Se iniciaría si lo acepta la familia de Santiago, desaparecido y muerto en la represión a la Lof mapuche Cushamen

Caso Maldonado: el Estado argentino ofreció buscar una "solución amistosa" ante la CIDH

El Estado argentino respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el reclamo que la familia de Santiago Maldonado hizo ante ese organismo para establecer verdad y justicia con lo ocurrido con el joven que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, y apareció muerto en el mismo lugar el 17 de octubre. 

Al cumplirse tres años del último día en que el Brujo, como le decían sus compañeros, fue visto con vida, Página/12 informó que la CIDH solicitó al Estado argentino explique qué pasó con Santiago, paso previo a ser enjuiciado por su desaparición forzada. Así, antes del plazo la secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla respondió que propone a la familia una "solución amistosa", que a criterio del gobierno "resulta fundamental en un caso de gravedad institucional como tuvo el de Santiago Maldonado". Esta propuesta, sin embargo, sólo se concretará si los Maldonado están de acuerdo, y en ese caso serán ellos quienes pongan sobre la mesa sus peticiones.


"En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores", sintetizaron los Maldonado sobre la situación judicial del caso. Si bien la desaparición y muerte de Maldonado tuvo lugar durante la anterior administración, quienes actualmente integran el Estado deberán dar esa respuesta, para lo cual hay palmarias evidencias. Página/12 accedió a la respuesta enviada a Washington, sede de este organismo de la OEA, con la iniciativa que evitaría una eventual condena del Estado por la violación de los derechos humanos derivada de este caso de desaparición forzada de persona, tal como lo entendió la propia CIDH al hacerse eco de la denuncia presentada por la abogada de la familia, Verónica Heredia. 

Un proceso de solución amistosa es la posibilidad de resolver casos como éste, en la cual las partes, los peticionarios y el Estado, admiten una forma de reparación. Se inicia una negociación que puede concluir en un acuerdo o no. El gobierno pretende llegar a tal acuerdo con los Maldonado, en el cual el Estado reconoce su responsabilidad en el hecho y se compromete a adoptar una serie de medidas para la reparación integral del caso. Las características de los acuerdos varían según los casos, puede ser pecuniaria, la reapertura de una investigación, un acto público de pedido de disculpas, e incluso todas esas variables juntas. Mediante este tipo de acuerdos se han modificado leyes en Argentina, como el cambio del código de justicia militar y de la ley migratoria.

El Estado ofrece la posibilidad, pero ahora hay que esperar que la familia de Maldonado acepte o no. Hasta ahora según pudo averiguar este diario no habrían sido notificados ni respondieron. En caso de aceptar, tendrían la voz cantante en todo el proceso y le harían saber al Estado sus pretensiones. Sergio Maldonado y Verónica Heredia ya conformaron una comisión de expertos independiente para investigar la causa, precisamente porque nunca recibieron respaldo estatal. Un eventual acuerdo podría volver a poner el asunto en debate.

"La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la Provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la Provincia de Buenos Aires", habían dicho los Maldonado en su sitio web.

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