaron de hostigarlo. Yo me enfrenté con la familia del que lo agredió y un día nos vinieron a robar. Esa noche quedamos descalzos, en la calle, sin nada”, relató Purisaga. En ese entonces llegó a un refugio para mujeres en el barrio Rodrigo Bueno donde aguantó sólo dos días y se fue a Ciudadela, a vivir de prestado, de casa en casa. “Después mi hermana me prestó un lugar en Monte Grande, pero un mes más tarde se nos prendió fuego. Alquilé una habitación por tres meses, y después me volví a la villa, donde también alquilé. A mitad de año me di cuenta de que no me alcanzaba más, ya no podía pagar”, advirtió Purisaga, que es madre de seis hijos y actualmente está desempleada.
Este martes se cumplieron tres meses desde la llegada de las familias al Hotelito, donde se organizaron para recolectar alimentos y cocinar una olla popular todos los mediodías. “Un domingo sacamos la olla a la calle. Vinieron tantas personas que lo volvimos a hacer cada fin de semana. En el barrio la necesidad que hay es muy profunda”, relató la mujer, mientras mandaba a uno de sus hijos a devolver una bolsa de pan que no era para su casa sino para la olla comunitaria. Quienes llegaron al Hotelito son en su mayoría mujeres que tuvieron que abandonar sus casas por diferentes situaciones de violencia: “acá estamos seguras, los chicos juegan en el patio todos juntos, siempre alguna los puede cuidar; nos acompañamos”.
El 27 de octubre la jueza se reunió con las familias para conocer su situación. Según relató Purisaga, Cavaliere “dijo que iban a ayudarnos, que no quería el desalojo”, pero el escrito, con fecha del 5 de noviembre, es claro en que “la finalidad exclusiva de la medida requerida es la restitución del predio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Si bien la defensora oficial, Marina Salduna, recurrió a la Cámara de Apelaciones, la respuesta podría demorarse más allá del 18 de noviembre, cuando está previsto el allanamiento al Hotelito, y según precisó la letrada, el recurso no tiene efecto suspensivo sobre la decisión del Juzgado. En la causa, por la que están imputadas las vecinas y vecinos del Hotelito, “se encuentra configurado el peligro en la demora, dado que el inmueble cumple un fin social”, según escribió la jueza. Sin embargo, para los vecinos y vecinas el peligro es que “si nos desalojan nos quedamos en la calle”.
“Nos ofrecieron un subsidio de ocho mil pesos. Yo tengo 6 hijos. Con esa plata, ¿qué puedo alquilar?”, se preguntó Purisaga y advirtió: “sabemos que hay viviendas en el barrio, que están construyendo nuevas. Si es cuestión de administrar mejor que lo hagan”. Fuentes del Ministerio Público de la Defensa aseguraron que se está llevando a cabo una mesa de trabajo y que, de efectuarse el desalojo, “se trabajará con las herramientas de los distintos programas, que consisten en subsidios, posibilidad de traslado a hoteles, entre otras posibilidades”.
Si bien el desalojo tiene fecha, Cavalieri instó a las partes a buscar “una solución alternativa al conflicto”, y recomendó a la Secretaria de Integración Social y Urbana del Ministerio porteño de Desarrollo Social y Hábitat, flexibilizar alguno de los requisitos para el acceso al subsidio de emergencia habitacional, en el marco del programa de atención para familias en situación de calle, creado en 2006. Tras haber consultado al respecto, al cierre de esta nota las autoridades a cargo de la Secretaría no habían dado respuesta.
“La respuesta a un problema habitacional no puede ser una causa penal”, advirtió Carlos Platkoswki, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quien firmó el amicus curiae que este miércoles presentará ante el Juzgado N°17 un conjunto de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. “Estas mujeres, jefas de hogar, algunas solas, otras escapando de círculos de violencia de género, enfrentan la amenaza de desalojo, la única respuesta hasta el momento por parte del Gobierno local”, precisa el informe, que solicita que “se deje sin efecto el desalojo dispuesto en el presente expediente” y que se otorgue “absoluta prioridad al elemental derecho a la vivienda de las familias del Hotelito”.
“Esta lucha es por una vivienda digna”, sostuvo Purisaga y aclaró que “solamente pedimos que nos dejen quedarnos”.
Informe: Lorena Bermejo
