Familiares de Agustina Fernanda Nieto marcharon reclamando justicia, a dos años del femicidio. Las hermanas y los hermanos de la joven no pueden constituirse todavía en querellantes, ya que la única forma de hacerlo es consiguiendo la tutela del hijo de la joven, pero el trámite aún no fue resuelto en la Ciudad Judicial, y por este motivo tampoco han podido tramitar la ley Brisa para el pequeño.  

El único imputado en la causa es Joaquín Viñabal quien se encuentra con prisión domiciliaria. Sin embargo, familiares sostienen la hipótesis de que en el crimen puede haber implicado un policía vinculado al narcotráfico. La causa ya cambió tres veces de fiscal, el último es Ramiro Ramos Ossorio. 

De la marcha formaron parte familiares de otras víctimas de femicidio y también de falllecidos por casos de gatillo fácil, todas en búsqueda de justicia. Además acompañaron organizaciones de Deerechos Humanos y agrupaciones políticas.

El cuerpo de Nieto fue hallado el 10 de noviembre de 2018 en un aguantadero de la zona sudeste capitalina.

"Avances no hubo en la causa. Hay un solo imputado con prisión domiciliaria que sabemos no se cumple. Denunciamos eso pero no se pudo comprobar. La fiscala de ese momento, Sodero Calvet dijo que haría las actuaciones necesarias pero quedó en la nada. Algo que nos llama la atención es que el imputado cuenta con un abogado particular y que es una persona con escasos recursos para solventar los honorarios, eso nos lleva a sospechar que alguien se lo financia", manifestó Daniela Nieto, hermana de la víctima. 

El padre y la madre de Agustina fallecieron, por ende sus familiares más directos son sus hermanas y hermanos, y un hijo pequeño. "Una de mis hermanas está haciendo el trámite judicial para la tutela pero está en suspenso por la pandemia, no tuvimos respuesta, necesitamos el número de expediente para que ella pueda constituirse en querellante. No podemos presentar la querella porque tenemos ese trámite inconcluso", relató Daniela. 

La demora de este trámite ha impedido que el niño acceda a la ley Brisa y no ha recibido asistencia económica ni psicológica del Estado provincial, recién en octubre su tía pudo cobrar por él la AUH.

La joven sostuvo que vecinos y gente cercana, les dijeron que el femicidio de Agustina está vinculado a un tema relacionado con las drogas y que hay un policía implicado. "Por eso sostenemos la hipótesis de que alguien con medios económicos está pagando el abogado de Viñabal". expresó. 

La hermana dijo que el nuevo fiscal interviniente, Ramos Ossorio les tomó declaración. De la segunda fiscala que intervino en la causa, Sodero Calvet consideró que "nunca tuvo interés en resolver el caso" y que le "proporcionaron información de testigos que ella no encontraba" y que la hipótesis que mantiene la familia no fue tomada en cuenta. 

La joven dijo que Ramos Ossorio tomó declaración a una testigo que aportó información sobre la causa y se comprometió a investigar. 

La familia señaló irregularidades sobre los datos que dio el Cuerpo de Investigaciones Fiscales como fecha de deceso errónea; el cuerpo presentaba manchas negras de piel carbonizada y les dijeron que son  “quemaduras de sol”; tampoco se determinó si hubo violación porque plantearon que el cuerpo se descompuso rápido, pero supuestamente le indicaron que cuando lo encontraron no habían pasado ni 24 horas.

Las familias de Paola Tacacho, Paola Avila, Liliana Flores, Fabiana Arismendi, Agustina Guedilla reclamaron justicia por ellas y se solidarizaron con el pedido de familiares de Agustina Nieto. Señalaron la importancia de unirse en una lucha en común para cobrar más fuerza. 

"Además del dolor nos une el pedido de justicia. Así que estamos con familiares de Agustina Nieto, haciendo fuerza y pidiendo justicia, en nuestro caso por Paola Tacacho también", manifestó su prima Nilda Zerpa. 

La mujer señaló que denuncian la complidad de la familia del femicida Mauricio Parada Parejas en Tucumán. Dijo que descubrieron vínculos de sus familiares con el gobierno de esa provincia y que les llama la atención que las denuncias hechas por la víctima fueran archivadas. 

"Pedimos allanamiento al domicilio del femicida, que se secuestren su computadora y celulares. El hermano estaba al tanto de todo. Mi prima fue a ver a su familia pidiendo auxilio. En Tucumán hubo una marcha el lunes, hay 10 pedidos de juicio político para el juez Francisco Pisa", manifestó Zerpa. Añadió que no están de acuerdo con la renuncia del magistrado.

Natalia Bustos, prima de Fabiana Arismendi encontrada calcinada en Cerrillos también reclamó justicia. Denunció que su familia y testigos han recibido amenazas. "La división de homicidios que trabaja con el CIF estuvo amedrentando a los testigos que se presentaron a declarar, querían obligarlos a que digan que Fabiana se suicidó y que no fue un homicidio", expresó. "No hay ningún indicio de que ella se haya suicidado, seguimos sosteniendo que la mataron. Su exmarido pertenece a la fuerza policial y está siendo encubierto. Pedimos que se lo impute y a los que se tenga que imputar", sostuvo. 

Bustos también señaló que como familiares están realizando una "investigación privada" y planteó sus quejas ante la inacción de fiscales y policías a quienes el Estado les paga para hacer ese trabajo. 

"Hay un Estado que está ausente, sino no tendríamos que estar reclamando justicia. Creo que el gobernador Gustavo Sáenz debe tomar cartas en el asunto y exigir que se aceleren estas causas, hay muchas que están hace años esperando justicia", manifestó. 

La mamá de Agustina Guedilla, quien fue víctima de femicidio el año pasado y tenía 16 años, dijo que la causa "está avanzando" y se encuentran a la espera del juicio. Planteó que como familia no tienen recursos para pagar un abogado, por lo que dependerá del fiscal interviniente y reciben asesoría jurídica del programa de Asistencia a las Víctimas de la provincia. El único imputado, Walter Alejandro Espinoza, está detenido. La madre reclamó justicia por su hija y por todas las víctimas. 

La hermana de Paola Ávila, Victoria Ávila, contó que el femicidio de su hermana sigue impune y que los 8 detenidos que había en la causa fueron liberados. "Estamos a 10 meses de su muerte. Hay 8 implicados en su causa y están todos libres. La justicia dice que no coinciden los ADN encontrados con ellos. Exigimos justicia por Paola, por las víctimas de femicidio y por las víctimas de gatillo fácil", expresó. 

La mujer señaló que la fiscala encargada del caso, Ana Ines Salinas, hasta el momento no se ha comunicado con la familia. "Queremos justicia por los tres hijos de Paola, que la buscan, que la necesitan y por nosotros que también porque sentimos su ausencia", manifestó. Señaló que no han podido tramitar la ley Brisa porque les pidieron "la sentencia".

También estuvo en la marcha, Nancy Chaparro, madre de Liliana Flores, asesinada por su exmarido policía quien se suicidó después. La mujer expresó que en su caso hay un abandono del Estado y que sus nietos están bajo la guarda legal de la familia del femicida.