"La gratuidad del trabajo de las mujeres es funcional para el capitalismo hace siglos" 

Perdón, ¿a qué llamás crisis de cuidados? Preguntaba Alberto Fernández a Sonia Tessa, periodista de este diario, apenas iniciada la pandemia.

Las feministas hablamos de crisis de cuidados como una más de las dimensiones del neoliberalismo, junto con la crisis ambiental, económica y política.

En su célebre texto “El capital y los cuidados”, la teórica Nancy Fraser la relaciona con ideas como pobreza de tiempo, equilibrio familia-trabajo y vaciamiento social.

Los cambios en la configuración de los hogares, el aumento de la precarización laboral sobre todo para las mujeres y la comunidad LGBT y los recortes en los sistemas públicos de salud y educación tienen como resultado una sobrecarga para quienes históricamente se han ocupado del trabajo doméstico y de cuidados. Hablamos de dobles o triples jornadas que encima carecen de reconocimiento. Cuando es no remunerado no se valora socialmente y cuando se realizan por un salario, suelen ser los peores pagos y más desprotegidos.

Desde la economía ortodoxa, la distribución sexista de estas tareas se justifica por un criterio de maximización de utilidad “familiar”. Así lo planteaba el premio Nobel de Economía, Gary Becker, a fines de los años ochenta. La unidad de análisis, el núcleo familiar heteronormado que supone un padre, una madre e hijes, se vería beneficiado por la especialización de cada quien en lo que “naturalmente” mejor le sale.

Desde la vereda de enfrente, las feministas por años y años luchamos contra cualquier criterio que pretenda naturalizar la división sexual del trabajo y asociar habilidades sociolaborales a características biológicas. Sabemos que la gratuidad y la desvalorización de los trabajos domésticos y de cuidados está en la base del capitalismo patriarcal que conocemos. La gran pregunta es ¿Qué podemos hacer para modificarlo?¿Qué puede hacer el Estado?

Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a un año de su creación, sostienen que la agenda de cuidados es una de sus máximas preocupaciones por el poder transformador que implica modificar el modo en el que resolvemos esa parte esencial de nuestras vidas.

En diálogo con LAS12, Elizabeth Gómez Alcorta (Ministra), Lucía Cirmi (Directora Nacional de políticas de cuidado) e Iris Pezzarini (Directora de Articulación Integral de políticas de cuidado) cuentan en qué consiste esa agenda. Se muestran satisfechas por los logros del primer año de gestión. “Lo primero que necesitábamos era que fuese parte del debate público”. Tres meses después de aquella pregunta, el Presidente Alberto Fernández se refirió al “aporte que realizan millones de mujeres con su trabajo doméstico y de cuidados no remunerado” ante la Asamblea General de la ONU. “Ese día sentimos que el primer objetivo lo habíamos logrado”, dice sonriente la ministra.

La semana pasada se anunció la conformación de una Comisión Redactora para un anteproyecto de ley que crearía un Sistema Nacional de Cuidados ¿En qué consiste el proyecto?

-Cuando llegamos al Ministerio entendíamos que teníamos una serie de políticas de cuidado que queríamos llevar adelante. Hoy lo pensamos como un proyecto que se basa en cuatro pilares que fueron creándose a lo largo del año. El primero en conformarse fue la Mesa Interministerial de Cuidados integrada por catorce organismos. Otro pilar es el mapeo federal financiado por la CEPAL que consiste en la georreferenciación de todos los espacios de cuidado, formales e informales, que existen a lo largo del país. Un tercer pilar es la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad” que incluye Parlamentos en cada provincia para debatir con organizaciones, instituciones, sindicatos y conocer las demandas y necesidades de cada territorio. Y la Comisión Redactora es el cuarto pilar.

¿El mapeo ya está en marcha?¿En qué consiste?

EGA: -Lo primero que hicimos para el mapeo fue capacitar a los equipos en sistemas de georreferenciamiento; la idea es poner en el mapa los cuidados. Y después empezar a conveniar con los distintos organismos para cruzar información. Espacios donde se brinda cuidado, espacios donde las personas se pueden formar en cuidados (eso con el Ministerio de Trabajo) y por otro lado el cruce de datos más estadísticos que nos muestra dónde puede haber demanda potencial de cuidados. Utilizamos información de la Encuesta Permanente de Hogares, también estamos cruzando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, en relación a los cuidados. Va a tener dos facetas, una de los organismos para que aporten sus datos y después ver dónde haría falta ampliar infraestructura. La idea es que sea también un servicio para el público general donde se pueda mirar todos esos lugares en función de su cercanía. Hemos avanzado bastante y estamos esperando probablemente a inicios de 2021 presentar estos avances.

Con todo este recorrido y ya con el mapeo avanzado, ¿dónde piensan que está el nudo a resolver para redistribuir las tareas de cuidado?

EGA: -Pequeña pregunta… ¡En el patriarcado te diría! (risas). Para poder pensar en redistribuir, teníamos que colocar el tema de cuidados en la agenda. Y eso fue una prioridad absoluta. Mientras no se hablara, mientras no se entendiera de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados, de la organización social de los cuidados, era muy difícil porque se necesitan una enorme cantidad de transformaciones: culturales, de infraestructura material e infraestructura social de los cuidados, reformas normativas. El abanico es muy grande, además obviamente lo pensamos en un doble sentido: redistribución por el lado de que no caiga centralmente en las familias y por ende en las mujeres, entonces una distribución entre familias, privados, mercado y Estado, y por otro lado una distribución en términos de género, para que cuando recae en las familias no recaiga centralmente o específicamente sobre las mujeres. Creo que la pandemia también fue una oportunidad para ponerlo en agenda. La pandemia hizo volar por los aires eso que se había naturalizado entre la tercerización, los colegios, el personal pago, las abuelas que cumplen ese rol tan importante. Desbarajustado todo eso, nuevamente se vio que recayó en las mujeres. Por eso hablamos de una crisis social de los cuidados.

En general se piensa en las niñeces o en las mujeres que cuidan al hablar de cuidados. Hay también en las puntas etarias situaciones complejas, adolescentes y adultos mayores. ¿Con qué se encontraron?

EGA: -Parte de lo que más me sorprendió cuando inauguramos la Mesa es lo que nos hacían saber les compañeres de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que es una población absolutamente invisibilizada y que, así como todes somos en algún momento cuidados, que tiene que ver con la interdependencia, que es fundamental ponerlo en valor, nunca habían sido convocados para pensar una política de forma integral y que efectivamente en algunos casos, la convivencia con una persona con discapacidad puede requerir un cuidado de por vida. ¿Cuál es el impacto que tiene para aquellos que cuidan a quienes sufren alguna discapacidad? Es una de las poblaciones a las que no se menciona. Se piensa en los nenes, los pibes, la escuela, la primera infancia… bueno, no, hay muchísimas otras poblaciones a las que atender y que carecen enormemente de servicios estatales. Tenemos un enorme déficit sobre todo en primera infancia de servicios estatales pero en otros, discapacidad o adultos mayores, es infinita.

LC: -Cuando empezó la pandemia, la foto que empezó a aparecer fue la de familia de clase media que tenía ciertos problemas. Nosotras trabajamos con una diversidad de problemas. Algunas tuvieron que dejar el trabajo para cuidar, otras trabajar y cuidar, otras estaban solas, otras en la ruralidad y nada de esto se modificó. Trabajamos para mostrar la desigualdad dentro del cuidado. Cómo vivieron estas circunstancias las trabajadoras de casas particulares, les niñeces. También cruzando con la agenda de diversidad del Ministerio. La agenda que se vio es muy heteronormada.

IP: -Si bien existían políticas de cuidados, la mayoría estaban focalizadas en las etapas de la vida en las que necesitamos recibir los cuidados. No se tenía la mirada puesta en la población que venía brindando esas tareas, por ejemplo. Si aparecía, era de un modo más individual, no tanto un pensamiento político integral como Estado Nacional. La Mesa tracciona a darle un sentido transversal a todas las políticas. Que dejen de estar tan fragmentadas.

Hablando de quienes realizan esas tareas, ¿de qué manera estarían incorporadas las problemáticas de las trabajadoras de casas particulares? ¿Serían parte del proyecto?

EGA: -No hay ninguna duda de que las trabajadoras de casas particulares son una de las destinatarias fundamentales vinculadas a las políticas de cuidado que estamos pensando. Cerca del 17 % de las mujeres trabaja en la Argentina, trabajan en el marco del régimen de casas particulares, y el 75 % lo hace en la informalidad. Tenemos un enorme problema que nosotras además lo entendemos en el marco de la injusta organización de las tareas de cuidados. Siempre decimos que las mujeres pobres cuidan a sus familias y a las familias de las demás. Y de todas las tareas, de todos los trabajos son las más desvalorizadas social, cultural y económicamente. Para nosotras es uno de los temas fundamentales que venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Hemos trabajado sobre todo en la pandemia. Generamos una campaña específicamente sobre esta situación, para que se les pueda pagar, porque parte de lo que alegaban los empleadores era que como no estaban bancarizadas, no podían pagarles los salarios. Y estamos pensando algunas políticas para la salida para la pospandemia, que implica algún incentivo para la regularización. Lo hemos hablado la semana pasada con Mercedes Marco del Pont (AFIP) y también con el Ministerio de Trabajo. Para nosotras es una población central, y digo en términos de nuestras políticas en general y de las políticas de cuidado en particular.

IP: -Agrego también la campaña que hicimos desde los primeros meses de la pandemia. Se llamaba Cuarentena con Derechos. La trabajamos con la Mesa Interministerial, con AFIP, con el Ministerio de Trabajo. Iba mostrando muchas respuestas a las diferentes consultas que nos llegaban, y estamos trabajando en estas posibles líneas más específicas dentro de la Comisión Redactora que se acaba de conformar. Seguro habrá una mesa específica para abordar el tema de trabajadoras de casas particulares.

Sobre el comité de redacción, ¿tienen pensando incorporar otros actores, actrices al comité?¿Por qué no hacer parte de la redacción a las organizaciones y los sindicatos con los que habrá también reuniones?

EGA: -La comisión es una comisión de expertos que crean un anteproyecto. Tienen que tener un número que haga factible su funcionamiento. Hicimos una evaluación muy minuciosa que nos llevó mucho tiempo desde que el Presidente dijo que le parecía bien la creación y hasta que sacamos la resolución. Es imposible para crear un texto de una ley tener una instancia asamblearia para la redacción de un anteproyecto, pero queríamos que fuera un proceso participativo y también con expertise. Va a tener la voz fundamental de los 14 organismos que integran la mesa interministerial.

LC: -Además todo este proceso se nutre con la campaña federal “Cuidar en Igualdad” y los Parlamentos de Cuidados, de donde tomamos cuáles son las prioridades en cada uno de los territorios. Por eso para nosotras es tan participativo. Realmente están las voces de todas. Van a poder plantear qué es lo que necesitan de esta ley.

Como Ministerio, ¿tuvieron discusiones sobre la posibilidad de discutir un salario feminista?

EGA: -No… no fue parte de las discusiones que nos dimos. Tampoco apareció desde las organizaciones sociales, académicas con las que tuvimos instancias de debate. También hay que pensar que el Ministerio no se construye de un día para el otro. No se crea por arte de magia el 10 de diciembre. Hoy tenemos una línea muy clara y podemos seguir pensando otras cosas para el año que viene, en función de cómo lo fuimos construyendo. En febrero, marzo, nuestra línea política estaba en construcción. Quizá puede ser que más adelante aparezca.

IP: -Tampoco apareció en el Consejo Asesor.

LC: -Nosotras pensamos que la redistribución de los cuidados es un tema estructural y muy profundo. Estás tocando la gratuidad del trabajo de las mujeres, que es algo funcional para el capitalismo desde hace siglos. No se cambia de un día para el otro. También es necesario construir cosas sólidas que se sostengan en el tiempo porque si no ya sabemos, el mundo de los cuidados es lo primero que se ajusta. Sostener un equilibrio entre reconocer y redistribuir, y por eso es importante que el anteproyecto trabaje sobre un Sistema, para que exista un piso de derechos para que las familias puedan elegir distintas formas de organizar el cuidado.

Uno de los programas novedosos del Ministerio es el Programa Acompañar, para personas que hayan sufrido situaciones de violencia por razones de género. ¿El programa ya está funcionando?¿Qué evaluación hacen?

Para nosotras es el principal programa del Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos dos años. Implica justamente una herramienta para pensar ese abordaje integral con ese cambio de paradigma que tenemos sobre las violencias, que es entender que para poder salir de las situaciones de violencia por motivos de género, cualquier persona requiere una enorme cantidad de recursos materiales y simbólicos. El Estado está obligado a hacer el aporte en los dos sentidos. Efectivamente hay que acompañar con un abordaje integral, pero necesariamente el Estado tiene que estar ahí al lado haciendo un aporte económico, para que tenga un nivel de autonomía económica que le permita tener un proyecto de vida autónomo para poder salir de una situación de violencia por motivos de género.

La inversión es muy grande porque estamos pensando en un salario mínimo vital y móvil por seis meses que es compatible con la AUH, la AUE, el monotributo social, el régimen de casas particulares. Lo que entendemos es que, obviamente, necesitamos trabajar de modo coordinado con los municipios y con las provincias. La jurisdicción con la que no hemos podido firmar, exclusivamente, fue la Ciudad de Buenos Aires.

El modo de acceso es muy sencillo y muy bueno. No se requiere denuncia judicial porque justamente es parte del cambio de paradigma que entendemos que es clave. Sólo se requiere que alguien de algún servicio social, de los dispositivos de género, pueda acreditar que esa persona se encuentra en esa situación. Eso implica también un compromiso de esa área en el acompañamiento, y entendemos que es clave en el mediano y largo plazo para prevenir femicidios y travesticidios.

Así como lo contábamos para las políticas de cuidado, para no caer en la lógica de que los cuidados se resuelven del modo que lo resuelven en las grandes urbes, y olvidarnos de una parte enorme de nuestro país, y de una parte enorme de formas de cuidado diversas, en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en distintos lugares de nuestro país, con las violencias también salimos a escuchar. Y lo que es un común denominador es la imposibilidad de salir de esa situación porque ¿quién sostiene a esos hijos?, ¿quién sostiene a esa mujer cuando se va de su casa? Hasta ahora lo único que ha hecho el Estado es decir andá a denunciar, cuando sabemos que el sistema judicial no responde, no tiene herramientas para responder. En el mejor de los casos puede excluir al agresor de la casa pero no acompaña, no asiste, no brinda asistencia a esa mujer para acompañarla en ese momento.

El programa Acompañar implica una inversión muy grande y es parte de un cambio de paradigma. Creo que era una de las mandas que teníamos desde el movimiento de mujeres históricamente.

Hablando de inversión, suelen destacar la agenda de cuidados como parte de un proyecto económico.

LC: -Pensamos que los cuidados son una inversión y que también motoriza. Generar empleo, ampliar infraestructura pública de cuidados motoriza empleo y de un sector estratégico que sabemos que en mediano plazo no se va a mecanizar y que a nivel mundial crece. Por otro lado, pensamos que hay un multiplicador de los cuidados. Cuando vos ponés plata en ese sector estás yendo a los deciles que más lo necesitan. Es un sector que no contamina, es un sector que no presiona sobre la restricción externa y ésos son temas importantes para la Argentina hoy. Y también que en la medida en que esto motoriza el consumo de los sectores populares e incluso en el mediano plazo, aporta a la recaudación. No hay que pensarlo en una cuenta deficitaria, sino en una inversión a mediano y largo plazo que no sólo reduce la desigualdad de género sino también la desigualdad social. Hay muchos estudios de impacto a nivel mundial que cambian según los países, y también hay muchas experiencias de distintos sistemas. Partimos de nuestra tradición de política social. Partimos de Evita y Perón, de las luchas sindicales, de la gran experiencia de la moratoria previsional, de la AUH, desde ahí queremos recuperar, ampliar y avanzar. Pero sabemos que puede tener un impacto muy positivo y por eso decimos que esto es hacer política económica feminista.

IP: -Agrego a lo que decía Lu. Se está marcando una nueva forma de hacer política pública. Ya en la mirada de cómo se fueron organizando los cuatro pilares, el diálogo entre los componentes territoriales, técnicos, las diferentes racionalidades que están en juego en este proceso, me parece que es una gestión de política pública muy marcada por una mirada feminista y una mirada feminista popular. Eso también interpela hacia adentro del Estado, sabemos sus orígenes impregnados de una mirada más patriarcal que hemos reproducido incluso quienes trabajamos en el mismo hacía tiempo. Pero estamos en un punto de inflexión.

La Encuesta de Uso del Tiempo es un insumo fundamental para conocer cómo se distribuyen las tareas de cuidado. ¿Qué diferencias encontraremos con la de 2013?¿Creen que habrá cambios respecto de lo que sucedía antes de la marea feminista en Argentina?

LC: -Por un lado, la Encuesta nueva va ser una encuesta entera y no un módulo como fue antes. Eso ya transforma la profundidad de los datos. Sobre los cambios… hay un círculo vicioso entre lo que espera la sociedad, lo que ocurre en los hogares y lo que pasa en el mercado de trabajo y que funciona en varios sentidos, reforzando estereotipos. Lo único que para nosotras puede romper ese círculo vicioso es la política pública. En este tiempo puede haber variado la carga horaria, pero las responsables últimas no cambiaron. Por eso hizo tanta mella esta campaña que circuló sobre los “ayudadores”. Puede haber “ayudas” pero no hay responsabilidad igualitaria. Por eso hablamos de corresponsabilidad. No sólo que se distribuya mejor entre mujeres y varones. Queremos que haya lugar en nuestra vida para los cuidados, que haya tiempo. Vivimos en una sociedad que nos propone todo el tiempo eliminarlo, reducirlo. Nosotras decimos que ese tiempo está conectado con la sostenibilidad de la vida. Esa es la fuerza transformadora que puede tener la política pública cuando está construida como construye el feminismo, desde abajo, entre muchas, cuestionando los lugares comunes.

¿Cómo está siendo el trabajo con organizaciones territoriales y feministas desde el Ministerio?

IP: -Lo que enfatizamos es que la Campaña, el proceso que estamos dando, no es una charla más, como un evento más de zoom. Es un proceso de debate. Y está habiendo mucha participación en cada una de las provincias. La verdad es que es un proceso muy rico. En los Parlamentos de Cuidado provinciales lo que buscamos es que los participantes sean representantes de distintos espacios que, previamente, debatan intra institución, organización, etcétera. En los Parlamentos compartimos un material que hemos elaborado para poder revisar cómo fue la organización de los cuidados desde la biografía más personal de cada uno, pasando por lo comunitario, lo político, lo sindical, hasta llegar a pensar en un proyecto de país, qué políticas de cuidado nos merecemos. Vamos a hacer un informe después de terminar el proceso de debate con cada región del país. Ahora estamos recorriendo las provincias de la Patagonia. El informe va a poder determinar cuáles son las vacancias en cada lugar. Va a ser la fotografía de cómo fueron resolviendo los cuidados en cada lugar, pero más fina, más detallada y con una mirada muy situada. Tenemos estipulado reuniones con la Mesa Interministerial, todo el Poder Legislativo, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones de niñez, organizaciones de personas mayores, organizaciones o instituciones de personas con discapacidad, el sector privado, la economía popular, todo el sector del cooperativismo. Esto es lo que planificamos a priori. También pueden llegarnos nuevas propuestas.

¿La ley sería para el 2022 o fines de 2021?

IP: -Hay que ver los tiempos entre la entrega del anteproyecto y lo que siga. Nos propusimos tenerlo listo en 8 meses.