La igualdad de género es un derecho humano garantizado en un conjunto de normas internacionales, nacionales y también provinciales gracias a las luchas históricas de mujeres, disidencias y colectivos feministas que comenzaron a visibilizar las inequidades, las discriminaciones y las violencias por motivos de género.

En los útlimos años, y sobre todo después de aquella marcha con la consigna “ni una menos” hace cinco años, la demanda por la igualdad de géneros en la Argentina se ha vuelto transversal a los sectores sociales y políticos, e intergeneracional, con un fuerte impulso de las juventudes.

A lo largo de nuestra historia reciente, se han producido importantes avances legislativos y de políticas públicas de género y diversidad. Desde la eliminación de la incapacidad asignada a las mujeres, que garantizó la igualdad jurídica; pasando por la ley 13.100 impulsada por Evita en 1947, que permitió no solo la posibilidad de elegir sino tambien de ser elegidas; y la ley de Cupo Femenino en 1991, que estableció un piso mínimo del 30% de mujeres en las listas partidarias para los cargos legislativos nacionales; hasta la Ley de Paridad sancionada en 2017 e implementada por primera vez en las elecciones nacionales de 2019. Sin embargo, la paridad real sigue siendo una deuda pendiente en todos los niveles, fundamentalmente porque las listas son encabezadas por varones y es en ellos en quienes recae la decisión de poner a tal o cual candidatx.

Mi provincia, San Luis, siempre estuvo a la vanguardia en temas de género y diversidades, y ahora busca materializar esta impronta en una ley de paridad en los ámbitos de representación política colegiados a nivel provincial. Este proyecto de ley, unico en sus caracteristivcas en el país, busca innovar en medidas de acción positiva para equilibrar las desigualdades de hecho y subsanar los obstáculos que se presentaron en la implementación a nivel nacional con efectos contrarios al espíritu de la ley.

Por un lado, la iniciativa del Ejecutivo provincial que surge a partir de las competencias de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, fija una regla que establece para la Cámara de Diputadxs la alternancia en el orden de prelación por género en cada elección por departamento en relación a la anterior. Por otro, incorpora una cláusula transitoria para que, en 2021 y 2023, se fije en las renovaciones parciales de la Cámara de Diputadxs en los respectivos departamentos la obligatoriedad de que la totalidad de las listas sean encabezadas por mujeres, garantizando luego la alternancia por departamento del encabezamiento y respetando, en todos los casos, la ley de identidad de género.

Es deseable que una política de estado de estas características, que apunta a saldar desigualdades históricas, concite el consenso transversal de todos los sectores políticos. Con la aprobación de esta iniciativa, estaremos dando un paso imprescindible para dar lugar a un nuevo paradigma de igualdad entre las personas y para seguir construyendo una provincia más equitativa, más justa y más democrática.


María Eugenia Catalfamo es senadora Nacional del Frente de Todxs por San Luis.