Su muerte sigue impune y su comunidad tiene amenaza de desalojo 

Se cumplen tres años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel 

Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia.Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia.Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia.Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia.Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia.
Los padres de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia. 

A tres años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, por parte de un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, la investigación judicial sigue sorteando obstáculos hacia el demorado juicio oral y la comunidad Lafken Winkul Mapu permanece, como en aquel momento, en zozobra por otra orden de desalojo. Esta vez promovida no por Parques Nacionales, sino por el Obispado de San Isidro. 

En estos días el abogado del prefecto Francisco Javier Pintos, principal imputado por la muerte de Rafita, pidió que se suspenda el tercer peritaje sobre el proyectil que mató al joven mapuche el 25 de noviembre de 2017 en la incursión represiva con disparos de balas de plomo que hicieron los prefectos en el territorio que había sido brutalmente desalojado dos días antes, en Villa Mascardi. "El ejercicio del poder debería tener límites infranqueables que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana. En tres años se han transgredido todos los límites y cada vez más cobra fuerza que será solo en juridicciones internacionales donde encontraremos alguna respuesta", dijo a Página/12 Sebastián Feudal, abogado querellante en la causa.

"A la ejecucion extrajudicial por parte el estado de un ciudadano se le sucedieron una serie de actos jurídicos y políticos que agravaron la frustración y el dolor. La investigación ha sido torpe y manipulada, el poder político solo ha procurado justificar la barbarie que no cesa", agregó el abogado.

Feudal recordó que la pericia había empezado a principios de este año, pero se suspendió a mediados de marzo tras una acordada de la Corte Suprema que dispuso la restricción de actividades como parte de las medidas sanitarias por el avance del coronavirus. Feudal dijo que no tenían por ahora la fecha para reanudar la pericia, pero todo indica que será en el corto plazo, con la participación de los peritos de parte. Contó que ya se dio la orden judicial para que los expertos retomen las peritaciones de las armas. “Y estamos todos de acuerdo, menos la defensa de (Francisco Javier) Pintos”, sostuvo Feudal, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Esta medida fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de Roca para determinar de qué arma salió el proyectil que causó la muerte de Rafael, porque hay dos pericias que arribaron a conclusiones contradictorias. Los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe concluyeron en 2019, con la adhesión de la perito designada por la querella, que la bala calibre 9 milímetros que extrajeron del cuerpo de la víctima salió del subfusil MP5 asignado a Pintos. En cambio, peritos de Gendarmería establecieron que el proyectil no salió del arma de Pintos ni del subfusil MP5 del albatros Juan Ramón Obregón. Ambos integraban la patrulla de Albatros de Prefectura Naval que interceptó la tarde del 25 de noviembre de 2017 a un grupo de jóvenes mapuches, entre los que estaba Rafael, en Villa Mascardi.

El 14 de febrero los jueces subrogantes de la Cámara de Roca, Alejandro Cabral, Orlando Coscia y Marcelo Grosso dictaron la falta de mérito para Pintos porque no existían pruebas como para procesarlo ni sobreseerlo. Y ordenaron una nueva pericia balística que despeje las dudas. Feudal informó que la particularidad es que ahora se peritarán todos las armas que portaban los Albatros, porque los mapuche detenidos el día del homicidio --Lautaro González y Fausto Jones Huala, que bajaron a Nahuel herido de muerte a la ruta nacional 40-- no portaban armas de fuego, a pesar de que aparecieron restos de pólvora en esos jóvenes y en Rafita.

"Han negado la gravedad del caso rechazando la legitimidad de la APDH, han ordenado de oficio prueba a organismos dependientes del poder de turno que habían mostrado interés en ocultar la verdad. Casación ha confundido la Provincia de Neuquén con la de Río Negro, y peor aún, sabe que la muerte se produjo a más de 800 metros del predio desalojado previamente", describió Feudal en diálogo con este diario. "Otro tribunal aumentó el perjuicio al extremo de pensar que la comunidad había actuado con violencia por otros hechos de otros dias. Y finalmente se perdió la prueba clave. No puedo decir que no falta nada, pero tampoco puedo decir que falta porque seguro nos sorprenderán", expresó. Y recordó que se había extraviado la bala que mató a Nahuel, y que apareció poco antes del inicio de la pandemia.

Por su parte, Felisa Curamil, representante nacional del Parlamento Mapuche de la Zona Andina, repudió la “violencia judicial y del gobierno provincial, y afirmó que “Arabela Carreras es la reencarnación de Patricia Bullrich, lo que menos hace es generar diálogo y respetar los derechos constitucionales. La ley provincial 2287 establece la creación de una comisión de investigación de las ventas de tierras fraudulentas”. 

En la zona recrudecieron conflictos tanto en Mascardi como en El Foyel, e incluso el desalojo violento de tierras ya reconocidas como pertenecientes a los mapuche, como ocurrió con el Ejército desmontando un invernadero de la comunidad Millalonco-Ranquehue. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han participado en forma activa de la búsqueda de solución mediante el diálogo, pero han chocado con la inflexibilidad del Ejecutivo provincial que, como expresa Curamil, sigue alineado en la política represiva contra los pueblos originarios que tuvo la administración macrista.

Además de la tradicional marcha en Bariloche, habrá actividades en todo el país por memoria y justicia por Rafael Nahuel, entre ellas el conversatorio con el autor de Conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel, Eduardo Soares de la Gremial de abogados y abogadas, Diana Lenton del Conicet, Irma Caupan del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, entre otres. Será eñ 25 de noviembre a las 19 en una transmisión en vivo del Facebook del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, de la Facultad de Filosfía y Letras de la UBA.


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